Gauchi Eliana Ines c/ANSeS s/Amparo Ley 163986

Expediente

FMP 6304/2024

Tribunal

Cámara Federal de Mar del Plata

Tribunal inferior

Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata

Juez firmante

Eduardo P. Jiménez - Bernardo Bibel

www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA En la ciudad de Mar del Plata, avocados los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata al análisis de estos autos caratulados: "GAUCHI, ELIANA INES c/ ANSES s/AMPARO LEY 16.986, Expediente Nº 6304/2024", procedentes del Juzgado Federal Nº 2, Secretaria Nº 1, de la ciudad de Mar del Plata.El orden de votación es el siguiente: Dr. Eduardo Jiménez y Dr.Alejandro Tazza.- El Dr. Jiménez dijo: I) Llegan los Autos a esta Alzada con motivo del recurso de apelación deducido por la amparista, en oposición a la sentencia dictada con fecha 05/11/2024, que rechaza la tutela requerida por la Dra. Gauchi contra la ANSeS e impone las costas a la perdidosa. --- II) Los agravios del recurso interpuesto por la amparista lucen expresados en la memoria digital presentada a fs.80/85, y están orientados a cuestionar la sentencia, en cuanto determinó que no se ha demostrado que la baja del aplicativo "consulta pública de expedientes" haya derivado en afectación alguna de los derechos de la amparista, ni aún así restringe de manera sustancial el ejercicio de su labor profesional, tampoco se vería -a criterio del A quo- afectado el acceso a la información pública, ya que no toda la información que administra la ANSeS resulta de carácter público, ello a merced de que una parte relevante de ella contiene datos personales cuya divulgación se encuentra prohibida. --- www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar La apelante comprende que ello debe ser revocado, en tanto existe una contradicción en la decisión del sentenciante, por un lado determina el A quo que nos hallamos frente a un "caso judicial" en los términos del art. 2 de la ley 27 y art. 16 de la CN y pese a ello concluye que no se ve afectado ningún derecho constitucional del amparista. --- Expresa con énfasis que si hay caso judicial no puede afirmarse válidamente que no existe lesión actual o inminente a un derecho. --- contraria. --- Reitera nuevamente los argumentos brindados en el escrito de demanda, fundamenta que ninguna alegación oportunamente expuesta fue debidamente controvertida por la Asegura que la eliminación del aplicativo de "consulta pública de expedientes" y la omisión de innovar tecnológicamente respecto a las demás cuestiones (vinculación de causantes, apoderados, etc.), provocan una potencial e inminente afectación a sus derechos alimentarios y restricción y/o alteración a su derecho al trabajo (ejercicio profesional) frente a una eventual responsabilidad profesional, lo que se encuentra íntimamente relacionado con el derecho al desarrollo tecnológico, el derecho al acceso de la información pública y los principios del procedimiento administrativo. --- Entiende que en Autos ocurre una doble afectación: por un lado, la actual afectación al derecho al desarrollo tecnológico, al acceso de la información pública y los principios del www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA procedimiento administrativo, cuya vulneración acarrea, por el otro lado, una inminente afectación y restricción a su derecho al ejercicio profesional y alimentario. --- Párrafo aparte, hace referencia a la conducta asumida por la ANSeS al restringir la información proporcionada en sus oficinas, que se limita a diez trámites por día, manifiesta que ello, sumado a lo anteriormente expuesto, podría generar que una actuación de cumplimiento de sentencia resuelta no sea advertida por la profesional, provocando que el beneficiario no concurra al cobro en la entidad bancaria. --- Remite a la Res. 307/2024 de ANSeS, que implementó el "Plan de Acción para la simplificación de los procesos para la gestión y liquidación de sentencias judiciales", también llamado "reajuste automático", lo que importa la maximización del control por parte de los profesionales en el cobro de cada sentencia.--- Argumenta que se equivoca el sentenciante de grado al afirmar que el acto u omisión atribuido no es ilegal con fundamento en que no se cuestionó que la decisión del Organismo fue tomada en pleno ejercicio de sus competencias, ya que la decisión de eliminar el aplicativo no surge de normativa alguna emitida por la ANSeS ni por otra autoridad competente. --- Da por hecho que el Poder Judicial no puede excusarse de fallar, en mérito a no tener facultades para decidir sobre la innovación tecnológica de la ANSeS, máxime cuando su omisión deriva en una afectación de derechos constitucionales. ? www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Remite a la ley 25.506 que reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital, así como su eficacia jurídica, en particular cita el art. 47, referido a su utilización por parte del Estado Nacional. Asimismo, cita los Decretos 434/2016 que aprueba el "Plan de Modernización del Estado" , 561/2016 que aprobó el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), así como las Resoluciones 508/2016 y 1/2017 de la Secretaría de Modernización Administrativa que establecieron la