ACHA ANA LUCIA c/ ANSES s/ AMPARO LEY 16.986

Expediente
FRO 18888/2023
Tribunal
Juzgado Federal N° 1 de Rosario
Fecha del fallo
15/08/2023
Juez firmante
AURELIO ANTONIO CUELLO MURUA

www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO Venado Tuerto, Y VISTOS: Los autos caratulados "ACHA, ANA LUCIA c/ ANSES s/AMPARO LEY 16.986" Expediente N° FRO 18888/2023 en trámite por este Juzgado Federal DE Venado Tuerto a mi cargo, Secretaría Civil, de los que RESULTA: 1) En fecha 27 de junio de 2023 comparece la Sra. Acha Ana Lucia en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad T.H.F., por medio del letrado apoderado, a promover Acción de Amparo contra ESTADO NACIONAL -ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL- (ANSeS), con el objeto de solicitar que se le ordene a la demandada a emitir las reglamentaciones y dar las instrucciones necesarias para el inicio de trámites de pensión directa por fallecimiento de un afiliado en actividad al amparo de la Ley N° 27.705 dando así por cumplimentado los requisitos necesarios para la obtención del beneficio solicitado por el fallecimiento de quien en vida fuera el Sr. Omar Daniel Franco, cónyuge y padre de mis mandantes, fijándose el plazo de cumplimiento que V. S. estime pertinente.Todo ello en base a las consideraciones que paso a exponer.Funda la competencia. Hace un relato de los hechos, cuenta que con la sanción de la Ley N° 27.705, en su capítulo II denominado "UNIDAD DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL", se estableció en su Art. 4 que: "La UNIDAD DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL podrá ser adquirida por las www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar personas y por las y los derechohabientes del o la causante en el caso de pensión por fallecimiento y regirá por el término de DOS (2) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, pudiendo ser prorrogado por igual período." Enfatiza en que dicha ley fue sancionada por el Congreso de la Nación Argentina en fecha 28/02/2023, promulgada por el P.E.N. mediante decreto N° 132/2023, publicado en el B.O. en fecha 14/03/2023, y reglamentado por el mismo P.E.N. mediante decreto reglamentario N° 173/2023, publicado en el B.O. en fecha 31/03/2023, decreto que aprueba "?la reglamentación de la Ley Nº 27.705 sobre "PLAN DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL", ? IF- 2023-35313810-APNDNCRSS#MT ?" Manifiesta que no obstante ello, y habiendo obtenido el respectivo turno para tal fin para el día 31/05/2023, presentando la totalidad de la documental y requisitos a los fines de obtener el beneficio de Pensión por Fallecimiento del cónyuge y padre, Sr. Omar Daniel FRANCO, CUIL 20-17201739-9, fallecido en fecha 11/12/2021, el personal atendiente negó la recepción del mismo alegando que no le asiste derecho a percibir dicho beneficio, motivo por el cual se caratularon las actuaciones "ALTA POR INSISTENCIA" del administrado.Indica que fue de ese modo que se originaron las actuaciones ante la demandada N° 024-2723938876-6- 006-000001, a nombre de ACHA ANA LUCIA, trámite ALTA POR INSISTENCIA, en fecha 31/05/2023, por ante la UDAI Villa Cañás NM.www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO Señala que dicho expediente administrativo fue resuelto mediante Resolución N° RLI-V 00007/23 de fecha 31/05/2023 registrada por el libro de Protocolos de Resoluciones de la UDAI Villa Cañás NM, al Tomo 1, Folio 1, que determina desestimar la iniciación por insistencia por falta de presentación de los elementos esenciales o por no subsanar los defectos en su declaración jurada de servicios u otros datos que integran la solicitud de beneficio y/o pedido de determinación de deuda del SICAM, situación ésta que impide definir el derecho y/o el haber del beneficio conforme a legislación y las normas de procedimiento aplicables (Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias; Ley N° 19.549 y su reglamentación ? Decretos N° 1759/72 y N° 722/96) y fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.Remarca que entre los considerandos de la misma, podemos encontrar, entre otros párrafos, expresamente manifestado que: "Que en el presente caso el defecto detectado no resulta subsanable de oficio por ANSES, por lo que se le notificó oportunamente a la parte interesada (titular/apoderado) que debía cumplimentar lo siguiente: 1.. esperar reglamentación e instrucciones de la ANSES para inicio de trámites de pensión directa por fallecimiento de un afiliado en actividad al amparo de la ley 27705?", resultando ser éste el motivo por el cual se les priva a mis mandantes la obtención del beneficio previsional solicitado, con todo lo que ello acarrea.www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Destaca que la falta de "REGLAMENTACIÓN E INSTRUCCIONES" a las que refiere la demandada, resulta ser un acto administrativo que depende de la propia voluntad de la administración demandada, ya que si bien determinó la reglamentación y las instrucciones para que las personas pudieran acceder a los beneficios de PBU, PC y PAP, determinado por el primer párrafo del artículo 5 de la Ley 27.705, no lo ha hecho respecto de los casos comprendidos en el segundo párrafo del mismo artículo, desconociendo los motivos por los cuales ha omitido dicha "reglamentación e instrucciones", y sin dejar de lado que la misma ley determina un corto plazo de vigencia, sólo dos años.Repara en que la falta de reglamentación ? según dice-, omisión de la propia accionada en relación a éste tipo de beneficios previsionales (pensión por fallecimiento), no tiene ningún asidero legal y viola de modo flagrante el derecho constitucional de jerarquía normativa como asimismo el derecho que le asiste a la parte actora de igualdad ante la ley, acceso a la seguridad social, derecho a la salud, derecho de propiedad y derechos de protección especial.Funda la legitimación activa. Se expide sobre la admisibilidad e la vía elegida. Argumenta la inexistencia de otro medio judicial idóneo. Refiere a a la presentación oportuna del amparo - fecha inicial de pago.www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO Cita el derecho aplicable. Alega el cumplimiento de los requisitos del beneficio solicitado.Se expide y analiza los cada uno de los presupuestos.Dice que hay una vulneración de derechos de rango constitucional por la ausencia de reglamentación e instrucciones de la Anses.Ofrece y acompaña prueba. Formula reserva de caso federal.2) En fecha 27 de junio de 2023 se tiene por iniciada la acción de amparo. Y se ordena correr traslado a la demandada.3) En fecha 28/06/2023 la Sra. Asesora de menores contesta la vista corrida.4) Mediante escrito presentado en fecha 04 de Julio de 2023, comparece la demandada Administración Nacional de la Seguridad Social, y contesta el informe circunstanciado del art. 8 de la ley 26.854.En primer lugar, manifiesta que la presente acción no debe prosperar atento que la misma no constituye una "causa o caso contencioso". Cita el precedente de la CSJN Federación Argentina de la Magistratura c/ Salta, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad, voto del Dr. Rosencratz.Dice que, de la