Algarbe Cristina del Valle c/ ANSeS s/ Reajuste por Movilidad

Expediente
25342/2019
Tribunal
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba
Tribunal inferior
Juzgado Federal N° 2 de Cordoba
Fecha del fallo
19/05/2025
Juez firmante
Abel Guillermo Sánchez Torres - Liliana Navarro - Eduardo Ávalos

www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARIA PREVISIONAL ? SALA B AUTOS: "ALGARBE, CRISTINA DEL VALLE c/ ANSES ? REAJUSTES POR MOVILIDAD" (Expte. N° FCB 25342/2019/CA1) En la ciudad de Córdoba, reunida en Acuerdo la Sala "B" de la Excma.Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: "ALGARBE, CRISTINA DEL VALLE c/ ANSES ? REAJUSTES POR MOVILIDAD" (Expte. N° FCB 25342/2019/CA1), venidos a conocimiento del tribunal en virtud del recurso de apelación articulado por las representación jurídica de la parte demandada -cuya personería se encuentra acreditada al contestar la demanda-, en contra de la sentencia de fecha 13 de marzo de 2024 dictada por el señor Juez Federal N°2 de Córdoba que -en lo pertinente- decidió admitir la procedencia de la acción en contra de la A.N.Se.S. y en consecuencia, ordenó a esta última que recalcule la PBU, PC y PAP de la actora, de acuerdo a lo allí señalado, con costas a la demandada.Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces intervinientes emiten su voto en el siguiente orden: ABEL G. SÁNCHEZ TORRES - EDUARDO AVALOS ? LILIANA NAVARRO - El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, dijo: I.- La parte demandada se agravia por las pautas brindadas por el Juzgador para la determinación del haber inicial conforme la doctrina establecida por la C.S.J.N. en el fallo "Elliff". Solicita por los argumentos que expone la aplicación del índice combinado dispuesto en la Ley Nº27.260, y demás normas que allí cita.Asimismo, se queja por la declaración de inconstitucionalidad de las Leyes N°27.426, 27.541 y 27.609. Por último, objeta el criterio sentado por el Inferior respecto al Impuesto a las Ganancias y cuestiona la imposición de costas a su mandante, solicitando sean por el orden causado conforme art. 21 de la Ley 24.463.Corrido el traslado de ley, la parte actora contestó agravios, quedando la causa en estado de ser resuelta.Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar II.- Del análisis de la causa se desprende que la actora es titular de un beneficio previsional obtenido con fecha 03.02.2017 con arreglo a la Ley Nº 24.241 (ver prueba documental digitalizada por la parte actora), y que oportunamente requirió en sede administrativa el reajuste de su haber, solicitud que fue desestimada por la A.N.SE.S. conforme surge de la resolución agregada al iniciar la demanda.III.- Ingresando al tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en relación a la pretendida aplicación del R.I.P.T.E. en sustitución del I.S.B.I.C. indicado por la Corte Suprema de Justicia en la causa "Elliff" al que remite el fallo apelado para actualizar las remuneraciones en relación de dependencia, corresponde señalar que la cuestión sometida a debate ya ha sido objeto de estudio por esta Alzada en autos: "Munizaga, Ernesto Juan c/ ANSES - Reajustes Varios" (Expte. N° FCB 33130153/2010/CA1), sentencia de fecha 3/03/2015, "Núñez, Marta Elena c/ ANSES - Reajustes Varios" (Expte. N° FCB 41140017/2.008/CA1), sentencia de fecha 12/03/2015, "Piazza, María Cristina c/ Anses ? Reajuste de Haberes" (Expte. Nº FCB 24170109/2011/CA1) y "Ferrini, Luis Enrique c/Anses s/reajustes por movilidad" (Expte. N° FCB 11060025/2011/CA1), sentencia de fecha 8/04/2019, argumentos que se dan por reproducidos íntegramente por razones de brevedad, en los que se confirmó la aplicación del precedente "Elliff" para redeterminar el haber inicial.Trasladando los fundamentos expuestos en los citados fallos y en atención a la fecha de adquisición del derecho del titular de autos, corresponde fijar la actualización de las remuneraciones devengadas -hasta el mensual de febrero de 2009 inclusive- conforme el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (I.S.B.I.C.), y a partir de allí y hasta la fecha de adquisición del derecho, se aplicarán las pautas fijadas por la Ley 26.417, sin perjuicio de que al practicar la liquidación se descuenten las actualizaciones de las remuneraciones ya efectuadas hasta la entrada en vigencia de esa ley. Para el caso de que éstas resulten mayores a las del procedimiento indicado, deberá estarse a las mismas.No debe perderse de vista que la parte actora obtuvo su beneficio encontrándose vigente el Decreto del P.E.N Nº 807/2016 (B.O. (28/6/2016), razón por la cual corresponde efectuar las siguientes consideraciones.Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARIA PREVISIONAL ? SALA B AUTOS: "ALGARBE, CRISTINA DEL VALLE c/ ANSES ? REAJUSTES POR MOVILIDAD" (Expte. N° FCB 25342/2019/CA1) La C.S.J.N. en el precedente "Blanco, Lucio Orlando c/ ANSES s/ reajustes varios (CSS 42272/2012/CSI-CA1), sentencia de fecha 18/12/2018, confirmó la aplicación del precedente "Elliff" para redeterminar el haber inicial remitiendo a lo consignado por la CSJN precedentemente con relación a la Resolución ANSeS N° 56/2018 ratificada por la Res. SSS N° 1/2018.Lo mismo cabe decir del Decreto 807/2016 cuando establece un índice de actualizaciones de las remuneraciones de los afiliados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que debería aplicarse, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 inciso a) y 97 de la ley 24.241 y sus modificatorias, con altas posteriores al mes de agosto del 2016 (arts. 1 y 2), siendo esta facultad reservada al Poder Legislativo de la Nación (Conf. Considerando 20 y 21 del precedente "Blanco" antes citado).alcance aquí dado.Por lo dicho, se confirma la sentencia apelada en este punto con el IV.