Berga Pablo Amílcar c/ANSeS s/Reajustes Varios

Expediente

FMZ 53240/2019

Tribunal

Cámara Federal de Mendoza

Tribunal inferior

Juzgado Federal de San Luis

Fecha del fallo

18/04/2023

Juez firmante

Manuel A. Pizarro - Gustavo E. Castiñeira de Dios

www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B FMZ 53240/2019/CA1 En la ciudad de Mendoza, a los días del mes de del año dos mil veintitrés, reunidos en acuerdo los señores miembros de la Sala "B", de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, doctores Manuel Alberto Pizarro, Gustavo Enrique Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci, en uso de licencia, procedieron a resolver en definitiva estos autos Nº FMZ 53240/2019/CA1, caratulados: "BERGA, PABLO AMILCAR c/ANSES s/Reajustes Varios", venidos del Juzgado Federal de San Luis, en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 27/09/21, contra la sentencia de fecha 21/09/21 que dispuso: "1.­ Haciendo lugar a la demanda deducida por el Sr. Pablo Amílcar Berga en contra de la Administración Nacional de la Seguridad Social, y, en consecuencia, revocando la resolución RCU­W N° 00586/19, de fecha 20/03/09, recaída en el expediente previsional Nº 024­20­11527023­1­146­000001; ordenando que ésta última dentro del término de ciento veinte (120) días proceda al recálculo del haber inicial y posterior movilidad según las pautas establecidas en los considerandos del presente fallo. Las sumas adeudadas devengarán el interés de la tasa pasiva que informe el B.C.R.A. desde la fecha de procedencia del reclamo y hasta la fecha de efectivo pago. 2.­ Declarando la inconstitucionalidad del Art. 21 de la Ley 24.463 e imponiendo las costas del proceso a la accionada objetivamente perdidosa. 3.­Difiriendo la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes".El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y arts. 4º y 15º del Reglamento de esta Cámara, previa y oportunamente se procedió a establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y votación: Sobre la única cuestión propuesta, el Sr. Juez de Cámara Dr. Manuel A . Vocalías Nº 1, 2 y 3.Pizarro, dijo: 1) Que contra la resolución de fecha 21/09/21, cuya parte resolutiva ha quedado transcripta al inicio de este acuerdo, la demandada ANSES interpone recurso de apelación, el cual es oportunamente concedido.Fecha de firma: 25/04/2023 Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MARIA FLORENCIA LLANO, SECRETARIO DE JUZGADO www.diarioprevisional.com.ar 1 #34416179#364673211#20230414095352971"www.diarioprevisional.com.ar Al expresar agravios (23/12/21), en primer lugar manifiesta que el juez ha ido más allá de lo solicitado por el actor en su demanda, fallando ultra petita al disponer actualizaciones de sus remuneraciones, cuando éste solo ha solicitado la "movilidad", la que ha sido correctamente aplicada por su mandante, conforme a la ley.Seguidamente, alega que el demandante no ha demostrado el perjuicio económico sufrido. Explica que, en el actual sistema de régimen de reparto se elimina, en materia de jubilación ordinaria, la referencia a una tasa de sustitución salarial, esto es, deja de lado el principio de proporcionalidad entre las remuneraciones percibidas en actividad y los haberes previsionales. En tal sentido, la jubilación ordinaria se integra por prestaciones cuya modalidad de cálculo difiere sustancialmente de su predecesora, sin guardar relación de proporcionalidad sustitutiva con los últimos años laborados y manteniendo un esquema permanente de topes intrínsecos y extrínsecos. A su vez, el régimen público tiene un sustrato eminentemente solidario a través de la Prestación Básica Universal (en adelante ?PBU?), que reciben todos los afiliados al SIJP, independientemente de su pertenencia al régimen de capitalización o reparto.PAP y PC.Se explaya acerca de los tres componentes que forman parte