Martínez Fernando Alfredo Luis c/ANSeS s/Reajustes Varios

Expediente

1065/2022

Tribunal

Sala N° 1

Tribunal inferior

Juzgado Seguridad Social N° 1

Fecha del fallo

27/04/2023

Juez firmante

Viviana P. Piñeiro - Victoria P. Pérez Tognola - Adriana C. Cammarata

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1 Expte nº: 1065/2022 LUB Autos: "MARTINEZ FERNANDO ALFREDO LUIS c/ ANSES www.diarioprevisional.com.ar s/REAJUSTES VARIOS" Sentencia Definitiva del Expte. Nº 1065/2022 Buenos Aires, AUTOS Y VISTOS: Llegan las actuaciones a conocimiento de la Sala en virtud de los recursos deducidos por ambas partes, contra la sentencia definitiva dictada en la presente causa. La demandada no expresó agravios en los términos de los arts. 259 y 265 del CPCCN, motivo por el que corresponde declarar desierto el remedio legal intentado.Surge de los antecedentes del caso que el beneficio previsional fue otorgado con fecha de adquisición del derecho 13 de marzo de 2004 y con fecha de alta del beneficio 1 de mayo de 2007, al amparo de la ley 24.241, cuerpo normativo a la luz del que deberán ser analizadas las quejas. Considerando, además, que los jueces no se hallan compelidos a seguir a las partes en todas las argumentaciones o razones aducidas, ponderando una por una y exhaustivamente, sino solo aquellas que guarden relación con lo decidido y que se consideren esenciales y decisivas para fundar sus conclusiones y llegar a la justa dilucidación del litigio. (Fallos 300:535, 302:253, entre muchos otros).Asimismo, de las constancias agregadas a la causa y del /RubHistoSitio/liquidaciones resulta que el titular de autos obtuvo su beneficio previsional bajo la modalidad de retiro programado.En cuanto a la actualización de las remuneraciones solicitada, se concretará un análisis de la cuestión a la luz de las normas aplicables, de conformidad con lo resuelto por este Tribunal en la causa "Varela, Carlos Alberto c/ANSES s/Reajustes Varios", expte 883/2021, del 19 de octubre de 2022.En este orden, es importante recordar que la Ley 26.425 (promulgada con fecha 4/12/2.008) dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un régimen previsional público y garantizó a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozaban a la fecha de la unificación (arts. 1 y 2°). Estableció que los servicios serían considerados, a los efectos de la liquidación, como si se hubieran prestado al régimen público y que los beneficios liquidados por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, a la fecha de su vigencia, bajo las modalidades de retiro programado o retiro fraccionario serían pagados por el régimen previsional público. A tal efecto, previó la transferencia de los recursos que integraban las cuentas de capitalización individual, en especie, a la Administración Nacional de la Seguridad Social (art. 7°).www.diarioprevisional.com.ar #36176919#365941383#20230425082547168"Por otro lado, en su art. 5° excluyó del traspaso a la órbita pública, a los beneficios del régimen de capitalización liquidados bajo modalidad de renta vitalicia previsional, los que continuarían abonándose a través de las correspondientes compañías de seguros de retiro.www.diarioprevisional.com.ar En este orden de cosas, toda vez que el recurrente es beneficiario de retiro definitivo por invalidez que la Administración Nacional de la Seguridad Social asumió como retiro programado y no se encuentra vinculado con una compañía de seguros de retiro a través de un contrato de renta vitalicia previsional, procede acceder a la actualización de las remuneraciones pretendida. En efecto, no existen en la actualidad obligaciones en vías de cumplimiento por parte de un tercero ajeno a la litis, circunstancia que, de configurarse, obstaculizaría la procedencia de la pretensión.Con relación al cuestionamiento relativo a la actualización de las remuneraciones a las que se refiere el art. 24, inciso a) y las mencionadas en el art. 97 de la Ley 24.241, y sus modificaciones; corresponde aplicar el índice de los salarios básicos de la industria y la construcción ? personal no calificado- (Res. 140/95 conf. Res. SSS n°413/94 concordante con Res. D.E.A 63/94), en las remuneraciones percibidas por el titular hasta la fecha de adquisición del beneficio (cfr. "Elliff, Alberto c/ Anses s/ Reajustes Varios", sentencia del 11 de agosto de 2009, CSJN).Con respecto al planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.426, cabe