- En cuanto al planteo relacionado con la Ley Nº 27.426 esta Alzada se expidió sobre el particular en los precedentes "Oses, Norma Rosario c/ ANSES s/ Reajustes Varios" (Expte. Nº FCB 26430/2019), Sentencia de fecha 30/06/2023 y "Secco, Celia Cesarina c/ Anses s/Reajustes Varios" (Expte. N° FCB 47759/2015) Sentencia de fecha 25/10/2023. En las citadas causas se explicitaron las razones por las cuales la movilidad de marzo de 2018 se debe determinar por la fórmula establecida en la Ley Nº26.417, argumentos que se dan por reproducidos íntegramente por razones de brevedad.en cuanto a este punto se refiere.En función de lo expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida V.- Con respecto al agravio referido a la Ley Nº 27.541, me remito a mi voto en el precedente "Alonso, Ana María c/ ANSES s/ Reajustes Varios" (Expte.Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar Nº FCB 32735/2016/CA1), Sentencia de fecha 28 de noviembre de 2022. En la citada causa se explicitaron las razones por las que considero debe rechazarse la declaración de inconstitucionalidad pretendida, al entender reunidos los extremos que legitiman la normativa de emergencia delineados por el Alto Tribunal (Conf.CSJN "Russo, Angel" Fallos: 243:467 (1959); 313:1513 (1991); 318:1887 (1995); 321:1984 (1998); 325:28 (2002); 330:3002; entre muchos otros).En función de lo expuesto, corresponde modificar parcialmente la sentencia recurrida en cuanto al punto y, en consecuencia, declarar aplicable dicha normativa para la movilidad del haber previsional de la actora.VI.- Ingresaré ahora al tratamiento del agravio de la demandada respecto a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley N° 27.609 efectuada por el Juez de grado en la Sentencia recurrida.Previo a todo, considero necesario destacar que no escapa a este Juzgador que no existió un pedido expreso por parte de la actora sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley N° 27.609 en el escrito de demanda, ya que la mencionada normativa no se encontraba vigente al iniciar el presente juicio; pero si cuestionó el sistema de movilidad de su haber jubilatorio por considerarlo regresivo. Sumando a ello, el Juez de grado se ha expedido declarando su inconstitucionalidad; por lo que resulta necesario ingresar al tratamiento de la cuestión sin más dilaciones.Dicho esto, cabe recordar que el Congreso Nacional dictó el 4 de enero de 2021 la Ley N° 27.609 mediante la cual dispuso un nuevo esquema de movilidad para los haberes previsionales. Este calcula los ajustes trimestrales a partir de una combinación de dos índices: a) el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) o el índice de salarios de INDEC (el que resulte mayor) en un 50%; b) el restante 50% en base a la recaudación de ANSES.Concomitante con ello, el Poder Ejecutivo dictó los Decretos N° 855/2021, 215/2022, 218/2022, 532/2022, 788/2022, 105/2023, entre otros sucesivos, otorgando bonos y compensaciones extraordinarios para mitigar el impacto de la inflación en los haberes previsionales.Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARIA PREVISIONAL ? SALA B AUTOS: "ALGARBE, CRISTINA DEL VALLE c/ ANSES ? REAJUSTES POR MOVILIDAD" (Expte. N° FCB 25342/2019/CA1) En este aspecto, el Alto Tribunal ha destacado que si bien se ha aceptado la validez constitucional de los cambios de los regímenes de movilidad, esto es, del reemplazo de un método de determinación de incrementos por otro, realizado a fin de lograr una mejor administración o dar mayor previsibilidad financiera al sistema de seguridad social (Fallos: 255:262; 295:694; 308:199; 311:1213; 318:1327); empero, el reconocimiento de esa facultad se encuentra sujeto a una indudable limitación, ya que tales modificaciones no pueden conducir a reducciones confiscatorias en los haberes (Fallos: 158:132; 170:394; 179:394; 234:717; 253:783; 258:14; 300:616; 303:1155). Asimismo, en materia de movilidad, ha puesto particular énfasis en que los beneficios jubilatorios, que desde su determinación inicial se han vinculado con un promedio de salarios devengados, deben ajustarse de modo de dar adecuada satisfacción a su carácter sustitutivo (doctrina de la causa "Badaro", Corte Suprema de Justicia de la Nación).También comparto la postura que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, por configurar un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella sino cuando una estricta necesidad lo requiera (Fallos 249:51; 264:364; 288:325; 328:1416, entre muchos otros). Asimismo, es menester recordar que la CSJN ha señalado que la primera regla de interpretación de un texto legal es la de asignar pleno efecto a la voluntad del legislador, cuya fuente inicial es la letra de la ley (Fallos: 297:142;299:93, 301:460). También ha considerado que la inconsecuencia del legislador no se supone, por lo que la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (Fallos: 306:721; 307:518 y 993). En este Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar orden de consideraciones, el Tribunal también ha señalado que debe indagarse el verdadero alcance de la norma mediante un examen de sus términos que consulte su racionalidad, no de una manera aislada o literal, sino computando la totalidad de sus preceptos de manera que guarden debida coherencia (v. doctrina de Fallos: 323:3289, considerando 4° y sus citas, entre otros) y atendiendo a la finalidad que se tuvo en miras con su sanción.En esta línea de pensamiento, no puedo dejar de señalar que el Poder Ejecutivo dictó el DNU N°274/2024, publicado el 25 de marzo de 2024, mediante el cual reformó nuevamente el art. 32 de la Ley N°24.241 ordenando la actualización mensual de los haberes jubilatorios de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) conforme la fórmula desarrollada en su correspondiente Anexo; la cual incluye una