Arias Oscar Alejandro c/ANSeS s/Amparo Ley 16.986

Expediente

FCB 171/2022

Tribunal

Juzgado Federal de Córdoba nº 3

Fecha del fallo

23/04/2024

Juez firmante

Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja

www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 3 "ARIAS, OSCAR ALEJANDRO c/ ANSES s/AMPARO LEY 16.986" Córdoba, de abril de 2024.- CMP 171/2022 Y VISTOS: I. Los presentes autos caratulados: "ARIAS, OSCAR ALEJANDRO c/ ANSES s/ AMPARO Ley 16.986" (Expte. Nº 171/2022) , venidos a despacho a los fines de dictar sentencia.Que comparece a la Instancia el actor, por derecho propio y con el patrocinio letrado de los Dres. Mateo Francisco Álvarez y María Emilia Campos a quienes posteriormente otorga Carta Poder e inicia acción de amparo en contra de la ANSES a fin de que previo los trámites de ley declare la inaplicabilidad del Decreto 300/1997 y ordene a la accionada otorgar el retiro por invalidez, todo ello por considerar que en forma inminente se lesionan con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos reconocidos por la Constitución Nacional, por Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y de Seguridad Social incorporados a nuestro derecho, como el de igualdad ante la ley, acceso a la seguridad social y derecho de propiedad.En cuanto a los hechos, expresa que con fecha 15/07/2021 solicitó el beneficio de Retiro por Invalidez ante la ANSES, cumplimentando los requisitos establecidos por la Ley 24.241, sin embargo en la misma fecha, fue resuelto desfavorablemente sin haber sido citado ante la Comisión Médica Jurisdiccional a los de que se realice una Junta Médica que determine el porcentaje de incapacidad que posee.Destaca que la administración decidió rechazar el trámite iniciado, de modo arbitrario al considerar en la Resolución denegatoria que: "...Que no se observa la presentación de la declaración jurada de salud por parte del solicitante al momento de la inscripción como efector social en el mes 10/2019, por lo que no corresponde considerar dichos aportes para la determinación de la calidad de aportante. Que en razón de los considerandos precedentes www.diarioprevisional.com.ar #36157084#408119956#20240422145523279"www.diarioprevisional.com.ar corresponde denegar la solicitud del titular por no cumplir con la calidad de aportante requerida...".En cuanto a los fundamentos de la acción, destaca: 1) la ley a la cual el actor pretende acogerse, (Ley N° 24.241) la cual prevé específicamente el mecanismo y los requisitos que deben reunirse para solicitar el beneficio de retiro por invalidez, que en su art. 48 dispone: "...Tendrán derecho al retiro por invalidez, los afiliados que: a) Se incapaciten física e intelectualmente en forma total por cualquier causa. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en su capacidad laborativa una disminución del sesenta y seis por cieno (66%) o más; se excluyen las invalideces sociales o de ganancias; b) No hayan alcanzado la edad establecida para acceder a la jubilación ordinaria ni se encuentren percibiendo la jubilación en forma anticipada...". A tal efecto, pone de manifiesto que el Sr. Arias registra aportes en relación de dependencia reconocidos por la propia ANSES desde el mensual 04/1993 hasta 08/2011, además de los de efector social desde el período 10/20019, acreditando, según criterio de ANSES, la calidad de aportante irregular con derecho.Señala que la demandada no solo denegó la solicitud del beneficio de Retiro por Invalidez, sino además ello implicó la no apertura del procedimiento de evaluación de la incapacidad previsto en el art. 49 de la ley 24.241 y su reglamentación.Por último, expresa que el Decreto 300/97 reemplazó el examen médico previsto por el Decreto 55/1994 por una Declaración Jurada de Salud, aduciendo que en la práctica el procedimiento establecido fue de difícil cumplimiento, ocasionando inconvenientes a los afiliados.Realiza un análisis sobre la procedencia de la vía procesal elegida y los derechos lesionados. Ofrece prueba, cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal.II. Corrido el traslado del informe del art. 8 de la Ley 16.986, comparece la Dra. María Pía Avellaneda en el carácter de apoderada de ANSES conforme poder que acompaña, evacúa el mismo y niega todos los hechos que no sean expresamente reconocidos por su mandante.www.diarioprevisional.com.ar #36157084#408119956#20240422145523279"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 