lectura del escrito, necesariamente se constata que no hay caso, atento que no existe una conducta ilegítima que produzca la violación de derecho alguno de la actora, la afectación de la tutela administrativa efectiva, la denegación de justicia, tal como se expone en el libelo de la demanda.www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Explica que no se trata de revertir la ilegitimidad de una norma o de una resolución de ANSES, que asimismo pudiera habilitar la solicitud de una acción expedita, sino que se trata de un mero disconformismo de la parte actora en virtud del acceso a la ley 27.705, en uso de las facultades del Organismo, la cual ostenta razonabilidad -según dice-.Señala que a lo largo del escrito de demanda, la actora no explica las razones por las cuales el Organismo le estaría denegando arbitrariamente el beneficio objeto de autos. Y que esto revela que la demanda no constituye un caso o cuestión que pueda ser sometida, juzgada o decidida por un Tribunal.Expresa que la parte actora, pretende que a través de una acción de amparo, V.S ordene a la ANSES la forma y modalidad en que debe organizar la atención de los trámites vinculados con el acceso a la moratoria ley 27.705 inmiscuyéndose de esta forma en las facultades propias y exclusivas que han sido asignadas por ley, lo cual de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un reciente fallo, estaría vedado.Refiere a las facultades de la Administración, y cita jurisprudencia.Alega que la actora pretende co-gestionar con ANSES la forma en que ésta debe llevar a cabo sus funciones e imponer las pautas de tramitación para los trámites como el requerido, como resulta del escrito en traslado. Y que por tratarse del ejercicio de la www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO facultad de organización y gestión de recursos privativa de la Administración Pública en ejercicio de las prerrogativas que le son propias y emanan del sistema republicano de gobierno, responde a una decisión de oportunidad, mérito o conveniencia no susceptible de ulterior revisión jurisdiccional.Agrega que, teniendo facultades ANSES para disponer la organización de la atención de sus prestaciones, existe, como venimos sosteniendo, la ausencia de caso, en tanto y en cuanto dichas facultades se despliegan teniendo en cuenta condiciones de mérito oportunidad y conveniencia. (sistémicos, recursos humanos, capacitación, etc.).Por otro lado, argumenta que el beneficio de pensión directa es improcedente. Que por el art. 36 de la Ley N° 24.241, tiene a su cargo la aplicación, control y fiscalización del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).Por lo cual informa, que la actora no reúne los requisitos para la obtención del beneficio de pensión directa, condición necesaria para que sus derechohabientes puedan acceder al Plan de Pago de Deuda Previsional previsto por la Ley N° 27.705 (cfr. art. 5, párr. 2°, de dicha normativa).En efecto, no se desprende del sistema SIPA que el causante revistiese la calidad de aportante regular o irregular con derecho, habiendo fallecido el día 11/12/2021 y constando su último aporte ingresado el correspondiente al mensual 06/2005.www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Concluye que viene a plantear la ausencia de caso justiciable toda vez que, por un lado no le corresponde al actor inmiscuirse en las facultades reglamentarias del Organismo (conforme el desarrollo planteado ut-supra) y por el otro lado, desde un punto de vista fáctico, porque atento la calidad de aportante del causante, tampoco corresponde otorgar el beneficio objeto de autos.Niega todos y cada uno de los hechos expuestos en el libelo inaugural, que no fueran materia de expreso reconocimiento en este responde.Analiza la acción intentada, dice que la vía judicial, es improcedente. Que el planteo que realiza es meramente conjetural, abstracto e hipotético, claramente carente de sentido e irrazonable ante el funcionamiento eficiente del Organismo, a la hora de pretender la implementación de medidas cuya reglamentación no existe toda vez que el derecho que se reclama no ha sido creado. Analiza los presupuestos de la acción de amparo, indica que en el presente, falta la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. No se encuentra configurado en el caso particular, lesión de derechos tal como lo exige la Ley N° 16.986 en su art. 1.Cita el precedente dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Colegio de Abogados de Mar del Plata c/ ANSES y otro s/ amparo ley 16.986" (Expte. N° FMP 25.070/2014).Funda en derecho. Hace un relato de los hechos. La accionante parte de la falsa premisa que se www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO deberían tener por cumplimentados los requisitos necesarios para la obtención del beneficio solicitado por el fallecimiento de quien en vida fuera el Sr. Omar Daniel Franco debiendo V.S. fijar el plazo de cumplimiento.En ese orden de ideas, no podría el órgano judicial disponer un plazo de reglamentación o cumplimiento a su arbitrio y que resultare inferior dispuesto por el legislador para el acceso al beneficio.Pues se trata de facultades propias (no justiciables) reservadas al Organismo en razón del mérito, oportunidad y conveniencia de la Administración.Dicho todo ello, no caben dudas que el objeto de autos carece de una razonada fundamentación, en tanto las afectaciones que se denuncian remiten a hechos inciertos e hipotéticos, lo cual sería suficiente para rechazar la demanda. Formula reserva del caso federal.5) A solicitud de la parte actora, se proveen las pruebas ofrecidas por las partes (fecha 07/07/2023), se tiene presente la documental acompañada.Y se ordena que firme el presente pasen los autos a dictar sentencia.contesta la vista corrida.6) En fecha 10/07/2023 el Sr. Fiscal federal 7) El 14/07/2023 estando los autos a despacho, se dispone como medida para mejor proveer, previo a resolver, y en uso de las facultades previstas en el art. 36 inc. 4 del C.P.C.C.N, dispongo como medida www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar para mejor proveer, se practique informe socio- económico-ambiental completo en el domicilio de la Sra.Acha Ana Lucia y su hijo T.H.F., denunciado en calle 60 n°450 de la localidad de Villa Cañas, Provincia de Santa Fe.En fecha 04/08/2023 se agrega a autos el informe solicitado, poniéndose en conocimiento de las partes. Y ordenándose que firme el decreto, se pasen los autos a dictar sentencia.Adquiriendo firmeza el decreto de fecha 04/08/2023, quedan los presentes en estado de dictar el presente pronunciamiento. - Y CONSIDERANDO: I) ADMISIBILIDAD FORMAL. - En primer lugar, en cuanto a la admisibilidad formal del amparo, adhiero a la reiterada jurisprudencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social y por el criterio de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa: "Toloza, Raúl Omar c/ANSeS s/amparo" de fecha 29/05/2012.Sentado ello, teniendo en cuenta las articulaciones de la demanda y contestación y las normas constitucionales, legales y procesales aplicables, encuentro la cuestión como susceptible de ser decidida en esta instancia.Cabe destacar