fase transitoria que garantizaría incrementos escalonados acordes al IPC, además de un ajuste extraordinario del 12,5% para compensar los efectos del esquema anterior. A fin de fundamentar el cambio de la formula anterior, (Ley N°27.609) reconoce expresamente que: "?la fórmula descripta presenta graves y serios inconvenientes en tanto: (i) no cubre suficiente ni razonablemente el riesgo inflacionario que afecta los beneficios de los adultos mayores, pues no tiene en cuenta la variación de los precios; (ii) presenta un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes; (iii) se basa en datos que no son de fácil acceso para el público, lo que dificulta su control por parte de la ciudadanía; y (iv) supedita el resultado de la movilidad al éxito que tenga el Estado con la recaudación impositiva, cuya volatilidad e incertidumbre atentan contra la estabilidad y la previsibilidad que se espera de una fórmula de movilidad jubilatoria. Que la fórmula de movilidad vigente ha arrojado resultados desastrosos para los jubilados y pensionados del país, quienes han sufrido una notoria pérdida del poder adquisitivo?". A su vez, allí se remarcó que: "?la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones como consecuencia del flagelo de la inflación y la vigencia de una fórmula de actualización de los haberes deficiente e injusta constituyen un problema ineludible y urgente que no puede ser postergado.".Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARIA PREVISIONAL ? SALA B AUTOS: "ALGARBE, CRISTINA DEL VALLE c/ ANSES ? REAJUSTES POR MOVILIDAD" (Expte. N° FCB 25342/2019/CA1) Después de todo, no cabe también perder de vista que el art. 14bis de la Constitución Nacional garantiza la movilidad de los haberes previsionales; lo cual ha sido señalado reiteradamente por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejando librada a la prudencia legislativa la determinación del método (Fallos 295:694 y 300:194), entre muchos otros. En esta misma línea, ha advertido que la reglamentación debe ser razonable y no puede desconocer el derecho de los beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la posición que tuvieron durante su vida laboral (Fallos: 279:389; 280:424; 292:447; 293:235; 300:84, 571; 305:866), señalado a su vez, que el legislador no sólo tiene la facultad, sino también el deber de fijar el contenido concreto de esta garantía constitucional, atendiendo a la especial protección que la Constitución otorga a los derechos sociales. En ese sentido, el artículo 75, incisos 19 y 23, impone al Congreso proveer al desarrollo humano y progreso económico con justicia social, ordenando medidas que aseguren el pleno goce de derechos reconocidos, en particular a los ancianos, descalificando cualquier medida que, en la práctica, comprometa estos derechos.De todo lo expuesto, se puede concluir que, si bien la ley ha perdido vigencia ya que el mecanismo de movilidad ha sido sustituido por otro distinto, ello no obsta a que las actualizaciones de los haberes operadas durante su vigencia, no deban ser reparadas.Por todo ello, concluyo que la movilidad prevista por el art. 1 de la Ley N°27.609 resulta violatoria del derecho de propiedad y de la garantía contemplada en el art. 14bis de la CN, como el propio Poder Ejecutivo Nacional lo ha expresado al momento del dictado del DNU N°274/2024, por lo que corresponde confirmar la Sentencia recurrida en este punto para el caso concreto.Ahora bien, atento el resultado arribado, analizando diversas variables respecto al índice que se ajuste a las garantías constitucionales reseñadas Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar precedentemente, considero que para el periodo mencionado deberá utilizarse el índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC hasta la entrada en vigencia del Decreto N°274/24. No obstante, la solución aquí dispuesta solo se aplicará si el cálculo supone una mejora en la prestación que percibió la Sra.Algarbe, debiendo estar a las disposiciones de la Ley N°27.609 en aquel período que eventualmente ésta resulte más favorable al haber de la actora.En el mismo sentido se han expedido recientemente la Cámara Federal de Mendoza (Sala A) en los autos caratulados: "Cortes, Leonardo Evaristo c Anses s Reajustes Varios" (Expte. N°13511/2021/CA1) Sentencia de fecha 12 de noviembre de 2024 y la Cámara Federal de Mar del Plata en los autos caratulados: "Giménez, Mirta Noemi c/Anses s/Reajustes Varios (Expediente Nº 3073/2022) Sentencia de fecha 25/04/2025.VII.- Ahora bien, con relación al agravio deducido respecto de la retención del Impuesto a las Ganancias conforme la Ley N° 20.628, este Tribunal ya ha dejado sentada su postura en reiteradas oportunidades en cuanto cabe remitirse a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "García, María Isabel", sentencia de fecha 26 de marzo de 2019, postura que ha sido mantenida por dicho Tribunal en numerosos pronunciamientos dictados con posterioridad.Bajo tal orden de ideas y siendo que con relación al valor de la jurisprudencia lo que provee de fundamento a la doctrina jurisprudencial del Máximo Tribunal de la Nación es la autoridad institucional de sus precedentes, fundada en la condición de que el Alto Tribunal es el intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, da lugar a que en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos, sus conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente seguidas tanto por la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación como por los tribunales inferiores (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 11/2/2014, "Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. c/Estado nacional ? JGM- SMC s/ Amparo ley 16.986" y Fallos 183:409, entre otros). Por lo tanto, el recurso de apelación en este punto no puede prosperar.Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARIA PREVISIONAL ? SALA B AUTOS: "ALGARBE, CRISTINA DEL VALLE c/ ANSES ? REAJUSTES POR MOVILIDAD" (Expte. N° FCB 25342/2019/CA1) VIII.- Ingresando al tratamiento de la cuestión planteada por la demandada respecto a la imposición de costas en primera instancia, cabe recordar que este Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad del art. 21 de la Ley N° 24.463 en los autos caratulados: "Cattaneo, Oscar c/ANSES- Reajuste de haberes" (Expte.N° FCB 11030058/2005/CA1) Sentencia de fecha 02/12/2015 (Sala A) y "Ramos, Miguel Efrain c/Anses s/Reajuste por movilidad" (Expte. N° FCB 11190072/2007/CA1), Sentencia de fecha 14/12/2015 (Sala B); en concordancia con el art. 36 de la Ley N° 27.423 atento lo dispuesto por el Alto Tribunal en la causa "Morales, Blanca Azucena c/Anses s/Impugnación de acto administrativo" (FCB N° 21049166/CS1) con fecha 22/06/2023.En función de la solución arribada en primera instancia donde la demandada resultó vencida, corresponde confirmar la imposición de las costas allí dispuesta.IX.- Respecto a las costas de la Alzada, en función de los citados precedentes y al resultado aquí arribado, se imponen por su orden (conforme artículos 68, segunda parte, y 279 del C.P.C.C.N. y 36 de la Ley N°27.423), regulándose los honorarios de la asistencia letrada de la parte actora en el 30% de lo que oportunamente se estime en la instancia de grado, no haciendo lo propio a la representación jurídica de la parte demandada por ser profesional a sueldo de su mandante (conf. arts. 30 y 2, respectivamente, de la ley 27.423). ASI VOTO.- El señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Avalos, dijo: I.- Que adhiero a la solución propuesta por el señor Juez de Cámara preopinante, doctor Abel G. Sánchez Torres, sobre las distintas cuestiones objeto de agravio. Ahora bien, considero necesario efectuar algunas consideraciones.Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar II.- En particular, respecto al agravio de la demandada sobre la declaración de inconstitucionalidad de la Ley N°27.541 efectuada por el Juez de grado en la sentencia recurrida, debo efectuar algunas consideraciones.En primer lugar, manifiesta la representante legal de la demandada que la declaración de inconstitucionalidad de la Ley N°27.541 y los Decretos dictados en consecuencia, le causa agravio a su mandante ya que no se ha acreditado objetivamente ninguna irregularidad en orden a la delegación efectuada por dicha ley ni tampoco respecto a los decretos delegados; tampoco se han soslayado las disposiciones establecidas por el art. 76 de la CN o de la Ley N° 26.122. Agrega que el A-quo no ha ponderado la emergencia ?que es el marco en el que se dictó la norma impugnada- y la razonabilidad de sus disposiciones, ya que éstas tienen como objetivo otorgar a los poderes del Estado herramientas tendientes a superar situaciones extraordinarias que ponen en peligro a todo el colectivo desencadenadas por graves circunstancias económicas y sociales. Aduce que el artículo 2° de la ley 27.541, establece la finalidad de la declaración de emergencia en materia previsional, la cual a su vez coincide con los principios y finalidades que en esta materia ha suscrito nuestro país y que conforma el plexo normativo internacional de rango constitucional a través del art. 75, inc. 22 de la CN. Afirma que, a los efectos de la validez constitucional de la ley, se ha dado cumplimiento a los requisitos dispuestos por la Doctrina de la CSJN, esto es : (i) declaración de emergencia dictada por el congreso-Ley 27.541-; (ii) la temporalidad de la restricción -180 días-; (iii) el objeto "Fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales - ; (iiii) la finalidad- mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos y (iiiii) la razonabilidad de la medida -suspensión de la movilidad, y su reemplazo por ajustes trimestrales. A su vez, expresa que los Decretos N° 163/00 y N° 495/00, solamente establecen una suspensión temporal de la movilidad fija establecida por la ley, lo cual ha sido convalidado por la Corte Suprema de Justicia en cuanto las medidas adoptadas para paliar dicha situación resulten razonables, orientadas a la satisfacción de un interés general, limitadas en el tiempo, y no alteren la sustancia del derecho al que se refieren. Seguidamente realiza una reseña del Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARIA PREVISIONAL ? SALA B AUTOS: "ALGARBE, CRISTINA DEL VALLE c/ ANSES ? REAJUSTES POR MOVILIDAD" (Expte. N° FCB 25342/2019/CA1) articulado de la Ley cuestionada y cita antecedentes del Alto Tribunal que considera abonan su postura.En segundo lugar, debo agregar que si bien anteriormente me he expedido respecto a la necesidad de diferir el planteo de inconstitucionalidad de los decretos dictados en ejercicio de la facultad delegada en el Poder Ejecutivo Nacional por la Ley N°27.541, referidos a movilidad jubilatoria, para la etapa de liquidación por considerar que se carecía de elementos suficientes que me permitieran establecer de manera fehaciente la merma que produciría en los haberes previsionales de los actores la normativa impugnada y, en su caso, su lesión constitucional; habiendo transcurrido más de cinco años desde su sanción y encontrándose cuestionada por la demandada la postura asumida por el Juez de grado respecto a la declaración de su inconstitucionalidad así como también la de su sucesora, Ley N°27.609, mediante la cual se fijó una nueva fórmula para determinar la movilidad de las prestaciones, resulta necesario fijar mi criterio sobre el tópico ya que dicha norma no puede ser omitida en un análisis integral de la cuestión relativa a la movilidad previsional.Aclarado esto, considero oportuno -a fin de dar un adecuado fundamento a la postura que asumiré- efectuar una breve reseña normativa.Así, cabe recordar que con fecha 21/12/2019 el Congreso Nacional sancionó la Ley N°27.541 (art. 1) declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en dicha ley en los términos del art. 