del haber inicial: PBU, Critica lo resuelto por el a quo respecto al límite fijado por el art. 24 de la ley 24.241, ya que de ese modo se desconoce una disposición específica, como la prescripta por la Ley 24.241 y por la ley Nº 24.463.Invoca arbitrariedad de la sentencia. Dice que el haber inicial del actor ha sido correctamente calculado de acuerdo a la normativa vigente, y en la especie, el actor no ha demostrado, que se haya incurrido en errores u omisiones en la determinación de la PBU, la PC y la PAP, puesto que se ha limitado a invocar el carácter confiscatorio del monto del haber comparándolo con los haberes de actividad. De ello surge que resulta improcedente el recálculo del haber inicial toda vez que no ha demostrado cuál es el vicio de nulidad que permitiría dejar sin efecto el acto administrativo que determinó el primer haber.Añade que no es cierto que no se ajustaron las remuneraciones percibidas por el actor en los últimos 10 años, toda vez que las mismas fueron actualizadas con el ISBIC (las anteriores al 31/03/1991), y con el índice de movilidad, las posteriores a dicha fecha, según el procedimiento establecido por los arts. 12 y 32 de la Ley 26.417 y Resolución SSS 6/2009.Fecha de firma: 25/04/2023 Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MARIA FLORENCIA LLANO, SECRETARIO DE JUZGADO www.diarioprevisional.com.ar #34416179#364673211#20230414095352971"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B FMZ 53240/2019/CA1 Invoca los precedentes ?Jalil? y ?Villanustre? de la CSJN, y critica el modo en el que se han movilizado las remuneraciones.Finalmente, hace reserva del caso federal.3) Corrido el traslado de rigor, el actor no contesta agravios, por lo que se tiene por decaído el derecho y se ordena el pase al acuerdo.4) Ingresando al análisis de la apelación vertida, considero que la misma debe ser desestimada, por las consideraciones que a continuación expondré.De las constancias de autos surge que el actor adquirió el derecho el día 23 de diciembre de 2017, conforme leyes 24.241, 24.476, 25.865 y 25.994 (cf. fs. 7).Que interpone reclamo administrativo a los fines de reajustar su haber, el cual es denegado mediante Resolución Nº RCU­W 00586/19, del 20/03/19.Ante dicha denegatoria, inicia reclamo judicial en fecha 6/12/19. El objeto de la demanda se plantea, sintéticamente, del siguiente modo: a) Impugnación de la resolución administrativa; b) Pleno reconocimiento del derecho al reajuste del haber jubilatorio; c) Pago de las sumas por capital, actualización monetaria e intereses, a las que resulte acreedor; y d) Rechazo del índice de la Reparación histórica (RIPTE, Ley 27.260), por haber sido expresamente desestimado oportunamente por el actor.A fin de probar su pretensión, acompaña como prueba, entre otras, un cálculo ilustrativo del haber reajustado (v. fs. 11/17). Esto es, una liquidación del haber, la que tiene como parámetro el índice ISBIC, tanto para los componentes PC y PAP, como así también para el componente PBU, atento haberse demostrado la confiscatoriedad de la misma (para ello, invoca los precedentes ?Quiroga? y ?Actis Caporale? de la CSJN). Con estos elementos, esencialmente, el juez de grado resuelve conceder el reajuste de su haber (PBU, PC y PAP), conforme el índice ISBIC del fallo ?Elliff? de la CSJN.Al referirse específicamente a la Prestación Básica Universal, observa particularmente que ha quedado desactualizado el aporte medio previsional obligatorio (en adelante ?AMPO?), por lo que, aplicando la doctrina ?Bruzzo? de la CFSS, Sala II, otorga el mismo tratamiento que para los restantes componentes, ratificando así el ISBIC antes decidido.Fecha de firma: 25/04/2023 Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MARIA FLORENCIA LLANO, SECRETARIO DE JUZGADO www.diarioprevisional.com.ar 3 #34416179#364673211#20230414095352971"www.diarioprevisional.com.ar