que el art. 43 de la C.N. ha removido el obstáculo que presentaba el inc. d) del art.2do. de la ley 16.986 en cuanto al requerimiento de www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO mayor amplitud de debate o de prueba, por lo que el juicio de amparo resulta el marco adecuado para instrumentar el debate planteado. Ha de entenderse pues, que a la luz del nuevo art. 43 de la Constitución Nacional, los requisitos formales y convencionales de la acción de amparo (ley 16.986) deben orientarse en su interpretación y asumirse en su exigibilidad en función del particular y trascendente objeto de la acción que nos ocupa, en tanto el instituto tiene como objeto la eficacia en la reivindicación o protección de derechos, más que el resguardo de la formalidad.Es necesario preservar como virtud ineludible del amparo la posibilidad de evitar que el curso de procedimientos ordinarios torne abstracta o tardía la efectivización de garantías constitucionales, es decir, las formalidades deben ser evaluadas en consideración al fin último que es la más efectiva realización del derecho.En conclusión, siendo formalmente admisible la vía de amparo ab initio en los términos del art. 1° de la ley 16.986 y art. 43 de la Constitución Nacional habré de analizar la procedencia sustancial de la acción.II) NORMATIVA APLICABLE. - La Ley N° 27.705, denominada "PLAN DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL", sancionada en fecha 28-02-2023, y publicada en el Boletín Nacional del 14-Mar-2023, creo el plan de pago de deuda previsional que tiene como www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar objeto el ingreso de aportes previsionales por parte de personas físicas para el acceso a las prestaciones previsionales.En su primer capítulo establece que El PLAN DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL se conformará con: a) La UNIDAD DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL, conforme las disposiciones contenidas en el Capítulo II de la presente ley; b) La UNIDAD DE CANCELACIÓN DE APORTES PREVISIONALES PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN ACTIVIDAD, conforme las disposiciones contenidas en el Capítulo III (cfr. art. 2).Asimismo, determina los períodos a incluir en el presente Plan, aclarando que comprenderán lapsos que, en el caso del inciso a) del artículo 2º, sean anteriores a diciembre del año 2008 inclusive y, en el caso del inciso b), sean anteriores al 31 de marzo de 2012, siempre que la persona solicitante no haya prestado servicios bajo relación de dependencia registrada y/o en carácter de autónomo/a y/o monotributista (art.3 de la ley 27.705).En el Capítulo II, hace referencia a la "UNIDAD DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL" (Artículo 4) disponiendo que podrá ser adquirida por las personas y por las y los derechohabientes del o la causante en el caso de pensión por fallecimiento y regirá por el término de DOS (2) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, pudiendo ser prorrogado por igual período.www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO En su artículo 5 se establece que aquellas personas que hayan cumplido a la fecha, o que cumplan la edad jubilatoria prevista en el artículo 19 de la Ley Nº 24.241 dentro del plazo de dos (2) años desde la vigencia de la presente, podrán acceder a la UNIDAD DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL conforme el régimen establecido en la presente ley y solicitar las prestaciones instituidas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.En el artículo quinto in fine, se dispone que "de igual modo, tendrán derecho a adquirir la UNIDAD DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL aquellas y aquellos derechohabientes previsionales mencionados en el artículo 53 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, siempre que existiera inscripción previa de la o del causante al deceso como afiliado o afiliada al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), formalizada y registrada ante la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) o la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), según el período que corresponda. (lo destacado me pertenece).En los siguientes artículos del capítulo II, se establecen los requisitos a cumplir para acceder a la UNIDAD DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL, su valor, la forma de cancelación, la fecha inicial de pago del beneficio a obtenerse, las incompatibilidades, y asigna a la ANSES el carácter de autoridad de aplicación.www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar El capítulo III regula la Unidad de Cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras activas. Y el ultimo Capitulo, hace a las disposiciones complementarias.En lo referido a la reglamentación de este cuerpo normativo, el decreto reglamentario N° 173/2023 de fecha 30-03-2023, Publicado en el Boletín Nacional del 31-Mar-2023, que aprueba la Reglamentación de la Ley Nº 27.705 sobre "PLAN DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL", que como ANEXO (IF2023-35313810-APN-DNCRSS#MT)." Desde la administración se han dictado la Circular 22/2023 y prev. 11-71/23 en relación a la ley 27.705, entre otras.En tal sentido, el anexo reglamentario al que hace referencia dicho artículo 1° del decreto reglamentario, deja sin reglamentar, de la Ley 27.705, los artículos 5°, 7° 8°,10°, y 14°.Asimismo, deja dentro de las facultades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) algunas cuestiones a reglamentar a través de sus normas aclaratorias y complementarias.Sin embargo, no hay reglamentaciones que dispongan respecto del acceso al beneficio de moratoria en relación a pensiones por fallecimiento que es lo que la actora pretende, y que se encuentra previsto en la ley 27.705, cuyo art. cuarto establece que la unidad de pago de deuda previsional podrá ser adquirida por las y los derechohabientes del o la causante en el caso de www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO pensión por fallecimiento. Circunstancias estas que se dan en el caso de marras.IV) PLATAFORMA FÁCTICA. - En primer lugar, cabe señalar que conforme surge del relato de la demanda, y de la documental que para este acto tengo a la vista surge que la Sra. Ana Lucia Acha y el Sr. Omar Daniel Franco estaban casados conforme acta de matrimonio (16/07/1993) acompañada digitalmente, que como resultado de dicha unión nació T.H.F. (25/09/2014), ello conforme el acta de nacimiento agregada en los presentes.Que el Sr. Omar Franco falleció el 11/12/2021 (cfr. surge del acta de defunción acompañada junto a la demanda).Del informe socio-económico-ambiental requerido como medida para mejor proveer, y realizado por Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañas, suscripto por la Licenciada en trabajo social, Liliana Berton, y la Trabajadora Social Sol Y. Strupeni, surge que la Sra. Acha, de 48 años, con educación primaria completa, es empleada de casas particulares por la mañana y la tarde, alcanzando un ingreso mensual de $100.000. Además, vende leña.Que el grupo familiar conviviente es su pareja actual, quien tiene educación primaria incompleta, es