3 En primer término, destaca la improcedencia de la acción de amparo.En cuanto a los hechos, señala que el actor inicia su expediente administrativo tendiente a obtener el beneficio de jubilación por invalidez, que fuere denegado por no haber realizado el titular el trámite de presentación de la DDJJ que prevé el art. 2 del Decreto 300/97 a fin de que la Comisión Médica pudiera determinar si el mismo se encontraba capacitado al inicio de la actividad y no contaba con patologías contemporáneas al alta autónomo /monotributista.Destaca que resulta obligatoria la presentación de la declaración jurada de salud a todo trabajador independiente a fin de determinar si el mismo padece alguna incapacidad al momento de su afiliación, siendo esta la única obligación del trabajador independiente que se incorpora a SIPA, conforme lo establece el art. 2° del decreto 300/97.Efectúa un análisis de la normativa impugnada y solicita el rechazo de la acción con imposición de costas por su orden. Hace reserva del Caso Federal.III. Que evacuada la vista del Ministerio Público Fiscal se ordena pasar los autos a despacho a los fines de resolver.Y CONSIDERANDO : I. Conforme los términos en que ha quedado trabada la Litis, el Tribunal debe resolver a) si existe agravio constitucional alguno y, en su caso si es procedente ordenar a la ANSES el otorgamiento del beneficio de Jubilación por Invalidez RTI y b) régimen de imposición de costas.Como cuestión previa y en relación al planteo de la accionada sobre la improcedencia de la acción de amparo, considero no le asiste razón, por cuanto se encuentran cumplimentados los requisitos estatuidos en el art.1º de la ley 16.986 y 43 de la C.N., para la procedencia de la misma.Además, debe tenerse en cuenta que el presente amparo versa sobre la protección de un derecho de carácter alimentario ? beneficio de jubilación por invalidez-, por lo que no admite una dilación en el tiempo propia de un juicio ordinario.II. A los fines de dilucidar la cuestión traída a conocimiento del Tribunal, es importante hacer una breve síntesis de lo acontecido en sede www.diarioprevisional.com.ar #36157084#408119956#20240422145523279"www.diarioprevisional.com.ar administrativa. Así, tenemos que con fecha 17/05/2021 el actor solicitó retiro por invalidez, conforme resulta del "Cómputo Ilustrativo" el actor que tiene por reconocidos 04 años; 07 meses de servicios con aportes y el órgano administrativo le reconoce al actor la calidad de "APORTANTE IRREGULAR CON DERECHO".También se glosa la Resolución denegatoria de fecha 27/07/2021, que en su Considerando expresa textualmente: "?Que de acuerdo con el apartado 2 de la reglamentación del art. 27 de la Ley N° 24.241, contenida en el Dto. N° 55/94, sustituido por el art. 2 de la Dto. 300/97 "?Será obligatorio para el trabajador que incorpore a SIPA, presentar la Declaración Jurada de Salud a los fines de determinar si padece alguna incapacidad al momento de su afiliación mientras no haya cumplido ese requisito, o si la declaración contiene falsedades o reticencias, la afiliación no producirá efecto alguno a los fines de la obtención del retiro por invalidez o pensión por fallecimiento del afiliado en actividad. Si se establece que se encontraba incapacitado en los términos del art. 48 de la ley 24.241, la afiliación no producirá efecto alguno a los fines de la obtención del retiro transitorio por invalidez o pensión por muerte del afiliado en actividad cuando la contingencia se produjera como consecuencia de la patología existente al momento de la afiliación. Que no se observa la presentación de la declaración jurada de salud por parte del solicitante al momento de la inscripción como efector social en el mes 10/2019, por lo que no corresponde considerar dichos aportes para la determinación de la calidad de aportante?".Respecto a la cuestión de fondo planteada en la causa, es menester señalar que la ley 24.241 en su art. 95 reglamentado por el Decreto 460/99, define los requisitos que debe reunir un afiliado para ser considerado aportante regular o irregular con derecho.A su vez el Decreto 300/97 indica que, resulta obligatoria la presentación de Declaración Jurada de Salud a todo trabajador independiente sea éste autónomo, monotributista o efector social, con el objeto de determinar si padece alguna incapacidad en un porcentaje del 66% o más al momento de su afiliación, siendo ésta la única obligación del trabajador independiente