En cuanto a la movilidad, dispone que, por los períodos posteriores a la adquisición del beneficio y hasta el 31/12/2006 (primera y segunda etapa), deben aplicarse las variaciones anuales del Índice de Salarios, nivel general, elaborado por el INDEC, conforme fallo "Badaro, Adolfo Valentín" (Considerando 21). Que, a partir del 1/01/07, deben aplicarse los aumentos legales conforme los parámetros establecidos en la ley 26.198, Dec. 1346/07 y Dec. 297/08 y ley 26.417. Asimismo, hace especial mención de la Ley 27.426 vigente desde el 29/12/17, fecha en la que deberá de ser válida la modalidad de ajuste que ella implementa.5) La ANSES, en su apelación, cuestiona esencialmente tres puntos: 1) La resolución ultra petita, por ir más allá de lo solicitado; 2) El reajuste del haber en sus tres componentes, especialmente en la PBU; y 3) La movilidad aplicada.Procedo a desarrollarlos en ese orden.a) Primeramente, ya quedó identificado el objeto de la demanda, el cual abarcaba el reajuste de la totalidad del haber, esto es: componentes del haber inicial y movilidad. De hecho, los fundamentos legales y de hecho de la demanda así lo dejan sentado. Incluso la prueba ofrecida intenta demostrar la pretensión. Por lo que, este agravio debe ser desestimado sin más, atento el a quo se ha limitado al objeto de la traba de la Litis.b) En cuanto al reajuste del haber inicial, trataré por un lado, los componentes PC y PAP, y por el otro, la PBU, deteniéndome en esta última. Respecto al reajuste del haber inicial en sus componentes PC y PAP, debe confirmarse la solución de primera instancia, ya que se refiere correctamente a la doctrina del Máximo Tribunal recaída en los autos "Elliff, Alberto José c/ ANSES s/ reajustes varios" (11­08­2009). Allí, se ordenó la aplicación sin limitación temporal del índice de los salarios básicos de la industria y la construcción ?personal no calificado­, adoptado por la resolución de ANSES nº 140/95. No obstante ello, con la sanción de la ley 26.417 la situación cambió respecto de la prestación compensatoria. El art. 2º establece que a fin de practicar la actualización de las remuneraciones a que se refiere el artículo 24, inciso a) de la Ley 24.241 (el haber mensual de la prestación compensatoria), para aquellas que se devenguen a partir de la vigencia de la presente ley (febrero de 2009), se aplicará el índice combinado previsto en el artículo 32 de la mencionada, el que a su vez, remite al Anexo de la Ley.Fecha de firma: 25/04/2023 Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MARIA FLORENCIA LLANO, SECRETARIO DE JUZGADO www.diarioprevisional.com.ar #34416179#364673211#20230414095352971"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B FMZ 53240/2019/CA1 Es decir, que las remuneraciones devengadas hasta febrero de 2009 se ajustaran por el índice ISBIC, mientras que la prestación compensatoria de marzo y las de los meses siguientes hasta la adquisición del beneficio, deberá actualizarse conforme manda el nuevo régimen previsional (art. 15, Ley 26.417).Hecha esta salvedad, la situación de la Prestación Básica Universal es un tanto distinta. Tal como explicó la Corte Federal en el precedente ?Quiroga, Carlos A.? (Fallos 337:1277), la redacción original de la ley 24.241 establecía que la prestación básica debía ser equivalente a dos veces y media el aporte medio previsional obligatorio (AMPO) (art. 20) el cual, a su vez, se definía como cociente entre el promedio mensual de los aportes de los trabajadores al sistema y el promedio mensual de afiliados (art. 21), fórmula que sin duda habría de reflejar ­entre otros factores­ las variaciones salariales.Que luego, mediante el dictado de la Ley 26.417, se le fijó un valor nominal en el art. 4 ($ 326), previendo su actualización mediante el uso de la fórmula creada para determinar la movilidad de las prestaciones contenida en el