empleado rural temporal y realiza tareas de fumigación, sin ingreso fijo mensual. Además, cohabitan los dos hijos de la Sra. Acha. Su hija, F.A.L., mujer de 29 años de edad con discapacidad, en www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar razón de un retraso mental, es operaria en un taller por el cual recibe 30.000$ y una pensión de 55.000$, tiene la primaria completa. Y su hijo menor de edad, F.T., un niño de 8 años, que cursa el 3er grado. La familia no cuenta con obra social.Respecto de la situación habitacional, las profesionales informan que la vivienda es de su propiedad, de ladrillo revocada, pisos de cerámica, techos de chapa y PVC, baño instalado, destacando que es suficiente y confortable, y su estado general muy bueno, contando con patio y pileta.Asimismo, junto al informe se acompañan Certificado Único de Discapacidad, y Credencial de F.A.L. siendo el diagnostico en el consignado: "Retraso mental leve, deterioro del comportamiento de grado no especificado", y cuya orientación prestacional es "prestaciones de rehabilitación- prestaciones educativas".V) CASO CONCRETO. - También se encuentra acreditado en autos, que la Sra. Acha solicito turno el día 17/04/2023, para el día 31/05/2023 a los fines de solicitar la pensión por fallecimiento. Que conforme la constancia de inicio de trámite, se dio inicio actuaciones administrativas ante la ANSES N° 024-2723938876-6-066-000001, a nombre de ACHA ANA LUCIA, trámite ALTA POR INSISTENCIA, en fecha 31/05/2023, por ante la UDAI Villa Cañás NM.www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO Que el mentado expediente administrativo fue resuelto mediante Resolución N° RLI-V 00007/23 de fecha 31/05/2023 registrada por el libro de Protocolos de Resoluciones de la UDAI Villa Cañás NM, al Tomo 1, Folio 1, desestimando la iniciación por insistencia de la tramitación del beneficio solicitado por el titular de autos por sí o a través de su apoderado, por falta de presentación de los elementos esenciales o por no subsanar los defectos en su declaración jurada de servicios u otros datos que integran la solicitud de beneficio y/o pedido de determinación de deuda del SICAM, situación ésta que impide definir el derecho y/o el haber del beneficio conforme a legislación y las normas de procedimiento aplicables (Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias; Ley N° 19.549 y su reglamentación ? Decretos N° 1759/72 y N° 722/96) y fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.En el considerando sexto de la resolución que desestima el trámite, dispone que "?en el presente caso el defecto detectado no resulta subsanable de oficio por ANSES, por lo que se le notificó oportunamente a la parte interesada (titular/apoderado) que debía cumplimentar lo siguiente: 1. ESPERAR REGLAMENTACIÓN E INSTRUCCIONES DE LA ANSES PARA INICIO DE TRÁMITES DE PENSIÓN DIRECTA POR FALLECIMIENTO DE UN AFILIADO EN ACTIVIDAD AL AMPARO DE LA LEY 27705?" (la negrita me pertenece).VI) CUESTION LITIGIOSA. - www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Así las cosas, la cuestión en debate se centra en establecer si corresponde ordenar a la ANSES emitir las reglamentaciones y dar las instrucciones necesarias para el inicio de trámites de pensión directa por fallecimiento de un afiliado en actividad al amparo de la Ley N° 27.705 para una eventual obtención del beneficio solicitado.Es decir que, como surge de los considerandos precedentes, corresponde analizar si asiste razón a la Sra. Acha al pretender que se ordene a la demandada emitir las reglamentaciones e instrucciones para que, por medio de la adquisición de unidades de pago de deuda previsional (cfr. art. 4 de la ley 27.705) como derechohabientes del Sr. Omar Daniel Franco (causante- cónyuge y padre de la parte actora), a los fines de obtener la pensión por fallecimiento.Al respecto y como argumento central la ANSES plantea que en el presente hay ausencia de caso o causa. Ello basado en que, aquí no se trata de revertir la ilegitimidad de una norma o de una resolución de ANSES, que pudiera habilitar la solicitud de una acción expedita, sino que se trata de un mero disconformismo de la parte actora en virtud del acceso a la ley 27.705, en uso de las facultades del Organismo, la cual ostenta razonabilidad.Señala que a lo largo del escrito de demanda, la actora no explica las razones por las cuales el Organismo le estaría denegando arbitrariamente el beneficio objeto de autos. Y que esto revela que la www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO demanda no constituye un caso o cuestión que pueda ser sometida, juzgada o decidida por un Tribunal.Expresa que la parte actora, pretende que a través de una acción de amparo, V.S ordene a la ANSES la forma y modalidad en que debe organizar la atención de los trámites vinculados con el acceso a la moratoria ley 27.705 inmiscuyéndose de esta forma en las facultades propias y exclusivas que han sido asignadas por ley, lo cual de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un reciente fallo, estaría vedado.Alega que la actora pretende co-gestionar con ANSES la forma en que ésta debe llevar a cabo sus funciones e imponer las pautas de tramitación para los trámites como el requerido, como resulta del escrito en traslado. Y que por tratarse del ejercicio de la facultad de organización y gestión de recursos privativa de la Administración Pública en ejercicio de las prerrogativas que le son propias y emanan del sistema republicano de gobierno, responde a una decisión de oportunidad, mérito o conveniencia no susceptible de ulterior revisión jurisdiccional.a) Caso justiciable. ? En primera medida debo analizar el argumento central de la demandada, que refiere a que en el presente no hay caso. Ello basado en que, aquí no se trata de revertir la ilegitimidad de una norma o de una resolución de ANSES, que pudiera habilitar la solicitud www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar de una acción expedita, sino que se trata de un mero disconformismo de la parte actora en virtud del acceso a la ley 27.705, en uso de las facultades del Organismo, la cual ostenta razonabilidad.Nuestro Cimero tribunal ha dicho que "?la "parte" debe demostrar que persigue en forma concreta la determinación del derecho debatido y que tiene un interés jurídico suficiente en la resolución de la controversia o, como lo ha sostenido esta Corte, que los agravios expresados la afecten de forma "suficientemente directa" o "substancial" (Fallos: 306:1125; 308:2147; 310:606; 333:1212, entre otros). Cabe agregar que, como también lo ha sostenido esta Corte (arg. Fallos: 311:1435, considerando 5º -a contrario sensu- y CSJ 1329/2000 (36-C)/CS1 "Casime, Carlos Alberto c/ Estado Nacional", sentencia del 20 de febrero de 2001), se configura una causa judicial atinente al control de constitucionalidad de preceptos legales infraconstitucionales cuya decisión es propia del Poder Judicial, siempre y cuando se produzca un perjuicio concreto al derecho que asiste a quien legítimamente lo invoca (Fallos CSJN: 345:801). (lo destacado es mío).Al respecto, la Corte ha dicho que la falta de reglamentación del Poder Ejecutivo (Fallos: 