considerar que en nuestro ordenamiento jurídico no existe prohibición de aplicar las leyes en forma retroactiva, salvo que su dictado violente derechos amparados por garantías constitucionales.Así el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Agrega la norma que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario y que la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.Analizando los términos tanto de la ley 26.417 y su reglamentación (Res.S.S.N. nr. 06/09), como de la ley 27.426, se advierte que a la fecha de entrada en vigencia de esta última, ya habían transcurrido los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre de 2017, cuyos índices debían ser considerados a los fines del cálculo de la fórmula prevista por la primera de las leyes citadas -ley 26.417- para otorgar el incremento semestral a aplicar a los haberes previsionales devengados en el mes de marzo de 2018, por lo que fácilmente puede deducirse que la ley 27.426, al modificar tales índices y aplicarlos sobre meses y días ya transcurridos (julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y buena parte de diciembre de 2017), legisla retroactivamente en tanto que modifica índices correspondientes a períodos ya transcurridos.Sin embargo y de conformidad a lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, tal aplicación no afecta derechos amparados por garantías www.diarioprevisional.com.ar #36176919#365941383#20230425082547168"Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1 constitucionales, tal como el de propiedad sobre el que la parte actora formuló agravio.Que ello es así en tanto que el derecho del actor ?como el de todo beneficiario previsional- a ver incrementado el haber con tales índices, hubiese quedado incorporado a su patrimonio recién en el corriente mes de marzo de 2018, fecha ésta en la que la ley 27.426 ya se www.diarioprevisional.com.ar encuentra vigente, en tanto que el derecho a la movilidad con los índices de los transcurridos meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, recién se hubiese determinado, otorgado y abonado con los haberes del mes de marzo de 2018 y no antes, circunstancia que impide coincidir con el demandante de que la movilidad devengó en tales meses (julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017) ingresando a su patrimonio en esas fechas. En efecto, la ley 26.417 claramente estipulaba dos momentos para otorgar el incremento por movilidad: en los meses de marzo y septiembre de cada año, por lo que no era sino en esas fechas en que la movilidad se otorgaba y devengaba, sin que dicha ley determinara que la movilidad se devengaba mes a mes aun cuando su pago se realizará semestralmente. La circunstancia de que el legislador determinara que el monto de la movilidad a otorgar semestralmente sería el resultado de una fórmula en la que se consideraban determinados índices correspondientes a los meses de enero a junio y de julio a diciembre, (a abonar en septiembre y marzo de cada año respectivamente), no es sinónimo de un hipotético devengamiento mensual.Por ende, toda vez que la reforma que el actor cuestiona entró en vigencia con anterioridad al devengamiento de la movilidad otorgada por la ley 26.417, fecha ésta en la cual tal derecho hubiese ingresado definitivamente a su patrimonio, no existe en el caso violación alguna del derecho de propiedad del actor susceptible de invalidar la norma retroactiva, así como ningún otro derecho amparado por garantías constitucionales en la actualidad, conforme surge de los considerandos que anteceden.En ese sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho adquirido tiene, como característica común a las numerosas doctrinas que han querido explicarle, la de un derecho ingresado al patrimonio que lo identifica con la propiedad, comprensiva de todo aquello que forma el patrimonio del habitante de la Nación, trátese de derechos reales o personales, de bienes materiales o inmateriales. La mera expectativa o simple esperanza es, en cambio, una facultad no ejercida, que no puede ser alcanzada por la protección anterior (Conf. C.S.J.N. "Russo, Ángel y Otra c/C. de Delle Donne, E.", voto del Dr. Luis María Boffi Boggero, Fallos: 243:467).Por ello, no hallando configurada violación alguna al derecho de propiedad del actor; ni asimismo en la actualidad y en forma manifiesta, afectados el derecho a la movilidad de los haberes jubilatorios y el principio de progresividad, es