obligatoriedad del uso de los módulos del sistema GDE para la totalidad de los actos administrativos dentro del ámbito de la ANSeS y la Res. 94/2020 de la ANSeS que aprobó la implementación del sistema "ATENCIÓN VIRTUAL", como una plataforma de atención de trámites a distancia del Sistema de Expediente Electrónico (SIEEL). --- Frente a ello, entiende que el A quo, previo a rechazar el amparo, debió poner en conocimiento de la ANSeS los actos y omisiones cuestionados y exhortar o instar a dicho Organismo a remover cualquier obstáculo que impida, restrinja o altere el acceso a la información solicitada por la letrada en representación de los beneficiarios e implementar las medidas o herramientas tecnológicas necesarias que permitan una mejor atención, gestión y acceso a la información. --- Respecto a la información pública que se ha cercenado, refiere a la que revela el estado de los expedientes administrativos, si estos han sido resueltos y en que sentido. ? Sostiene que de tal información no se deriva la divulgación de datos personales o sensibles, sino que ellos se limitan a revelar solo el estado de las actuaciones consultadas y respecto de www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA las demás consultas (acceso a información ? RUB, PF, ANME, etc. ? o vista de expediente, todo ello previa vinculación de claves), asevera que solo se ha requerido la vinculación de claves entre beneficiario y/o el causante con la propia de ella, que le permita acceder a la letrada, a los expedientes administrativos de sus representados. --- Remite al art. 32 de la ley 27.275, respecto a la obligación que pesa sobre la Administración Nacional y sus organismos descentralizados, y que se traduce en "facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros".--- Por último, relata que el A quo omitió todo tratamiento respecto a la violación denunciada por su parte, a los principios del derecho administrativo que imponen, entre otros, el cumplimento de los requisitos de celeridad, sencillez, eficacia e informalismo. --- III) Corrido el traslado de ley, los agravios son contestados por la contraria, quien solicita que se declare desierto el recurso de apelación interpuesto ya que no contiene una crítica concreta y razonada del decisorio recurrido. --- En relación a las facultades con las que cuenta la demandada para dictar las medidas implementadas y cuestionadas en Autos, remite a la naturaleza jurídica del Organismo que representa, para así definir su legitimación. Recuerda que la ANSeS es un ente autárquico descentralizado de la Administración Pública Nacional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación. Alude al www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar modo en que se fija la competencia de los Entes Autárquicos, a efectos de vislumbrar, si en el particular, el mismo se hallaba legítimamente habilitado para el dictado de la reglamentación cuestionada. --- accionar. --- Concluyendo que la Administración Nacional puede emitir reglamentos, siempre dentro del ámbito de su competencia, límite material que marca los alcances de su legítimo Ahora bien, en cuanto a las atribuciones con que cuenta la Administración Nacional para actuar en el ámbito que nos convoca, sostiene que en los términos en que se inscribe el artículo 36 de la Ley N° 24.241 en donde expresamente se dispone que estará "... a su cargo la aplicación, control y fiscalización del Régimen de Reparto?", así como también la reglamentación particular y general de cuestiones inherentes al Sistema Previsional, siendo la enumeración legal de carácter enunciativo, en tanto aclara que podrá llevar adelante "?todas aquellas funciones no especificadas que hagan al normal ejercicio de sus facultades de administración del Sistema Único de Seguridad Social?" con lo cual, se corroboraría la legitimación legal conferida a la ANSES para dictar la reglamentación correspondiente al caso de marras. --- IV) Elevados los presentes obrados a esta Alzada, y encontrándose la causa en condiciones de resolver, se llaman los Autos para dictar Sentencia, providencia que se encuentra firme y consentida. --- V) Antes de comenzar con el desarrollo de las cuestiones propuestas a revisión de esta Alzada, he de señalar que www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA sólo se atenderán en el presente voto aquellos planteos que sean considerados esenciales a los fines de la resolución del litigio. En este entendimiento, he de recordar que los jueces no están obligados a considerar todos y cada uno de los planteos de las partes, pues basta que lo hagan respecto de aquellos considerados esenciales y decisivos para el fallo de la causa. - Nuestra Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina según la cual los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (ver LL 144 p. 611, 27.641 -S; LL 145 p. 346; LL 148 p. 692, 29.625-S; Fallos 296:445; 297:333 entre otros). --- VI) Aclarado lo anteriormente expuesto, he de dar tratamiento a los agravios expresados por la amparista, con lo que aparece así, el primer interrogante: ¿la Administración está vulnerando el derecho de acceso a la información pública, al obrar como lo hace, deshabilitando en el mes de marzo de 2024 el aplicativo "consulta pública