344:3011) conduce en la práctica a privar de efectos jurídicos a la disposición.Que en el caso de autos, la no reglamentación, podría implicar relegar el acceso a una www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO moratoria (ley 27.705) y, como consecuencia, también la eventual obtención de un beneficio de pensión.En este aspecto, cabe ponderar las circunstancias particulares que rodean a la parte actora, en este caso concreto. Para lo cual es fundamental el contenido del informe socio-económico- ambiental requerido como medida para mejor proveer. Ya que del mismo se desprende el contexto socio-económico que rodea a la amparista, y al niño F.T.En este punto es menester considerar, que la Sra. Acha, de 48 años, tiene educación primaria completa, es empleada de casas particulares por la mañana y la tarde, alcanzando un ingreso mensual de $100.000. Además, vende leña.Que el grupo familiar conviviente es su pareja actual, quien tiene educación primaria incompleta, es empleado rural temporal y realiza tareas de fumigación, sin ingreso fijo mensual.Que con la accionante conviven los dos hijos de la Sra. Acha, F.A.L. y F.T, ambos con vulnerabilidad, ya que F.A.L. mujer de 29 años de edad con discapacidad, en razón de un retraso mental. Y F.T. es un niño es 8 años, que cursa el 3er grado.También es necesario valorar que la familia no cuenta con obra social, cuestión que también se podría ver beneficiada, de acceder a la moratoria pretendida, y eventualmente y de corresponder a una pensión, ya que ello le daría a la Sra. Acha y su grupo familiar el acceso a una Obra social.www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Por lo tanto, de no poder acceder la Sra.Acha y F.T. a una moratoria y un eventual beneficio de pensión -en el caso de corresponder-, es aquí donde vislumbro el perjuicio requerido para que el presente sea un caso justiciable. Esto no solo porque el acceso a una moratoria podría implicar la obtención de un beneficio previsional con lo que ello implica patrimonialmente para la familia, no pudiéndose desconocer, que en el caso de marras, se encuentran comprometidos derechos de un niño, a cargo de la actora sino también de una hija con discapacidad. Así como tampoco puede negarse que el acceso a la moratoria y eventual beneficio de pensión, podría involucrar el acceso a otros beneficios sociales como lo es la obra social.controlable. - b) Omisión reglamentaria judicialmente Una vez aclarado que existe caso justiciable en los presentes, cabe vislumbrar si, no podría implicar una intromisión del poder judicial en la espera propia del poder administrativo, es decir, en casos como el presente, donde el órgano del estado que está facultado para ejercer potestades legislativas no lo hace, esa omisión por sí misma puede o no ser objeto de control o examen judicial.Del estándar jurídico delimitado por la C.S.J.N. en sus precedentes jurisprudenciales, surge que para que la omisión legislativa pueda ser objeto de www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO escrutinio judicial, la omisión legislativa debe cumplir con ciertos requisitos: 1. Que sea por un tiempo irrazonable, 2. Que pueda implicar la negación de los derechos constitucionales regulados por el legislador en la norma en juego, 3. Omisión de autoridad pública frente a un claro mandato legislativo.La C.S.J.N. en el precedente "Etcheverry" (Fallos: 344:3011), expresó que se configura "?una omisión de autoridad pública frente a un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional. Así frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el deber de reglamentar corresponde ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión en un plazo razonable (Voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco)".En la misma causa los jueces Maqueda y Lorenzetti señalaron que la "?omisión de reglamentar en un plazo razonable una ley puede ser motivo de escrutinio judicial cuando es una causa directa e inmediata para la lesión de un derecho individual o de incidencia colectiva, como también de cualquier otra cláusula constitucional, pues tanto se vulnera la Constitución Nacional cuando se hace lo que ella prohíbe como cuando no se hace lo que ella manda. También, destacó allí el voto del juez Rosatti que cuando existe un claro mandato legislativo que ha sido desoído por un tiempo a todas luces irrazonable desde la promulgación www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar de la ley, se configura una omisión de la autoridad pública, máxime cuando la naturaleza del mandato formulado por el legislador?" "?permite colegir el carácter imprescindible de la mediación reglamentaria.Agregó que a fuerza normativa de la Constitución Nacional demanda su cumplimiento ineludible por parte de los poderes constituidos del Estado, tanto el Legislativo como el Ejecutivo y el Judicial, en ese marco, la omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar un mandato legislativo concreto, no solo repercute en la negación de los derechos constitucionales regulados por el legislador en la norma en juego, sino que también implica la frustración del artículo 99, inciso 2, que le atribuye expresamente su potestad de expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (lo destacado es mío) (C.S.J.N., Nota de jurisprudencia, "Reglamentación de la Ley", Febrero 2023).1. Plazo Irrazonable. ? Nuestro máximo tribunal ha sido determinante en cuanto a que el plazo por el cual se ha omitido la reglamentación debe ser irrazonable.Para ello, debe valorarse la cuestión en concreto. En los presentes la norma cuya reglamentación se requiere es la proveniente de la ley 27.705, la cual fue sancionada en fecha 28-02-2023, y publicada en el Boletín Nacional del 14-Mar-2023.www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO De su cuerpo normativo, surge que la vigencia de la misma será de dos años, así el art.4 dispone que la UNIDAD DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL creada por la presente, regirá por el término de DOS (2) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, pudiendo ser prorrogado por igual período.Cuestión que también incorpora ANSES al contestar el informe circunstanciado.Que habiendo transcurrido cinco meses desde su publicación, representando ello casi un cuarto de la vida prevista para la ley. Entiendo que el plazo para que se ejerzan las facultades reglamentarias en su totalidad puede ser tomado como irrazonable, en función del objeto y trascendencia de lo que tiende a reglamentar.En este punto no debe olvidarse que conforme surge de las actuaciones administrativas acompañadas, la actora no puede avanzar en el trámite de acceso a la moratoria 27.705, ya que el motivo de desestimiento del pedido esta fundado en que, la peticionante, debe: 1.esperar reglamentación e instrucciones de la ANSES para inicio de trámites de pensión directa por fallecimiento de un afiliado en actividad al amparo de la ley 27705?".En este caso, como se ha mencionado precedentemente, la amparista, es una mujer de 48 años de edad, empleada de casas particulares, viuda, con dos hijos, F.T. menor de edad, y F.A.L. con discapacidad (ambos hijos del causante).www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Y si bien advierto que F.A.L., no es accionante en estos autos, ya que su madre se presenta en derecho propio y en representación de su hijo menor de edad T.F., y que -según el informe ambiental- F.A.L.beneficiaria de una pensión por discapacidad. No puedo dejar de considerar que forma parte del grupo familiar, es una persona con vulnerabilidad, y que de obtener el beneficio de pensión por fallecimiento de su padre, ello impactara directamente en su calidad de vida.En este punto de análisis, es dable considerar que los ingresos familiares informados por las profesionales de Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañas, ascienden a $100.000 por mes por parte de la Sra. Acha. Su pareja actual, no posee ingresos fijos, y F.A.L. tiene ingresos por $85.000.