que se habrá de rechazar la pretendida inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27426.www.diarioprevisional.com.ar #36176919#365941383#20230425082547168"En cuanto al planteo relacionado con la ley 27.541 esta Sala se expidió sobre el particular en el precedente "Nievas, Alicia Estela s/ amparos y sumarísimos" Expediente N° 18.413/2020, sentencia de fecha 7 de abril de 2021. En dicho caso se explicitaron las razones por las que se estimó que debe rechazarse la declaración de inconstitucionalidad www.diarioprevisional.com.ar pretendida al considerarse reunidos los extremos que legitiman la normativa de emergencia delineados por el Alto Tribunal (ver causa "Russo, Angel" Fallos: 243:467 (1959); 313:1513 (1991), En igual sentido, CSJN, Fallos, 318:1887 (1995); 321:1984 (1998); 325:28 (2002); Fallos, 330:3002; entre muchos otros).Asimismo, en orden al planteo en torno al reconocimiento de diferencias una vez finalizada la emergencia decretada por la ley 27.541, cabe señalar que no tendrá favorable acogida. Ello así, en tanto que al haberse convalidado la constitucionalidad de la norma de emergencia de acuerdo a lo expuesto en la presente, prescindir de su aplicación a los fines de considerar los incrementos que se hubiesen producido conforme la ley suspendida, importaría contradecir lo decidido en torno a su validez constitucional. Por lo demás y a los fines pretendidos, cabe señalar que la ley 27.609 rige desde el día 05-01-2021 (art. 6).En ese orden de ideas es importante recordar que el art. 1º de la ley 27.609, ya desde su entrada en vigencia, sustituyó el art. 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias, disponiendo que las prestaciones mencionadas en los incisos a), b) c), d) e) y f) del artículo 17 de esa ley serán móviles y que el índice de movilidad se obtendrá conforme la fórmula que como Anexo forma parte integrante de esa ley. De allí que al haber sido sustituida la movilidad contemplada en el art. 1º de la ley 27.426 desde la fecha antes indicada, dicha movilidad no puede aplicarse a partir de la entrada en vigor de la ley 27.609.A dicha conclusión se arriba a pesar de lo dispuesto en el art. 2 de la ley 27.609, pues esa pauta temporal no puede interpretarse como el restablecimiento de la vigencia de una norma derogada.Respecto de la posición manifestada en cuanto a la aplicación del precedente de la Corte "Villanustre, Raúl Félix" del 17/12/1991, corresponde advertir que dicha cuestión deberá ser examinada, también, al tiempo de aprobarse el cómputo final en el momento de efectuarse la liquidación definitiva y sin olvidar las consideraciones realizadas por el mismo tribunal en el caso "Mantegazza, Ángel Alfredo c/ Anses" sentencia del 14/11/2006.de la ley 27.423).Las labores de la alzada realizadas por la dirección letrada de la actora se estiman en el 30% de lo que se regule en la instancia anterior por dicha actuación (art. 30 Por ello el Tribunal, por mayoría RESUELVE: 1) Declarar formalmente admisibles los recursos deducidos, 2) Revocar parcialmente la sentencia apelada, con el alcance expresado en los considerandos precedentes, 3) Imponer las costas de la alzada por www.diarioprevisional.com.ar #36176919#365941383#20230425082547168"Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1 su orden (art. 21 Ley 24.463), 4) Regular los honorarios de la dirección letrada de la actora en el 30% de lo que se regule a su favor en la instancia anterior.Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse. www.diarioprevisional.com.ar VIVIANA P. PIÑEIRO VICTORIA P. PEREZ TOGNOLA Juez de Cámara Juez de Cámara (en disidencia parcial) ADRIANA C. CAMMARATA Juez de Cámara La Dra. Perez Tognola dijo: En relación con el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.426, me remito a mi voto en la causa "Lavecchia Roberto c/ANSES s/Reajustes Varios", Expte. 53858/14, sentencia de esta Sala del 8 de marzo de 2019 y por lo tanto declaro la inconstitucionalidad del art. 2 de la mencionada ley, en tanto su aplicación retroactiva tiene un neto carácter regresivo, al afectar la movilidad dispuesta por la ley anterior, traduciéndose en un perjuicio económico confiscatorio para el beneficiario, que reduce en forma retroactiva el monto del haber que le hubiese correspondido.VICTORIA PEREZ TOGNOLA Juez de Cámara www.diarioprevisional.com.ar #36176919#365941383#20230425082547168"

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