Alcaraz Manuel Ricardo c/ANSeS s/REajustes Varios

Expediente

20266/2005

Tribunal

Sala N° 1

Fecha del fallo

26/04/2006

Juez firmante

Lilia M. Maffei de Borghi - Bernabé Chirinos - Roberto Díaz

Poder Judicial de la Nación AUTOS: "Alcaraz, Manuel Ricardo c/ANSeS s/Reajustes Varios" www.diarioprevisional.com.ar Expte. N?20.266/2005 J.F. de Corrientes C.F.S.S. - Sala I Sentencia Definitiva Buenos Aires, AUTOS Y VISTOS: I.- Llegan las presentes actuaciones a esta alzada, en virtud de los recursos de apelación interpuestos tanto por la demandada como por la actora contra la sentencia de fs. 71/73vta. que hizo lugar parcialmente a la demanda, declaró la inconstitucionalidad del art. 7 inc. 1 ap. b de la ley 24.463, ordenó a la ANSeS reajustar el haber del actor en un porcentual equivalente al 3,28% anual por el periodo comprendido entre el 2/8/94 y el 31/3/95 y de allí en adelante conf. lo dispuesto por el art. 7 inc. 2 de la ley 24.463 II.- El actor, jubilado en el marco de la ley 24.241, sostiene que luego de obtenida la prestación, no recibió aumento alguno, y al determinarsele su haber jubilatorio, los índices que se tomaron en cuentan estaban totalmente desactualizados por lo que no se condicen con la real modificación del salario, y depreciación de la moneda. Por ello solicita la redeterminación de su haber aplicándose los índices debidamente actualizados.Asimismo, manifiesta que aplicar las pautas del precedente "Chocobar" viola los arts. 14, 14 bis, 16 y 18 de la C. N., al igual que la ley 24.463 en cuanto dispone la derogación del art. 160 de la Ley 24.241 y delega la determinación de la movilidad a la Ley de Presupuesto de cada año.III.- La demandada por su parte reitera las defensas opuestas de los arts. 16 y 17 de la Ley 24.463 y reitera la oposición de la prescripción dispuesta en el art. 82 de la Ley 18.037. Finalmente se agravia de la concesión del reajuste solicitado en los términos del precedente "Chocobar".IV.- La ley 24.241 estableció que para la determinación de la prestación compensatoria los haberes percibidos debían ser actualizados conforme un índice salarial, de carácter oficial (art. 24 inc a), también aplicable a la P.A.P. (art. 30 inc b), lo que debía ser reglamentado por la ANSeS.ANSeS, en cumplimiento de tal cometido, por considerarlo el más apropiado al fin propuesto, seleccionó como índice a aplicar el de "...salarios básicos de la industria y la construcción -personal no calificado-"(Res. 140/95 conf. Res S.S.S. N? 413/94 concordante con Res. D.E.A. 63/94-). Sin embargo, por entender de aplicación www.diarioprevisional.com.ar "disposiciones de la ley 23.928 -no obstante que la ley 24.241 era de fecha posterior- la referida actualización solo se practica hasta marzo de 1991 (En igual sentido Dto.526/95).www.diarioprevisional.com.ar El restrictivo criterio impuesto por la normativa reglamentaria en cuestión, en cuanto dispone que la actualización de los haberes percibidos por quienes obtuvieron su prestación por el régimen de la ley 24.241 corresponde efectuarla solo hasta marzo de 1991, y ello por aplicación de la ley 23.928 (hoy texto según ley 25.561), resulta inadmisible, puesto que implica un claro exceso en la facultad reglamentaria por parte de la autoridad administrativa.En efecto, cuando la ley 24.241 dispone que los haberes a tener en cuenta para efectuar el cálculo que ordena, deberán ser "actualizados", ello se corresponde con un criterio que permite homogeneizar las sumas percibidas en los años a considerar para poder así obtener promedios que puedan corresponderse con criterios de proporcionalidad, sustitución y movilidad que hallan sustento en la doctrina judicial de nuestro más alto tribunal y en el art. 14 bis de la C.N.El tema ha sido objeto de exhaustivo análisis y tratamiento en el voto de la minoría en la causa "Chocobar" -hoy criterio mayoritario a partir de "Sánchez, María del Carmen c/ANSeS s/Reajustes Varios", (sent. del 17/5/2005)- considerandos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 38, 39 y 40 entre otros (Voto del Dr. Fayt punto 22) y nada puede agregarse sobre el punto.En suma, las disposiciones del art. 