- (Pensión por discapacidad y salario por programas de talleres protegidos de producción).Es de público conocimiento, que en el mes de julio 2023, el valor de 1 (una) Canasta Básica Total tipo 2 según INDEC es de $232.426,83(cfr.https://www.argentina.gob.ar/subsidios/canasta, tomado al 21/07/2023).Cabe recordar que la canasta básica alimentaria (CBA) "? es el conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos, cuya composición refleja los hábitos de consumo de una población de referencia, es decir, un grupo de hogares que cubre con su consumo dichas necesidades alimentarias. El valor de la CBA es www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO utilizado en la Argentina, con fines estadísticos, como referencia para establecer la línea de indigencia (LI), comúnmente conocida como pobreza extrema. El concepto de línea de indigencia procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas (Ver https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/preguntas_ frecuentes_cba_cbt.pdf). La cursiva me pertenece.De acuerdo a lo expuesto precedentemente, a través de esta acción de amparo, la actora pretende la reglamentación omitida, para su posterior inclusión de la moratoria 27.705, a los fines de poder acceder, eventualmente, al beneficio de pensión por fallecimiento de su marido y padre de sus hijos.Al respecto vale recordar que, la regla interpretativa en materia de Seguridad Social, especialmente en los supuestos no contemplados expresamente en la norma, fue dada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver al respecto, por ejemplo, el precedente "P., A c/ Anses", P.368.XLIV, del 28.6.11, donde resume la doctrina sentada en numerosos fallos anteriores) que afirmó que esta rama del derecho tiene como finalidad esencial cubrir "contingencias sociales" o, más precisamente, "asegurar lo necesario a las personas que sufren". De ahí que, reiteradamente, haya puntualizado, por un lado, la "naturaleza alimentaria" de las prestaciones que prevé y por el otro, la relación entre éstas y la cobertura de "riesgos de subsistencia".www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar El Alto Tribunal también ha considerado dos circunstancias: primeramente, que el cometido propio de la seguridad social, por mandato de la Constitución Nacional (art. 14 bis), es la cobertura "integral" de las consecuencias negativas producidas por las mencionadas contingencias y, además, que es preciso interpretar las normas infra constitucionales de la seguridad social conforme a su objetivo protectorio, lo cual impone reglas amplias, cuidando que el excesivo rigor de los razonamientos, o los criterios restrictivos, no desnaturalicen el espíritu que ha inspirado su adopción, pues no debe llegarse al desconocimiento de derechos de esta índole sino con extrema prudencia. Es por ello que toda preferencia hermenéutica debe volcarse hacia el resultado que favorece los objetivos normativos y no hacia el que los dificulta.Por lo que estando en juego derechos no solo de rango constitucional, sino que además tienen carácter alimentario que tienen como finalidad afrontar riesgos de subsistencia, y teniendo en especial consideración el contexto que rodea a la actora y su grupo familiar, entiendo que cualquier demora en la reglamentación de esta moratoria (Ley 27.705) es irrazonable.Por último, cabe tener presente que todo tiempo transcurrido, no solo puede implicar una lesión a un derecho constitucional como son los derechos de seguridad social, sino que se podría traducir en una posible pérdida para el peticionante ya que la propia www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO norma establece que la fecha de pago se establecerá con el pedido de moratoria (art. 11).En este sentido, debe recordarse un conocido precedente "Badaro" (Fallos: 329:3089), en donde la Corte señaló que la falta de corrección en una medida que guardara relación con el deterioro sufrido por dicho beneficio configuraba un apartamiento del mandato del art. 14 bis de la Constitución Nacional. Aclaró que ello no implicaba que fuera apropiado que el Tribunal fije sin más la movilidad y que no sólo es facultad sino también deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantía constitucional en juego por lo cual dispuso que correspondía poner en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso de la Nación que la omisión de disponer un ajuste por movilidad estaba privando al actor de un derecho conferido por la Ley Fundamental. Resolvió así diferir el pronunciamiento sobre el período cuestionado por un plazo que resultara suficiente para el dictado de las disposiciones pertinentes. Al año siguiente la Corte consideró que el mandato de fijar el contenido concreto de la garantía de movilidad jubilatoria no había sido cumplido por el Congreso en las oportunidades y con el alcance exigido por la Constitución Nacional y teniendo en cuenta que el único aumento en el beneficio jubilatorio del actor que se había dispuesto era insuficiente para reparar su deterioro declaró la inconstitucionalidad del régimen de movilidad aplicable y dispuso el reajuste de dicho beneficio (Fallos: 330:4866). (ver CSJN Nota de www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Jurisprudencia "Inconstitucionalidad por Omisión", junio de 2023).2. Afectación a derechos constitucionales. ? Como he venido expresando a lo lago de la presente, no caben dudas de que en el caso de marras existe una afectación de un derecho constitucionalmente reconocido.Que es el propio organismo de aplicación el que desestima el pedido de inicio de trámite por la moratoria 27.705, por haber instrucciones o reglamentaciones pendientes. Que ello impacta directamente sobre una eventual obtención del beneficio perseguido por la actora, la pensión por fallecimiento.Cuestión que no es más ni menos que el objeto de la Ley N° 27.705 creó el "Plan de Pago de Deuda Previsional", cuya finalidad es "el ingreso de aportes previsionales por parte de personas humanas para el acceso a las prestaciones previsionales" (cfr. primer considerando del decreto 173/2023 -reglamentario de la 27.705-).En este punto, vale recordar que ya desde el Preámbulo de la Constitución Nacional, al delimitarse los objetivos, se menciona el de promover el bienestar general, así como la norma rectora del Derecho de la Seguridad Social, es decir el art. 14 bis de la Carta Magna, el que declara que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable y en especial la protección integral de la familia (lo resaltado me pertenece).www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO Asimismo, el art. 75 inc. 22 de la norma fundamental expresamente reza que los Tratados Internacionales que allí se mencionan tienen jerarquía superior a las leyes. Y de su lectura surge -por ejemplo y en lo que aquí interesa- lo siguiente: tanto en el Preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuanto en el art. 