que www.diarioprevisional.com.ar #36157084#408119956#20240422145523279"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 3 se incorporó al SIPA. Que esta última normativa fue la que motivó la denegatoria del beneficio previsional, al considerar que el actor se encontraba incapacitado al momento de presentar la declaración jurada, no obstante estar cumplimentados los presupuestos dispuestos por el Decreto 460/99.De esta manera es importante dejar aclarado que la exigencia dispuesta, por este decreto constituye un nuevo requisito, que en efecto condiciona la percepción del beneficio y que implica lisa y llanamente la denegación del acceso a la jubilación para el actor.Por un lado, se advierte que el acto administrativo aquí impugnado alude como presupuesto obligatorio la presentación de Declaración Jurada de Salud para todos los trabajadores independientes que se afilien al SIPA. No obstante, el actor registra alta al Monotributo y cumplimiento del pago de los aportes autónomos por el lapso de 18 meses (cómputo ilustrativo), es decir que la propia administración permitió la afiliación al SIPA, y luego de un año y diez meses de la afiliación pretende desconocerla en función de presuponer que el actor se encontraba incapacitada al momento de inscribirse como efector social, esto implica, una conducta negligente de la ANSES por cuanto permitió la inscripción y el ingreso de los aportes y luego a fin de dar cabal cumplimiento a los recaudos estatuidos por los arts. 6º y 7º del Decreto 300/97 rechaza la pretensión.La accionada, deniega el beneficio, so pretexto de que el actor no presentó declaración jurada de salud al ingresar al SIPA encontrándose incapacitado, sin embargo, es lógico pensar que si el actor ingreso al Sistema es porque cumplimentó todos los requisitos que le fueron impuestos, caso contrario no hubiera sido afiliado.En otro orden observamos que, conforme surge del "Cómputo Ilustrativo " de la ANSES, se le reconoce a actor la categoría de aportante irregular con derecho cumplimentando los servicios con aportes exigidos por ley, y por no haber presentado la declaración jurada de salud al momento de afiliación al SIPA, le deniega el beneficio. En relación a ello es dable señalar que los requisitos formales en materia previsional no deben ser dirimentes al momento de otorgar un beneficio, que por su finalidad específica es fundamental para cubrir riesgos de subsistencia por incapacidad laboral y www.diarioprevisional.com.ar #36157084#408119956#20240422145523279"www.diarioprevisional.com.ar vejez. Tampoco el Tribunal puede dejar de advertirse que la ANSES no remitió los antecedente para que la Comisión Médica Nº5 emita dictamen.Considero que nos encontramos ante una resolución viciada de "arbitrariedad", según la conceptualización de nuestro más Alto Tribunal dado que una decisión respecto de la cual no se brinda fundamento fáctico y jurídico que le sirva de base, configura un típico ejemplo de la lesión por arbitrariedad (CARRIÓ, Genaro "El recurso Extraordinario por sentencia arbitraria, Bs As., 1º Edi. Pág.229 y sgtes.)."En ese sentido, corresponde recordar que todo lo atinente a la materia previsional debe apreciarse conforme a la finalidad que se persigue, ámbito en el cual el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de que no se desnaturalicen los fines que la inspiran, que no son otros que la cobertura de riesgos de subsistencia y la protección integral de la familia, ya que el carácter alimentario de los derechos en juego impone a los jueces el deber de actuar con extrema cautela cuando se trata de juzgar peticiones de esta índole. También es oportuno señalar que el carácter alimentario de todo beneficio previsional, que tiende a cubrir las necesidades primarias de los beneficiarios y su reconocida naturaleza de subsistencia, obliga a sostener el "principio de favorabilidad" y a rechazar toda fundamentación restrictiva." (Cfr.: CSJN causa "Benedetti, Estela Sara c/ P.E.N. ley 25.561 - Dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo" -B. 1694. XXXIX- (16/9 /08), Considerando n° 4). En definitiva, en materia previsional, como regla -como bien señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo citado-, ha de estarse a la sustancia de la pretensión y su finalidad última: la integralidad e irrenunciabilidad de los derechos.En la cuestión que aquí nos ocupa debe tenerse especial consideración en que el propio Estado (ANSES) fue el que