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2º, hasta el 31 de diciembre de 2020.Específicamente, en materia previsional dispuso -mediante el art.55- la suspensión por el plazo de ciento ochenta (180) días, la aplicación del artículo 32 de Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias. Durante este plazo, el Poder Ejecutivo Nacional debía fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la ley 24.241, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos. Mediante Decreto N°542/2020 se prorrogó esta suspensión hasta el 31 de diciembre del 2020.Corolario de ello, el poder Ejecutivo dictó el Decreto 163/2020, que dispuso, para marzo de 2020, un aumento del 2,3% más un monto fijo de $1500; el Decreto 495/20, que reconoció, para junio de 2020, un aumento de 6,12% para todas las jubilaciones; el Decreto 692/2020, que determinó un 7,5% de incremento correspondiente al mensual agosto de 2020, y por último el Decreto 899/20, que estableció un aumento del 5% sobre el haber correspondiente al mensual noviembre de 2020.Ingresando ahora al tratamiento de la cuestión cabe señalar que el Juez de grado se pronunció respecto a la inconstitucionalidad de esta normativa. A fin de abonar su postura -luego de efectuar consideraciones generales- argumentó que la suspensión de la fórmula se traducía en una lesión al derecho constitucional de propiedad y en una quita en el monto del haber, ordenando la actualización de las remuneraciones correspondientes al mes de marzo de 2018 y en adelante, conforme las pautas fijadas por la ley 26.417.III.- El art. 76 de la CN prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo Nacional como principio. Si la habilita en casos de emergencia, con un plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación expresa que el Congreso establezca.En esta línea de pensamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/EN-PEN- Ley 25.414- dto 1204/01 s/amparo" de fecha 4/11/2008, ha dicho: "?Que con un lenguaje firme y explícito la Constitución Nacional prohíbe al Presidente de la República, como regla general, emitir "disposiciones de carácter legislativo", sea a iniciativa propia (artículo 99.3, segundo párrafo), sea por virtud de la delegación que, en su favor, haga el Congreso (artículo 76, primera parte). Ambas cláusulas establecen también, luego de formular el principio, las condiciones o límites bajo los cuales ha de operar Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARIA PREVISIONAL ? SALA B AUTOS: "ALGARBE, CRISTINA DEL VALLE c/ ANSES ? REAJUSTES POR MOVILIDAD" (Expte. N° FCB 25342/2019/CA1) el caso excepcional en que el Presidente se encuentra habilitado para dictar decretos legislativos que, según sea, se denominan "decretos de necesidad y urgencia" o "decretos que ejercen facultades delegadas" (artículo 100, incisos 13 y 12, respectivamente).En lo que se refiere a los decretos dictados en uso de facultades delegadas (o "decretos delegados"), el artículo 76 de la Constitución Nacional establece tres requisitos básicos: 1) que se limiten a "materias determinadas de administración o emergencia pública"; 2) que se dicten dentro del plazo fijado para su ejercicio y 3) que se mantengan "dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca". El artículo 100, inciso 12 añade un cuarto requisito, a saber, 4) que los decretos así dictados sean refrendados por el jefe de gabinete de ministros y sometidos al control de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación.La letra del texto constitucional (artículos 99.3 y 76) refleja sin ambigüedades la decisión que tomó la Convención Constituyente de 1994 de, por una parte, mantener el principio general contrario al ejercicio de facultades legislativas por el Presidente como una práctica normal y, por la otra, de introducir mayores precisiones sobre las condiciones excepcionales en que ello sí puede tener lugar. La definición de la regla general y de los casos excepcionales en el mismo texto constitucional, así como el procedimiento que finalmente se adoptó para asegurar el adecuado funcionamiento de ambos, es el correlato de dos objetivos básicos que rigieron la deliberación constituyente: la atenuación del presidencialismo y la mayor eficacia en el funcionamiento del gobierno federal. De todo ello se desprende que dicho procedimiento debe ser puesto en práctica por los tres poderes del Estado, cada uno en el papel que le toca, con el cuidado de no introducir, por vía de deformaciones interpretativas, inconsistencias o desequilibrios Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar entre las diversas finalidades buscadas con la reforma de la estructura del gobierno federal.En tal sentido, es oportuno recordar cuáles fueron las directrices que gobernaron el trabajo de la Convención Constituyente que en 1994 introdujo en la Constitución Nacional las cláusulas relacionadas con la delegación legislativa, tal como ellas fueron expuestas por uno de los convencionales que tuvo a su cargo la presentación y explicación del proyecto: "Los contenidos del Núcleo de Coincidencias Básicas responden, al igual que la habilitación de los temas que están incluidos en el artículo 3° de la ley declarativa, a ciertas ideas-fuerza, que constituyen los grandes objetivos de la presente reforma."La primera es sin duda la necesidad de obtener una consolidación y perfeccionamiento del sistema democrático. [...]" "La segunda gran idea-fuerza es generar un nuevo equilibrio en el funcionamiento de los tres órganos clásicos del Poder del Estado