Anexo de dicha ley (Resolución SSS 6/09, art. 5). Allí explicó el Máximo Tribunal que ese cálculo, además de ponderar los recursos de la ANSeS, integra las variaciones del índice general de salarios elaborado por el INDEC o la evolución de las remuneraciones imponibles promedio (RIPTE) publicadas por la Secretaría de Seguridad Social. Con tal fundamento, destacó que la Constitución Nacional reconoce el carácter integral de todos los beneficios de la Seguridad Social (Fallos: 328:1602 y 2833), aspecto del que es parte esencial la correcta fijación del monto inicial de los haberes, pues de otro modo no podría mantenerse una relación justa con la situación de los activos.Concluyó entonces que para determinar la validez constitucional de las normas en juego y, eventualmente, adoptar un método para subsanar el daño atribuible a ellas, la Alzada debía considerar de manera concreta, qué incidencia tenía la ausencia de incrementos de uno de los componentes de la jubilación sobre el total del haber inicial ­pues es éste el que goza de protección­, y en caso de haberse producido una merma, constatar si el nivel de quita resultaba confiscatorio.Fecha de firma: 25/04/2023 Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MARIA FLORENCIA LLANO, SECRETARIO DE JUZGADO www.diarioprevisional.com.ar 5 #34416179#364673211#20230414095352971"www.diarioprevisional.com.ar Con este norte, la jurisprudencia comenzó a evaluar en cada caso en particular, si la ausencia de incremento de la PBU sobre el total del haber inicial, arrojaba resultados confiscatorios (esto es, una quita mayor al 15% conforme doctrina de ?Actis Caporale?). Algunos, surgían recién en etapa de liquidación, por lo que se difería la cuestión para dicha oportunidad. Otros, como es el caso que nos ocupa, podía verse dicha confiscatoriedad desde el inicio en tanto el accionante se habría encargado de acompañar una liquidación propia con los cálculos efectuados. Adviértase en lo particular que el actor realiza diversos cálculos por los que considera demostrado el perjuicio que le ocasiona la falta de ajuste de la PBU (utilizando el índice ISBIC) y con ello la confiscatoriedad a que alude el Alto Tribunal.Ahora bien, la CSJN no fijó el índice con el cual habría de llevar a cabo esos cálculos de confiscatoriedad. Si bien, en los restantes componentes (PC y PAP), en ese mismo precedente, confirmó el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) propuesto en la causa ?Elliff?, nada dijo en particular sobre la PBU.Esta Alzada, en otras oportunidades, consideró justo calcular el AMPO/MOPRE, conforme las pautas del precedente ?Badaro? al entender que durante el periodo 2002 a 2006 la movilidad legal fue insuficiente, por lo que ordenó aplicar el Índice de Salarios Nivel General Anual publicado por el INDEC, que arrojaba una evolución del 88,57%. Sin embargo, un nuevo estudio de la cuestión nos ha hecho reflexionar sobre el resultado de la aplicación de aquel índice. Ello por cuanto en el precedente ?Badaro? se discutía la movilidad de la jubilación y no su reajuste. Este precedente madre del plexo jurisprudencial previsional, vino a poner en jaque la validez del sistema de movilidad argentino, pero no la forma de recalcular un haber inicial.Es que, teniendo en cuenta lo resuelto por la CSJN en el precedente ?Elliff? sobre la finalidad de un indicador salarial en materia previsional, que es mantener una razonable proporción entre los ingresos activos y pasivos, es que consideramos que es el índice ISBIC el que deberá aplicarse para redeterminar el valor del AMPO/MOPRE al momento del cálculo de la Prestación Básica Universal. Es del caso señalar que la doctrina judicial sentada a partir de los fallos del Alto Tribunal en las cuestiones previsionales, ha trazado un camino progresivo y ascendente hacia la consagración efectiva de los derechos que de aquellas se