posibilitó la inclusión al SIPA. De ello se sigue que, en la especie, el actor resulta claramente damnificado ante el desconocimiento de su derecho al beneficio previsional por parte del ente estatal al amparo de la normativa en crisis.Todo lo cual es incompatible con los artículos 24 de la C.A.D.H. y 3 del Protocolo de San Salvador en tanto el Estado se ha obligado a no discriminar y www.diarioprevisional.com.ar #36157084#408119956#20240422145523279"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 3 a otorgar igual protección de la ley a todas las personas, por lo que corresponde, en la especie, no resulta aplicable, el artículo 2º del Decreto 300 /97.Por todo ello corresponde declarar la nulidad de la Resolución denegatoria de fecha 27/07/21, y ordenar a la ANSES que, dentro del término de 30 días proceda a: a) remitir las actuaciones a la Comisión Médica N° 5 a fin de que emita dictamen respecto al porcentaje de incapacidad del actor; y b) en caso de que el Dictamen arroje un porcentaje igual o superior al 66% de la total obrera, la demandada deberá dictar el correspondiente acto administrativo otorgando al actor el beneficio de Jubilación por lnvalidez en su carácter de aportante irregular con derecho, y dentro de los 120 días deberá abonar los haberes no percibidos desde la fecha de solicitud esto es el 17/05 /2021 Las sumas adeudadas a la accionante, devengarán el interés de la tasa .pasiva promedio que publica el BCRA hasta su efectivo pago.III. A mérito a lo expuesto, dejando a salvo el criterio personal del suscripto, por razones de economía y celeridad procesal ante los diferentes pronunciamientos de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, las costas se imponen a la ANSES, en su carácter de vencida (art. 68 CPCCN).La regulación de honorarios de la letrada interviniente debe efectuarse según las pautas de las leyes arancelarias de la Ley 27.423 vigente al momento de la realización de los trabajos profesionales, ponderando el mérito de la labor profesional apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo, como asimismo la naturaleza, complejidad del asunto y el resultado a que se hubiese arribado. Regular los honorarios de los Dres. Mateo Francisco Álvarez y María Emilia Campos en el carácter de apoderados, en la cantidad de veinte (20) UMA, equivalente a suma de Pesos Novecientos Ocho Mil Ochocientos ($ 908.800) ? valor U.M.A.$ 45.400 conforme Acordada N° 8/2024 CSJN ? acorde arts. 16 y 48 de la Ley 27.423. No se procede en igual sentido con la letrada apoderada de la demandada, por ser profesional a sueldo (art. 2 de la Ley 27.423).Por ello; RESUELVO: 1) Declarar la inaplicabilidad del Decreto Ley 300/97.www.diarioprevisional.com.ar #36157084#408119956#20240422145523279"www.diarioprevisional.com.ar 2) Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por el Oscar Alejandro ARIAS en contra de la ANSES, y en consecuencia declarar la nulidad de la Resolución de fecha 27/07/21, ordenar a la accionada a fin de que dentro del plazo de treinta (30) días: a) remita las actuaciones a la Comisión Médica N° 5 a fin de que emita dictamen respecto al porcentaje de incapacidad del actor; y b) en caso de que el Dictamen arroje un porcentaje igual o superior al 66% de la total obrera, la demandada deberá dictar el correspondiente acto administrativo otorgando al actor el beneficio de Jubilación por lnvalidez en su carácter de aportante irregular con derecho, y dentro de los 120 días deberá abonar los haberes no percibidos desde la fecha de solicitud esto es el 17/05 /2021 . Las sumas adeudadas a la accionante, devengarán el interés de la tasa pasiva del BCRA hasta su efectivo pago.3) Imponer las costas del juicio a la vencida (art. 68 CPCCN). Regular los emolumentos de los Dres. Mateo Francisco Álvarez y María Emilia Campos, en la cantidad de veinte (20) UMA, equivalentes a suma de Pesos Novecientos Ocho Mil Ochocientos ($ 908.800) conforme Acordada N° 8/2024 CSJN ? acorde arts. 16 y 48 de la Ley 27.423. No se procede en igual sentido con la letrada apoderada de la demandada, por ser profesional a sueldo (art. 2 de la Ley 27.423).4) Protocolícese y hágase saber.MIGUEL HUGO VACA NARVAJA JUEZ FEDERAL www.diarioprevisional.com.ar #36157084#408119956#20240422145523279"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE CORDOBA 3 www.diarioprevisional.com.ar #36157084#408119956#20240422145523279"

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