Cel Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; y a ella responden, a su vez, la atenuación del régimen presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso, la mayor independencia del Poder Judicial." "Una tercera, emparentada con la anterior, es conseguir mayor eficiencia en el funcionamiento de las instituciones del Estado, característica común a las reformas perseguidas respecto de los tres poderes clásicos." (Obra de la Convención Constituyente, Tomo V, página 4883, exposición del convencional Alberto García Lema).Más adelante y, refiriéndose al régimen constitucional de la delegación legislativa, el mismo convencional remarcó que la delegación constituía "una excepción al principio general sentado en la primera parte del nuevo inciso 23 del artículo 86 [actual artículo 99, inciso 3°]" que no es otro que la ya señalada prohibición al Presidente de dictar disposiciones de carácter legislativo (op. cit., pág. 4887).Ahora bien, ante la variedad de modelos que ofrecía el derecho constitucional comparado en materia de delegación legislativa, los redactores del Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARIA PREVISIONAL ? SALA B AUTOS: "ALGARBE, CRISTINA DEL VALLE c/ ANSES ? REAJUSTES POR MOVILIDAD" (Expte. N° FCB 25342/2019/CA1) nuevo artículo 76 de la Constitución Nacional se dejaron guiar por el que ofrece el derecho constitucional estadounidense. Al explicar el contexto del cual se habían extraído las ideas centrales del proyecto que se ponía a consideración de la Convención, el citado convencional García Lema expresó: "Los principios y los límites de la delegación legislativa quedan ajustados a lo que son las prácticas de los Estados Unidos. El Congreso debe definir la materia de la delegación y suministrar un patrón o criterio claro para guiar al organismo administrativo al cual se transfieren facultades" (op. cit., pág. 4887).También ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "?La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales (confr.Fallos: 243: 467; 323:1566).A su vez, ha dicho que: "La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes dictadas por el Congreso gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable?.", e impone al interesado "? demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen, y?. que ello ocurre en el caso concreto" (CSJN 312:496, 310:211, entre otros).Dicho esto, debe tenerse presente que la sanción de la Ley N°27.541 es la consecuencia del ejercicio de la facultad legislativa, que declara la emergencia Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social; a lo que se sumó el contexto sanitario al momento de producirse la prórroga de la suspensión de la ley de movilidad mediante Decreto 542/2020, donde la OMS declaró la pandemia producto del coronavirus COVID-19.IV.- Asimismo, sin tener en cuenta la suma fija adicional que recibieron las jubilaciones mínimas, se verificó los aumentos establecidos por los siguientes decretos de necesidad y urgencia: el Decreto 163/2020, que dispuso un incremento del 2,3% más una suma fija de $1.500 en marzo de 2020; el Decreto 495/2020, que otorgó un aumento del 6,12% en junio; el Decreto 682/2020, que determinó un incremento del 7,50% en agosto; y el Decreto 899/2020, que estableció un aumento del 5% sobre el haber mensual de noviembre. La aplicación de estos aumentos representa un incremento total del 22,53% para el año 2020, más la suma fija correspondiente al mes de marzo. No obstante, si se hubieran aplicado los aumentos establecidos por la fórmula de movilidad suspendida de la Ley N°27.426 -la cual contemplaba un índice combinado integrado en un 70% por la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC), elaborado por el INDEC, y en un 30% por la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)- los aumentos habrían sido del 11,56% en marzo, 10,89% en julio, 9,89% en septiembre y 4,54% en diciembre, totalizando un 42,11% para el período 2020. En resumen, existió una diferencia la cual considero -dentro del contexto mundial reseñado precedentemente y en especial en nuestro país- razonable.La pandemia afectó gravemente la economía argentina y un principio de igualdad derivado del art. 16 de la Constitución Nacional, es el reparto equitativo de las cargas públicas; por lo que entiendo que toda la sociedad en su conjunto debió contribuir para paliar la crisis.Dentro de este contexto, considero que existen elementos suficientes que permitan sostener la constitucionalidad de la Ley N°27.541 así como también de los Decretos dictados en consecuencia, toda vez que la suspensión de la movilidad jubilatoria fue por un tiempo determinado, para hacer frente a una situación de emergencia en particular y se efectuó dentro de las bases de la delegación expresa que el Congreso Nacional le estableció.Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARIA PREVISIONAL ? SALA B AUTOS: "ALGARBE, CRISTINA DEL VALLE c/ ANSES ? REAJUSTES POR MOVILIDAD" (Expte. N° FCB 25342/2019/CA1) Traigo a colación asimismo la doctrina de la CSJN en el reconocido caso "Peralta, Luis Arcenio y otro c/ Estado Nacional s/ amparo" que se dictó el 27 de diciembre de 1990 (Fallos: 313-1513), donde se delineó la doctrina de emergencia económica en argentina en virtud de la cual habilitó en épocas de gran riesgo social tomar medidas que pueden ser gravosas en épocas de normalidad siempre y cuando exista una adecuación de medio a fin y los mismos tengan una duración acotada en el tiempo; extremos que se dan en la especie.Por todo lo expuesto, en coincidencia con el voto del colega que me precede, doctor Abel G. Sánchez Torres, considero que debe hacerse lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, modificar la Resolución atacada en cuanto al punto y declarar aplicable la Ley N°27.541 y los decretos dictados en consecuencia para la movilidad del haber previsional de la actora en ese periodo.En este mismo sentido se han pronunciado la Cámara Federal de la Seguridad Social: a) Sala I en los autos caratulados: "Nievas, Alicia Estela s/amparos y sumarísimos" (Expte. 