10 de la ley 23.928 y de la ley 25.561 -que en lo sustancial lo reproduce- no resultan de aplicación a las pautas que en materia de actualización salarial consignan los arts. 24, 30 inc. b y conc. de la ley 24.241. Por lo tanto el índice de salarios básicos de la industria y la construcción -personal no calificado-, seleccionado por ANSeS por considerarlo el más adecuado, debe aplicarse sin limitación temporal alguna para llevar a cabo la "actualización" de marras.Arribado a tal conclusión, el haber inicial del reclamante deberá ser recalculado aplicando la actualización de sus remuneraciones hasta la fecha de cese en base a los valores consignados en el índice señalado.V.- Corresponde adentrarse ahora al tratamiento de la movilidad del haber con posterioridad al logro de la prestación. El pronunciamiento de la Corte Suprema en la causa "Sánchez" obliga, por el énfasis y contundencia de sus afirmaciones, a rechazar "...toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar jubilaciones y pensiones móviles..." según el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y en consecuencia a ponderar los concretos efectos, sobre los www.diarioprevisional.com.ar "Poder Judicial de la Nación www.diarioprevisional.com.ar haberes del reclamante, de la aplicación de los arts.5? (modificatorio del art.32 de la Ley 24.241) y 7? punto 2 de la ley 24.463, en atención a los agravios que sobre el punto expresa la actora.A partir de la sanción de la ley 24.463, excepción hecha de reajustes por decreto de haberes mínimos, no fueron objeto de movilidad alguna las prestaciones previsionales. Esto es, durante más de diez años el Congreso de la Nación no ejerció la atribución-obligación de establecer por la ley de Presupuesto la movilidad de las prestaciones del sistema público nacional.La Corte Suprema, en la causa "Heitt Rupp" (H. 74 XXXIV) del 16/IX/99, reafirmó "...las atribuciones que cuenta el Congreso de la Nación para reglamentar el art. 14 bis de la Constitución Nacional y, en particular, para establecer el modo de hacer efectivo ese derecho a partir de la vigencia de la ley 24.463, que remite a la Ley de Presupuesto..." y en consecuencia rechazó el planteo de invalidez del art. 7 punto 2 en cuanto lo consideró "...basado en agravios conjeturales...".Sin embargo dicho tribunal, ya en el caso "Postiglione, Roberto Severio c/Poder Ejecutivo Nacional s/Amparos y Sumarísimos"del 18/12/2002, advirtió que a partir de las regulaciones dictadas a comienzos del año 2002 "...han variado dramáticamente por efecto de la devaluación operada" (en ese año) las condiciones de estabilidad de la diversas variables económicas, acelerando el envilecimiento de los sueldos, jubilaciones y pensiones, circunstancias estas que no ameritaron -excepto en las prestaciones mínimas- ningún reconocimiento de movilidad en los haberes.En efecto, según surge de los indicadores que elaboran los organismos oficiales, a partir de esa fecha las referidas variables registraron movimientos apreciables que se reflejan tanto en el índice general de las remuneraciones (ver INDEC , Indice de salarios. Base 4? trimestre 2001 igual 100. Nivel general - enero 2006= 161,06 ) como en el costo de vida (ver igual fuente base 1999 igual 100, enero 2006 = 172,12).Ello así, y ante la pasividad del legislador, habida cuenta que en palabras de la Corte Suprema "... la Constitución Nacional exige que las jubilaciones y pensiones sean móviles..." (Fallo "Sánchez", considerando 4?), es deber de los Magistrados, hasta tanto el Congreso de la Nación cumpla con el cometido autoimpuesto conforme la norma cuestionada y en consonancia con las previsiones del art. 14 bis de la Constitución Nacional, hacer operativa la referida cláusula constitucional.Con relación a la movilidad del haber de la prestación del actor, si bien con posterioridad a la fecha que adquirió el derecho a su otorgamiento, y hasta mediados del año 2003 el índice considerado apropiado por la ANSeS a efectos de la www.diarioprevisional.com.ar "actualización de haberes (ISBIC) -no cuestionado por el recurrente- no tuvo movilidad alguna, no ocurrió lo mismo desde mediados del año 