de expedientes" o "Consultas de Expedientes" (he de aclarar aquí, que ambas denominaciones son utilizadas para referir al mismo aplicativo), conducta que ha sido convalidada por el A quo, lo cual genera el primero de los agravios planteados ante esta Alzada. --- www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar El Juez de grado argumentó que el hecho de que la nueva modalidad de consulta se limite en cuanto al acceso al titular, no configura un "acto arbitrario o ilegal" en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional. --- Primeramente cabe mencionar que la ley Nº27.275 que protege el derecho de acceso a la información pública, tiene por objeto "garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública" (art. 1º). --- La propia normativa, establece en el citado art.1º los principios en los cuales se funda el mentado derecho: * Presunción de publicidad: es decir que toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones previstas por la ley. ?-- * Transparencia y máxima divulgación: toda la información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas y solo puede limitarse cuando concurra alguna de las excepciones previstas en la ley, de acuerdo con las necesidades de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican.- * Informalismo: las reglas de procedimiento para acceder a la información deben facilitar el ejercicio del derecho y su inobservancia no podrá constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento.- www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA * Máximo acceso: la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles .- * Apertura: la información debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos , que faciliten su procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros.- * Disociación: en aquel caso en el que parte de la información se encuadre dentro de las excepciones taxativamente establecidas por esta ley, la información no exceptuada debe ser publicada en una versión del documento que tache, oculte o disocie aquellas partes sujetas a la excepción.* No discriminación: se debe entregar información a todas las personas que lo soliciten, en condiciones de igualdad, excluyendo cualquier forma de discriminación y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud.* Máxima premura: la información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor.* Gratuidad: el acceso a la información debe ser gratuito, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley.* Control: el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente. Las resoluciones que denieguen solicitudes www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar de acceso a la información, como el silencio del sujeto obligado requerido, la ambigüedad o la inexactitud de su repuesta, podrán ser recurridas ante el órgano competente .* Responsabilidad: el incumplimiento de las obligaciones que la ley impone originará responsabilidades y dará lugar a las sanciones que correspondan.* Alcance limitado de las excepciones: los límites al derecho de acceso a la información pública deben ser excepcionales, establecidos previamente conforme a lo estipulado en la ley, y formulados en términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de demostrar la validez de cualquier restricción al acceso a la información a cargo del sujeto al que se le requiere la información. - * In dubio pro petitor: la interpretación de las disposiciones de la ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información debe ser efectuada, en caso de duda, siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información . - * Facilitación: ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra, o no, en su poder o negar la divulgación de un documento de conformidad con las excepciones contenidas en la presente ley, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener la información.- * Buena fe: para garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la información, resulta esencial que los sujetos obligados actúen de buena fe, es decir, que interpreten la ley de manera tal que www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho de acceso , que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios a los solicitantes , promuevan la cultura de transparencia y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional. --- Así enmarcado el mentado derecho, cabe advertir en este contexto, que la más calificada doctrina justifica plenamente "el análisis de la DAIP (Derecho de acceso a la información pública) como derecho individual, en el caso concreto de acceso a los archivos o bases de datos, cuando se quiere conocer información relativa a un dato personal. (?) el DAIP tiene una función individual cuando una persona solicita información o datos acerca de sí misma, de una base de datos o registros de cualquier dependencia estatal. El derecho de acceder a sus propios datos, para tomar conocimiento y conocer su finalidad, "su propia información" o la información en relación con los datos inherentes a su persona no es un "bien colectivo", no pertenece a la cosa pública, aunque de hecho esos datos puedan estar en archivos estatales y tener la calidad de documento público". (Cfr. Marcela I. Basterra, Acceso a