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se consagra que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su Preámbulo reitera que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales. En consonancia, en el art. 9° del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, se establece que los Estados parte en el mismo reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.Asimismo, debe recordarse que en particular a los niños, niñas y adolescentes el corpus iuris internacional les reconoce el derecho a llevar una vida en dignidad, al pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, y reafirma la necesidad de proporcionar a los niños cuidado y asistencias especiales en razón de su vulnerabilidad (cfr. preámbulo www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar y articulado de la Convención sobre los Derechos del Niño).Los preceptos ut supra enunciados y contenidos en la Carta Magna requieren, como toda norma programática, que las leyes que reglamenten el ejercicio de los derechos en ellos consagrados, se adecuen obligatoriamente a los mismos a fin de no desnaturalizarlos.Que estos derechos se vuelven inoperativos, si al sancionar una norma que tiene como objeto el ingreso de aportes previsionales para el eventual acceso a las prestaciones previsionales. No hace más que dejar a una norma, como letra muerta volviendo ineficaz el derecho que pretende proteger, que en este caso resultan ser derechos constitucionales.3. Omisión de autoridad pública frente a un claro mandato legislativo. ? La demandada expreso que su actuar se base en el art. 36 de la ley 24.241 dispone facultades legislativas de organización y administración que son diseñadas mutatis mutandi con la oportunidad, mérito y conveniencia.Cierto es que el citado art.36 dispone que la demandada, ANSES, tendrá a su cargo la aplicación, control y fiscalización del Régimen de Reparto. Y le corresponderá el dictado de normas reglamentarias.Y, no caben dudas de que "?la potestad reglamentaria habilita para establecer condiciones o www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO requisitos, limitaciones o distinciones que, aun cuando no hayan sido contempladas por el legislador de una manera expresa, si se ajustan al espíritu de la norma reglamentada o sirven, razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue, son parte integrante de la ley reglamentada y tienen la misma validez y eficacia que ésta?" (Fallos: 337:149; 324:3345; 325:645; 323:2395; 322:1318; 319:3241; 344:2779). No pudiéndose juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida (Fallos: 312:1920; 311:2453; 311:2339; 311:1617; 307:539).Sin embargo, la jurisprudencia ha entendido que en casos en los que existe un mandato legislativo, y el mismo no ha sido cumplido transcurrido un plazo razonable, y habiendo una afectación de derechos constitucionales, el poder judicial -sin que ello implique una intromisión en las esferas de competencia de los otros poderes- exhortar, como primer medida, al poder correspondiente, a subsanar esa omisión.A los fines ilustrativos, y en un precedente previsional la C.S.J.N. consideró que se estaba frente a una omisión del Poder Ejecutivo de reglamentar el mandato legislativo en el caso en que se reclamaba que los aportes jubilatorios voluntarios se tradujeran en un beneficio para los propios aportantes.Expresó la Corte que se configuraba una omisión de la autoridad pública porque existía un claro www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar mandato legislativo que había sido desoído por un tiempo irrazonable desde la promulgación de la ley, que había ocurrido unos 6 años antes. El actor había sido privado de las sumas que aportó en concepto de aportes voluntarios sin que existiera ningún tipo de justificación estatal para hacerlo por lo cual la procedencia del amparo por omisión de autoridad pública resultaba de la falta de implementación de la reglamentación ante la existencia de un mandato legislativo expreso. Ello lesionaba los derechos constitucionales del actor, máxime si se consideraba el carácter netamente alimentario del objeto del litigio.En este caso el Tribunal entendió que la exhortación al Poder Ejecutivo para que complete el proceso reglamentario de la norma no efectivizaría la garantía que establece el artículo 43 en la medida en que no aseguraría que cese la omisión advertida y por ello solo resultaba posible remediar la violación de los derechos particulares declarando la inconstitucionalidad del art. 6° de la ley 26.425 en razón de su inoperatividad. Dispuso que correspondía en consecuencia la devolución de los fondos oportunamente depositados como única manera de enmendar la situación de omisión normativa que había causado la violación de los derechos constitucionales ("Villarreal", Fallos: 337:1564).c) Deber del Poder Judicial. - Por último, es dable señalar que la Corte ha dicho que la falta de regulación de un mandato expreso www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO del legislador deriva en inconstitucionalidad por omisión, pues si las cláusulas constitucionales, y las normas legislativas dictadas en su consecuencia por el Congreso, no pudieran regir por ausencia de reglamentación, la supremacía constitucional se tornaría ilusoria y frente a esta hipótesis, el Poder Judicial no solo tiene la potestad, sino el deber, de controlar dicha omisión.Ha señalado que la omisión de la autoridad pública se configura cuando existe un mandato legislativo que ha sido desoído por un tiempo a todas luces irrazonable desde la promulgación de la ley y, por ello, ha considerado que la omisión de reglamentar en un plazo razonable una ley puede ser motivo de escrutinio judicial cuando es una causa directa e inmediata para la lesión de un derecho constitucional pues tanto se vulnera la Constitución Nacional cuando se hace lo que ella prohíbe como cuando no se hace lo que ella manda.VII) CONCLUSION. - En síntesis, de lo expuesto precedentemente, teniendo en especial consideración las particularidades de la Sra. Acha, el contexto socio-económico de su grupo familiar compuesto por su pareja (quien no tiene ingreso fijo), y sus dos hijos vulnerables (F.T. menor de edad, y F.A.L. con discapacidad, ambos hijos del causante), poniendo especial atención a una resolución con "Perspectiva de Género", y siendo el presente un supuesto en que la falta de reglamentación por un www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar mandato legislativo expreso, deriva en inconstitucionalidad por omisión, ya que en el presente se encuentran en juego