derivan y con un claro Fecha de firma: 25/04/2023 Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MARIA FLORENCIA LLANO, SECRETARIO DE JUZGADO www.diarioprevisional.com.ar #34416179#364673211#20230414095352971"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B FMZ 53240/2019/CA1 norte en la tutela judicial efectiva, en el marco de un contexto económico y social que requiere de esta posición.En efecto, no puede desconocerse que la finalidad de todos los indicadores que componen el haber jubilatorio y su movilidad, deben responder a parámetros lógicos, efectivos y necesarios en orden al detrimento­ también progresivo­ del poder adquisitivo de una persona en situación pasiva y que además, teleológicamente, responde a un principio de reconocimiento que le debe el Estado a los aportes que haya efectuado al progreso del país y, en particular, a sostener el sistema de reparto previsional.Es por ello que, al momento del dictado de la presente, teniendo en cuenta cuál es la situación concreta, económica y social, y el derecho que le asiste al aquí actor en relación al reajuste de su haber jubilatorio, la aplicación del índice ISBIC aparece actualmente como aquellas más justa para aplicarle a la PBU. Además de que los restantes componentes del haber (PC­PAP) ya, a partir de ?Elliff?, contienen dicho índice lo cual agrega un grado de uniformidad y dinamismo al momento en que se ejecute la sentencia y se produzca la correspondiente actualización, mediante una liquidación que evite ser objeto de dilaciones innecesarias y permita, en definitiva, recomponer el haber jubilatorio.Entendemos que, recalcular el AMPO/MOPRE con este índice, no dejaría de lado el rol que cumple este componente (léase universalidad), sino que estaría respetando su integralidad, carácter reconocido y protegido por la Constitución Nacional, porque es el mismo que se utiliza para actualizar las remuneraciones que se tuvieron en cuenta para el cálculo de los otros dos componentes del mismo haber, PC y PAP. Asimismo, como ya señalé anteriormente, fue nuestro Máximo Tribunal quien resaltó la correcta fijación que debe existir del monto inicial para así poder mantener una relación justa con la situación de los activos. Por ello, en diferentes precedentes, entre ellos el ya nombrado ?Elliff?, como también en ?Blanco? y ?Fernández, Miguel? (CSS 62360/2013/CS1CA1), analizando la problemática de la falta de actualizaciones y el cálculo correcto del haber inicial, confirmó y entendió que se debía realizar mediante el Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción. Por esta razón, considero que apartarse de tal criterio como así también de la manera de recalcular un mismo haber inicial, homogéneo, único, con períodos coetáneos, sería una incongruencia jurídica y Fecha de firma: 25/04/2023 Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MARIA FLORENCIA LLANO, SECRETARIO DE JUZGADO www.diarioprevisional.com.ar 7 #34416179#364673211#20230414095352971"www.diarioprevisional.com.ar práctica (en idéntico sentido ver Cámara Federal de Rosario, autos FRO 25922/2016 "ANTONELLI, Ricardo c/ Anses s/ Reajustes Varios"; FRO 53000221/2007, "AMAT, Juan Alberto c/ ANSES s/ Ejecución previsional"; FRO 68412/2018, "LOPEZ, Osvaldo Ricardo c/ Anses s/ Ejecución previsional"; y más recientemente FRO 86607/2018 "MUJICA, Norberto Luis c/ ANSES s/ Ejecución Previsional", del 1/06/21).Volviendo al caso del Sr. Pablo Berga, en su liquidación, efectuó las siguientes operaciones: PBU reajustada con ISBIC ($ 7.248,48) vs. PBU administrativa ($ 3.423,58); la que arrojaría una confiscatoriedad superior al 15% (diferencia de $ 3.824,9). Es que, esta mejora superaría el 15% del total del haber reajustado (?haber inicial a la fecha de la adquisición? $ 10.804,57).De los datos recabados podemos concluir que, si calculamos la confiscatoriedad comparando la incidencia