2003.www.diarioprevisional.com.ar Es que a partir de esa fecha, comenzó a reflejarse en el referido índice el resultado de los nuevos convenios colectivos de trabajo actualizados luego de las importantes transformaciones de la realidad económica tras las reformas de los comienzos del año 2002. Es entonces que dicho índice, aparece como el más apropiado -en cuanto seleccionado por la ANSeS- para adecuar los haberes jubilatorios a la nueva realidad existente y como cumplimiento de la manda constitucional en materia de movilidad de las remuneraciones, habida cuenta que los haberes de los activos se han incrementado significativamente a partir de mediados del año 2003 sin que dichos aumentos se hayan visto reflejados en el haber del actor.Así las cosas, viólandose de tal modo la naturaleza sustitutiva que deben tener las prestaciones previsionales, a fin de corregir tal distorsión, y en tanto, se reitera, el Congreso de la Nación no asuma su competencia en la materia, los haberes del reclamante deberán ser objeto de reajustes semestrales, en los meses de enero y julio, desde el 1? de enero del año 2004, incrementándose en la misma proporción en que lo haga el índice que se individualiza (ISBIC -confeccionado en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-).Ello sin perjuicio de que los haberes así reajustados no deberán exceder las limitaciones consignadas en autos "Villanustre, Raúl Félix" (CSJN, V 30 XXII), circunstancia esta que estará a cargo de la ANSeS acreditar.En cuanto a las sumas retroactivas devengadas, las mismas deberán abonarse desde los dos años anteriores al reclamo administrativo, en cuanto las diferencias entre los haberes percibidos y los recalculados según las pautas precedentes, excedan el 15%, a partir de lo cual se considera que existe confiscatoriedad (cfr. CSJN in re "Cretari, Artemio Luciano y otros" del 21/12/04).VII.- Atento la forma en que se resuelve deviene abstracto expedirse sobre los restantes agravios de las partes.Por ello este tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada, de conformidad con las consideraciones precedentes.2) Hacer lugar a la excepción de prescripción de los créditos de fecha anterior a los dos años previos al reclamo administrativo (cfr. art. 82 Ley 18.037) 3) Ordenar a la ANSeS que, dentro del plazo de 90 días, realice las siguientes operaciones: a) Recalcular la prestación compensatoria en la forma prevista en www.diarioprevisional.com.ar "Poder Judicial de la Nación www.diarioprevisional.com.ar el art. 24 inc. a) de la Ley 24.241, para lo cual las remuneraciones deberán actualizarse hasta la fecha del cese, según la variación experimentada por el Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) -elaborado por el MTSS-.b) Así inicial, recalculado el haber la movilidad de la remuneración total resultante, deberá efectuarse semestralmente, en los meses de enero y julio, conforme la variación que experimente el ISBIC, a partir del 1? de enero del año 2004, incrementándose en la misma proporción en que lo haga el referido índice c) El nuevo haber recalculado deberá mantenerse dentro del limite establecido por la doctrina sentada por la CSJN in re "Villanustre, Raúl Félix" CSJN V.30.XXII, fallado el 17.12.91.4) Ordenar pagar en favor del reclamante los importes de las diferencias resultantes entre los haberes percibidos y los recalculados según las pautas precedentes, desde los dos años anteriores al reclamo administrativo, en lo que excedan del 15% (cfr. CSJN in re "Cretari, Artemio Luciano y otros" del 21/12/04).Las diferencias retroactivas adeudadas, devengarán intereses desde cada una fue debida y hasta su efectivo pago aplicándose la tasa pasiva mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. CSJN in re "Spitale, Josefa Elida c/ANSeS s/Impugnación de resolución administrativa"del 14/9/04, Fallos: 325:1185 "Aguilar", causa L.1555.XXXVIII, "Prawdiuk, Rosa c/ANSeS" sentencia del 11 de mayo de 2004, entre muchos otros).5) Costas por su orden (art. 21, Ley 24.463) LILIA M. MAFFEI DE BORGHI DIAZ BERNABE L. CHIRINOS ROBERTO www.diarioprevisional.com.ar "

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