derechos reconocidos por cláusulas constitucionales que reconocen los derechos de la seguridad social, y la ley 27.705 dictada por el congreso de la Nación a los fines de que las personas que se encuentren en condiciones de hacerlo ingresen de aportes previsionales para el acceso a las prestaciones previsionales, no pudiendo regir esta última por la omisión reglamentaria de la demandada, lo que vuelve ilusorio el acceso a un eventual beneficio de pensión.Siendo esta situación controlable por este poder judicial, es que concluyo, atento a lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde -cfr.doctrina de la CSJN en fallos 338:1356 y 329:3089- exhortar a la demandada ANSES, a que en el transcurso de seis (6) meses asuma el rol institucional que les compete, de acuerdo al art.36 de la 24.241, en referencia a la aplicación, control y fiscalización del Régimen de Seguridad Social y dictar las normas reglamentarias e instrucciones correspondientes a la ley 27.705, en pos de la operatividad de los derechos de Seguridad Social en juego.VIII) ANALISIS DE PRODECENCIA DEL HABER DE PENSION. ? Por último, la demandada ANSES argumenta que el beneficio de pensión directa es improcedente.Informa, que la actora no reúne los requisitos para la www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO obtención del beneficio de pensión directa, condición necesaria para que sus derechohabientes -según dice- puedan acceder al Plan de Pago de Deuda Previsional previsto por la Ley N°27.705 (cfr. art. 5, párr. 2°, de dicha normativa).Al respecto, debo decir que esta cuestión no es analizada en estos autos, ya que la pretensión de la actora es la emisión de las reglamentaciones e instrucciones necesarias para el inicio de tramites de pensión directa por fallecimiento de un afiliado en actividad al amparo de la ley 27.705.Así como tampoco escapa a este magistrado que la cuestión sobre la procedencia de la pensión por fallecimiento, tampoco fue tratada en la etapa administrativa, siendo esta desestimada únicamente -como se expuso precedentemente- para "?esperar reglamentación e instrucciones de la ANSES para inicio de trámites de pensión directa por fallecimiento de un afiliado en actividad al amparo de la ley 27705?".IX) COSTAS. - Por ultimo y en referencia a las costas, la C.S.J.N. tiene dicho que "?la incertidumbre sobre una situación fáctica, la existencia de una situación compleja o dificultosa -tanto en los hechos como en lo jurídico-, como también las dificultades interpretativas de una norma o las cuestiones dudosas de derecho, entre otras, configuran razones que según el caso, autorizan la exención ?total o parcial- de costas al vencido" www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"www.diarioprevisional.com.ar (CSJN, Recurso Queja Nº 1 - NELSON, JUAN MANUEL Y OTRO c/ FUNDACION FLENI Y OTROS s/NULIDAD DE ACTO JURIDICO, CIV 076137/2012/1/RH001, 13/12/2016, Fallos: 339:1691) (la cursiva me pertenece).Asimismo, la Corte ha dicho que, en consideración al carácter novedoso y la complejidad del asunto, corresponde distribuir las costas en el orden causado (CSJN Fallos 329:1898, 325:1034).De acuerdo a este estándar de nuestro máximo Tribunal, aplicable al caso de autos, y considerando lo normado por el art. 17 de la ley 16.986, es aplicable el arts. 68, segunda parte del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, las costas serán distribuidas por su orden.Por lo expuesto RESUELVO: I) Exhortar a la demandada ANSES, a que de acuerdo al art. 36 de la 24.241, proceda a dictar, en el transcurso de seis (6) meses, las normas reglamentarias e instrucciones faltantes correspondientes a la ley 27.705, en pos de la operatividad del derecho previsional en juego de la Sra.Acha Ana Lucia y su hijo menor de edad T.H.F. II) Distribuir las costas en el orden causado, conforme los fundamentos expuestos en el considerando noveno. III) La regulación de honorarios se difiere para su oportunidad.Insértese y hágase saber. - www.diarioprevisional.com.ar #37986954#376698873#20230815110153371"

Sumarios

Exhortar a la demandada ANSES, a que de acuerdo al art. 36 de la 24.241, proceda a dictar, en el transcurso de seis (6) meses, las normas reglamentarias e instrucciones faltantes correspondientes a la ley 27.705, en pos de la operatividad del derecho previsional en juego de la Sra. Acha Ana Lucia y su hijo menor de edad T.H.F.

Autor: Desconocido

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El presente fallo analiza la acción de amparo promovida por Ana Lucia Acha en representación de su hijo menor, contra la ANSES, por la omisión en la emisión de reglamentaciones y instrucciones para tramitar una pensión por fallecimiento bajo la Ley N° 27.705. La actora argumenta que la falta de reglamentación afecta derechos constitucionales, como el acceso a la seguridad social y la protección de derechos de menores y personas con discapacidad. La demanda fue admitida como caso justiciable, dado el perjuicio potencial y la vulneración de derechos constitucionales por la omisión legislativa del Estado. La Corte Suprema ha establecido que la omisión legislativa por un plazo irrazonable que afecta derechos constitucionales puede ser controlada judicialmente, ordenando al Poder Ejecutivo a reglamentar en un plazo razonable. En este contexto, el tribunal exhorta a la ANSES a dictar las normas reglamentarias en seis meses, considerando la vulnerabilidad de la familia y la importancia de garantizar derechos sociales y de protección de menores. La demanda también cuestiona la improcedencia de la pensión por fallecimiento, pero este aspecto no fue objeto de análisis en la presente causa, centrada en la omisión reglamentaria. Finalmente, se distribuyen las costas en el orden causado, y se difiere la regulación de honorarios.

Autor: Inteligencia Artificial

Explicación asistida por IA

Este fallo significa que el tribunal reconoció que la falta de reglamentación por parte del Estado para tramitar una pensión por fallecimiento, en un plazo razonable, viola derechos básicos de la familia, especialmente de un niño con discapacidad y una mujer con vulnerabilidad. La justicia ordena a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a que en seis meses cree las reglas necesarias para que puedan acceder a esa pensión. Es como si un reglamento importante para un trámite estuviera pendiente y, por no tenerlo, la familia no puede obtener un beneficio que le corresponde. La decisión busca proteger derechos constitucionales y evitar que la demora injustificada cause daño a las personas vulnerables. Además, el fallo deja claro que el Poder Judicial puede ordenar a la administración que cumpla con sus obligaciones cuando su omisión impide el acceso a derechos constitucionales, siempre que la demora sea irrazonable y cause perjuicio.

Autor: I.A.

Voces

  • acción de amparo
  • omisión legislativa
  • reglamentación
  • ley 27.705
  • derechos constitucionales
  • seguridad social
  • pensión por fallecimiento
  • omisión administrativa
  • control judicial
  • derechos de menores
  • discapacidad
  • exhorto judicial
  • plazo razonable

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