la Información Pública y transparencia; 1ª Ed.; Ciudad Autónoma de Bs. As.; Astrea, 2017; P.48). --- Es este breve introito, el que me habilita a desarrollar con mayor amplitud, la importancia institucional que este derecho posee, ello en el contexto de la necesidad de resguardo que nuestra democracia republicana requiere hoy, cuando el ciudadano www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar del tercer milenio debe afrontar el resguardo de sus derechos vinculados a la tutela judicial efectiva, con asistencia letrada debidamente informada y en adecuadas condiciones de tutelarlo. --- Máxime cuando por lo general, esta tutela es referida a personas vinculadas a un colectivo al que la Constitución Federal garantiza una protección específica y particularizada (Cfr.Arts. 75 Inc. 22, 23 y Cctes. CN). --- Ingresando ahora en nuestro específico marco de análisis, cabe expresar que el concepto de racionalidad comunicativa, posee ? desde nuestro punto de vista - connotaciones que pueden válidamente ligarse a la experiencia central de aunar consensos sin coacciones, lo que posee en el decir de Habermas "(?) un habla argumentativa en que diversos participantes superan la subjetividad inicial de sus respectivos puntos de vista, y merced a una comunidad de convicciones racionalmente motivada, se aseguran a la vez de la unidad del mundo objetivo y de la intersubjetividad del contexto en que desarrollan sus Vidas" (Cfr. Habermas "(?) Teoría de la Acción Comunicativa", pág. 27, con cita a D. Pole Wittegestein). --- Partiendo de la base de que la especie humana mantiene su vigencia a partir y a través de actividades socialmente coordinadas desplegadas por sus miembros, es sabido que esta coordinación se establece ? de uso ? mediante una comunicación, que en los ámbitos de la centralidad democrática, surge y se dirige habitualmente a la generación de un acuerdo, con lo que el desarrollo armónico y la reproducción de la "especie" también requerirá, como www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA exigencia ineludible, de las condiciones de racionalidad, que son inmanentes a la acción Comunicativa (Cfr. Habermas, "Teoría?" citada, pág. 506). ? Por lo dicho, debe destacarse aquí con énfasis que el devenir de la vida social es reproducido habitualmente a través de acciones racionales, motivadas a los fines de aquellos miembros que las generan, controladas por medios generalizados de comunicación, y a la vez, desde una voluntad común que anida de hecho en la práctica comunicativa propia de todos los individuos (Cfr.Basterra, Marcela "Derecho a la información vs. Derecho a la Intimidad" Edit. Rubinzall-Culzoni, Santa Fe, 2012, pág. 45.).- Asume luego, con realismo y convicción esta autora, que la necesidad de internalizar la inescrutable vinculación existente entre las libertades de expresión e información con el sistema democrático, constituyó siempre una premisa jurídica y axiológica del Estado constitucional de Derecho. --- En este contexto de análisis, cabe preguntarnos ahora: ¿cuál es el espacio que debe adoptar la vigencia y democrática actuación del constitucional derecho de libre acceso a la información que todo ciudadano detenta? Acierta nuevamente Marcela Basterra, cuando expresa que "(?) el derecho a la libertad de expresión es un complemento imprescindible de la libertad de pensamiento, a tal punto que una no podría existir sin la otra" (Cfr. Basterra, Marcela "Derecho a la información vs. Derecho a la Intimidad" Edit. Rubinzall-Culzoni, Santa Fe, 2012, pág. 45) www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Es que necesariamente, al referirnos a las libertades de expresión e información en el contexto de una sociedad democrática, hemos de darles el carácter de derechos fundamentales, amparados en nuestro caso, expresamente por el sistema constitucional argentino, con aptitud real para la conformación de una opinión pública directamente relacionada con tales libertades, constitucionalmente resguardadas. --- No puedo olvidar, en este punto del análisis, que la historia de la "modernidad", instala un nuevo modo de pensamiento producto del racionalismo. Aun así, hoy la noción de democracia se asienta preferentemente en el desarrollo e inserción de la idea del respeto por los derechos humanos en el sistema jurídico que los cobija, al punto de haberse transformado este último, "(?) en objetivo principal de la organización estatal que asume la vigencia de las reglas del "Estado de Derecho" ///" ( Cfr. Urioste Braga, Fernando "Derecho de la Información", Edit. "B de f", Montevideo/Buenos Aires, [1] 2008, pág. 47). --- Por su parte el liberalismo, esgrimiendo el confesado objetivo esencial de lograr la limitación del poder público para así garantizar adecuadamente el goce ciudadano de las libertades fundamentales, se transforma a partir de la nueva realidad, que implica el acaecimiento de los cambios sociales, tornando al otrora "Estado de Derecho" en un "Estado Social de Derecho", que requiere y supone para supervivencia, la ampliación de las garantías constitucionales, que alberguen a los así denominados derechos económicos, sociales y culturales. --- www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA Ello posiciona al remozado Estado de