de la actualización o no de la PBU sobre el haber reajustado, arrojaría los siguientes resultados: PBU administrativa (no reajustada): $ 3.423,58 ­ ­ ­ ­ PBU reajustada: $ 7.248,48 PC reajustada: $ 1.680,35 PAP reajustada: $ 1.875,74 ­ Total Haber Reajustado (PC­PAP­PBU): $ 10.804,57 ­ Total Haber sin reajuste de PBU: $ 6.979,67 ­ Diferencia: $ 3.824,9, la que equivale a un 35% (quita o merma/PBU+PC+PAP reajustadas).Esta diferencia, con un porcentaje equivalente al 35% de la merma, si se reajustara la PBU conforme la forma administrativa y no con el ISBIC, efectivamente tendría un grado de confiscatoriedad que ha sido señalado y corregido por la CSJN y los tribunales inferiores en forma inveterada y sentando precedente claros, en los cuales no encuentro derecho ni fundamento alguno para su modificación. Si bien tal operatoria no fue materia de agravios, no merece reproche alguno, habida cuenta que se arriba a tal resultado, estableciendo la diferencia entre la PBU redeterminada y la considerada inicialmente, y se calcula su incidencia sobre el total del haber reajustado. De este modo cuantifica la ausencia del incremento a la fecha reclamada (dicho modo de cálculo resulta concordante con lo resuelto recientemente por la Cámara Fecha de firma: 25/04/2023 Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MARIA FLORENCIA LLANO, SECRETARIO DE JUZGADO www.diarioprevisional.com.ar #34416179#364673211#20230414095352971"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B FMZ 53240/2019/CA1 Federal de la Plata, Sala III, in re "Correa, Adolfo Francisco c/ ANSES s/ Reajustes Varios" del 2/06/22; como así también).Que en consecuencia, corresponde confirmar lo resuelto por el juez de grado en este punto, en tanto de las pruebas ofrecidas ha surgido lo anteriormente analizado. c) Respecto de la movilidad, la fecha de adquisición del derecho data del 23 de diciembre de 2017 motivo por el cual, rigen las leyes 26.417, 27.426 (a partir del 28/12/17), sgtes. y cc. 6) Respecto de las costas de la presente instancia, atento al resultado obtenido y habiéndose declarado la inconstitucionalidad del art. 21 de la Ley Nº 24.463 en primera instancia, corresponde imponerlas a la demandada vencida (art. 68 del CPCCN).7) Diferir la regulación de honorarios de esta instancia hasta que exista base firme de liquidación (art. 51, Ley 27.423), De esta manera respondo por la AFIRMATIVA a la única cuestión propuesta al comienzo de este pronunciamiento. Es mi voto. Gustavo E. la única cuestión propuesta, el señor juez de Cámara, Dr. Sobre Castiñeira de Dios , dijo : Que adhiere al voto que antecede, por sus fundamentos.En mérito del resultado que se instruye en el acuerdo precedente, por unanimidad, SE RESUELVE: 1) NO HACER LUGAR al recurso de apelación deducido por ANSES y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, en cuanto fueron motivo de agravios. 2º) IMPONER las costas a la demandada vencida (art. 68 del CPCCN). 3º) DIFERIR la regulación de honorarios suo tempore (art. 51, Ley 27.423) Protocolícese. Notifíquese. Publíquese.MP Fecha de firma: 25/04/2023 Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MARIA FLORENCIA LLANO, SECRETARIO DE JUZGADO www.diarioprevisional.com.ar 9 #34416179#364673211#20230414095352971"www.diarioprevisional.com.ar CONSTE: Que el Señor Juez de Cámara Dr. Juan Ignacio Pérez Curci no suscribe la presente resolución por encontrase en uso de licencia, por lo que resulta de aplicación el art. 109 del Reglamento para la Justicia Federal.Fecha de firma: 25/04/2023 Firmado por: MANUEL ALBERTO PIZARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: GUSTAVO CASTINEIRA DE DIOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MARIA FLORENCIA LLANO, SECRETARIO DE JUZGADO www.diarioprevisional.com.ar #34416179#364673211#20230414095352971"

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