18413/2020), entre muchos otros; b) Sala II en los autos caratulados: Navarro, Rubén Darío c/Anses s/reajustes varios" (Expte.N° 15300/2020) y "Torterola, Jorge Nicolás c/Anses s/Amparos y Sumarísimos", (Expte. N° 10543/2020) entre otros; c) Sala III en los autos caratulados: "Velázquez Miguel Atilio c/ Anses s/ reajustes varios" (Expte. N° 103243/19) entre otros.También se ha expedido la Cámara Federal de Rosario en los autos caratulados: "Ivascov, Raul C/ Anses S/ Varios", (Expte. N° 2276/2020) de Sala A y "Parada, Efrain c/Anses s/reajustes varios", (Expte. N° 14764/2020/CA1) de Sala B; la Cámara Federal de Mendoza en autos caratulados: "Guerra, Alfredo Antonio C/ Anses S/ Reajustes Varios" (Expte. N° 54800/2019) de Sala A y "Poblete, Oscar Argentino c/Anses s/reajustes varios" (Expte. N° 10896/2020) de Sala B; la Cámara Federal de Tucumán en el caso: "Tula, Miguel Alfredo C/ Anses S/ Reajustes Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar Varios"; y la Cámara Federal de Bahía Blanca en los autos: "Martínez, Eduardo Rubén C/ Anses S/ Reajustes Varios".V.- Por otro lado, en relación con los agravios esbozados por la demandada por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley N°27.609, también adhiero a la solución propuesta por el señor Juez de Cámara, doctor Sánchez Torres, por cuanto coincido en el análisis efectuado y la jurisprudencia citada; así como también en los términos del Decreto 274/2024 que resultan elocuentes, ya que el propio Estado es quien está reconociendo los defectos que portaba la movilidad del régimen de la Ley N°27.609, sin que quepan mayores consideraciones de mi parte al respecto.VOTO.- VI.- Finalmente, adhiero a la imposición de costas de la Alzada en el orden causado (conforme artículos 68, 2da parte del C.P.C.C.N. y 36 de la Ley N°27.423), regulándose los honorarios de la asistencia letrada de la parte actora en el 30% de lo que oportunamente se estime en la instancia de grado, no haciendo lo propio a la representación jurídica de la parte demandada por ser profesional a sueldo de su mandante (conf. arts. 30 y 2, respectivamente, de la Ley N°27.423). ASI La señora Juez de Cámara, doctora Liliana Navarro, dijo: Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez de Cámara preopinante, doctor Eduardo Avalos, votaba en idéntico sentido. ASI VOTO. ? Por el acuerdo que antecede; SE RESUELVE: I.- Modificar la Sentencia de fecha 13 de marzo de 2024 dictada por el señor Juez Federal N° 2 de Córdoba y declarar aplicable la Ley N° 27.541 y los decretos dictados en consecuencia para la movilidad previsional de la actora en ese período.II.- Confirmarla en todo lo demás que ha sido motivo de agravios, debiendo tenerse presente lo dispuesto en los Considerandos III y VI respecto al cálculo del haber inicial y la Ley N°27.609 respectivamente.III.- Imponer las costas de la Alzada en el orden causado (conforme artículos 68, 2da parte del C.P.C.C.N. y 36 de la Ley N°27.423), regulándose los Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARIA PREVISIONAL ? SALA B AUTOS: "ALGARBE, CRISTINA DEL VALLE c/ ANSES ? REAJUSTES POR MOVILIDAD" (Expte. N° FCB 25342/2019/CA1) honorarios de la asistencia letrada de la parte actora en el 30% de lo que oportunamente se estime en la instancia de grado, no haciendo lo propio a la representación jurídica de la parte demandada por ser profesional a sueldo de su mandante (conf. arts. 30 y 2, respectivamente, de la Ley N°27.423).IV.- Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.- LILIANA NAVARRO EDUARDO AVALOS ABEL G. SANCHEZ TORRES VERONICA FERRER DEHEZA SECRETARIA DE CAMARA Fecha de firma: 19/05/2025 Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA Firmado por: VERONICA FERRER DEHEZA, SECRETARIA DE CAMARA www.diarioprevisional.com.ar #33749532#445339987#20250519130629111"

Sumarios

Sumario generado por IA

En los autos “Algarbe, Cristina del Valle c/ ANSES – Reajustes por Movilidad” (Expte. FCB 25342/2019/CA1), la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba (Sala B) resolvió el recurso interpuesto por ANSES contra la sentencia de primera instancia que ordenó recalcular el haber previsional de la actora conforme al precedente “Elliff” (CSJN) y declaró la inconstitucionalidad de las Leyes N° 27.426, 27.541 y 27.609. La actora, titular de un beneficio bajo la Ley 24.241 desde febrero de 2017, reclamó en sede administrativa el reajuste de su haber, lo cual fue rechazado. El fallo apelado dispuso actualizar las remuneraciones con el I.S.B.I.C. hasta febrero de 2009 y luego aplicar la Ley 26.417, doctrina que esta Alzada confirmó con sustento en precedentes (“Munizaga”, “Piazza”, “Ferrini”). Respecto de la Ley 27.541 (Emergencia Pública, 2019), la Cámara revocó su declaración de inconstitucionalidad, valorando la razonabilidad, vigencia acotada y adecuación de los aumentos dispuestos por decretos, en contexto de emergencia (pandemia COVID-19), invocando doctrina del fallo “Peralta”. En cambio, se confirmó la inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 27.609 por resultar violatoria del art. 14 bis CN, en tanto su fórmula de movilidad –basada en RIPTE o INDEC y recaudación de ANSES– implicó pérdida adquisitiva, lo que fue reconocido por el propio PEN al dictar el DNU 274/2024 que introduce actualización por IPC. Finalmente, se confirmó la exclusión del Impuesto a las Ganancias conforme la doctrina “García” (CSJN, 2019) y la imposición de costas a ANSES en primera instancia; en la Alzada, fueron impuestas por su orden (art. 68, 2da parte, CPCCN).

Autor: Inteligencia Artificial

Explicación asistida por IA

Cristina Algarbe pidió que se le recalcule su jubilación porque consideraba que no reflejaba adecuadamente lo que había ganado mientras trabajaba. ANSES rechazó su pedido, pero el juez le dio la razón, y ahora la Cámara de Apelaciones confirmó en gran parte ese fallo. El tribunal ordenó que su haber inicial se calcule con un índice más beneficioso (ISBIC), como ya había dicho la Corte Suprema en el caso “Elliff”. Además, consideró que una ley reciente (27.609) había perjudicado a los jubilados porque no protegía bien contra la inflación. Por eso, validó usar el índice de inflación (IPC) en su lugar si resultaba más favorable. Sin embargo, otra ley (27.541), que suspendió los aumentos automáticos en plena pandemia, fue considerada válida porque buscaba enfrentar una situación excepcional. Es decir, para ese momento puntual, se permitió un cálculo diferente. La Cámara también reafirmó que la jubilación no debe pagar Ganancias, como ya lo había dicho la Corte, y mantuvo que ANSES debía pagar los costos del juicio inicial.

Autor: Inteligencia Artificial

1) Si bien la ley 27.609, que dispuso un nuevo esquema de movilidad para los haberes previsionales ha perdido vigencia, ya que el mecanismo ha sido sustituido por el DNU N° 274/2024 que ordenó la actualización mensual de los haberes jubilatorios de acuerdo con las variaciones del Nivel General de Índice de Precios al Consumidor, ello no obsta a que las actualizaciones de los haberes operadas durante su vigencia no deban ser reparadas. (Voto del Dr. Abel G. Sánchez Torres al que adhieren el Dr. Eduardo Avalos y la Dra. Liliana Navarro). 2) El DNU N° 274/2024 publicado el 25 de marzo de 2024 mediante el cual el Poder Ejecutivo reformó nuevamente el art. 32 de la ley 24.241 ordenando la actualización mensual de los haberes jubilatorios, reconoce expresamente que la fórmula de la ley 27.609 presenta graves y serios inconvenientes, en tanto no cubre suficiente ni razonablemente el riesgo inflacionario que afecta los beneficios de los adultos mayores pues no tiene en cuenta la variación de los precios, presenta un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, se basa en datos que no son de fácil acceso al público, lo que dificulta su control por pate de la ciudadanía, y supedita el resultado de la movilidad al éxito que tenga el Estado con la recaudación impositiva, cuya volatilidad e incertidumbre atentan contra la estabilidad y la previsibilidad que se espera de una fórmula de movilidad jubilatoria. Por todo ello, cabe concluir que la movilidad prevista por el art. 1 de la ley 27.609 resulta violatoria del derecho de propiedad y de la garantía contemplada en el art. 14bis de la CN, como el propio Poder Ejecutivo Nacional lo ha expresado al momento del dictado del DNU N° 274/2024, por lo que corresponde confirmar la Sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la ley 27.609 en este punto y para el caso concreto. Para el período mencionado deberá utilizarse el índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC hasta la entrada en vigencia del Decreto N° 274/24. No obstante la solución aquí dispuesta sólo se aplicará si el cálculo supone una mejora en la prestación que percibió la actora, debiendo estar a las disposiciones de la ley N° 27.609 en aquel período que eventualmente ésta resulte más favorable a su haber. (Voto del Dr. Abel G. Sánchez Torres al que adhieren el Dr. Eduardo Avalos y la Dra. Liliana Navarro). 3) En relación con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley N° 27.609, cabe afirmar que los términos del Decreto 274/2024 resultan elocuentes, ya que el propio Estado es quien está reconociendo los defectos que portaba la movilidad del régimen de dicha ley.(Voto del Dr. Eduardo Avalos).

Autor: Susana Sánchez

Voces

  • dnu 274/2024
  • movilidad jubilatoria
  • ley 27.609

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