Derecho, frente a nuevos desafíos en punto a lo que se ha dado en llamar "(?) el surgimiento de intereses y problemas que afectan a toda la comunidad internacional y la necesidad de una solidaridad internacional que pueda atender los reclamos de unos derechos fundamentales ausentes", lo, que, en el decir de Urioste Braga, "(?) coloca al Estado frente a nuevos desafíos Cfr. Urioste Braga, ( Fernando "Derecho a la información, citado, pág. 48). --- Vinculando ahora nuestro desarrollo anterior con la necesidad de garantizar el libre acceso del derecho ciudadano a la información pública en las sociedades democráticas, he de recalcar que en esta materia "no existen las medias tintas", con lo que la ciudadanía ha de asumir, además de los beneficios que ella conlleva, los inevitables perjuicios que también le provoca. Por su parte, un sistema jurídico con ciudadanos debidamente informados, elaborado participativamente entre iguales, evoluciona hasta lograr el estadio de una democracia representativa, donde la mayoría gobierna, con el control y eventual apoyo de las minorías que no alcanzaron los votos necesarios para regir y administrar los destinos del Estado. --- Así, en este sistema, siempre imperfecto pero perfectible, el "Pueblo", participa y delibera en forma soberana para lograr ? a la postre - la constitución y el funcionamiento de los tres poderes de Estado, designando a los gobernantes y a la vez controlando que se preste un adecuado ejercicio de las funciones gubernamentales, con el inestimable aporte que brindan para ello las asociaciones civiles, en tanto vehiculizan ideas e intereses comunes de los individuos. --- www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar En suma, la conformación y puesta en funcionamiento de toda esta estructura ? instituida necesariamente por una matriz democrática ? requiere también de la constitución y actuación de la prensa libre, como asimismo de una comunidad a la que se le garantice su libertad de expresión, resguardo suficiente de sus derechos fundamentales y como corolario republicano de lo antes señalado, un derecho de libre acceso ciudadano a la información pública . --- Se trata entonces, de garantías generales constitucionalmente amparadas cuyo buen funcionamiento es de uso, instado por el propio sistema jurídico, y son la libertad de expresión y la libre circulación de informaciones, el acceso a la información y la adecuada difusión de las comunicaciones . --- Debemos entender, en función de lo anteriormente señalado, que el Derecho de libre acceso a la información pública no se agota en si mismo, sino que se comporta también, como el medio que garantiza el logro de otras prerrogativas.En el caso de Autos, la amparista persigue el reconocimiento del derecho a la información respecto de aquellos beneficiarios a los que representa, y de allí la derivación que pretende vincular al reconocimiento de su propio derecho y garantizar el pleno ejercicio profesional, enderezado a la necesidad de tutela judicial efectiva de este grupo o sector desaventajado, al que el sistema constitucional le ha garantizado ? por tal razón - un marco más sólido y específico de protección. --- En principio, podría pensarse correcta la conclusión que plantea el A quo al decir que "más allá del relato www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA pormenorizado efectuado por la letrada en su demanda, y a los que sintéticamente me he referido anteriormente, no encuentro que los problemas que según afirma la accionante, le pueda ocasionar la nueva modalidad de consulta de expedientes (como ser, que sólo lo pueda consultar el titular, que la consulta se limite exclusivamente a la resolución de los expedientes de cumplimiento de sentencia, que el nombre y el número del beneficio resultan ilegibles, etc.) alcancen a configurar un "acto arbitrario o ilegal" en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional." --- Ello toda vez que según sostiene el sentenciante anterior, para que ello suceda "debería haberse demostrado que de aquél se deriva la afectación a algún derecho de la amparista, y ello no ocurrió.".Argumenta que "El hecho de que la amparista deba presentarse personalmente ante las oficinas de la Anses, o que deba justificar documentadamente su personería, o las demás dificultades relatadas, que llevan a la letrada a considerar al aplicativo actualmente vigente como "disfuncional" (lo que por otra parte, no deja de ser subjetivo), no importan per se una afectación a sus derechos constitucionales, sino simplemente una disconformidad, que podrá incluso ser intensa, pero que en modo alguno justifica una decisión judicial que modifique el mecanismo adoptado por la Anses para el acceso a sus expedientes administrativos" . (ver fundamentos de la sentencia apelada). --- Empero, entiendo que contrariamente a lo argumentado por el Sr. Juez de Grado, cabe mencionar el DAIP se halla afectado en el supuesto de Autos, toda vez que la legitimación invocada por la letrada aquí amparista encuentra asidero en su www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar calidad de apoderada de los jubilados, pensionados y administrados que persiguen el reconocimiento de un derecho previsional, actividad que ha sido corroborada por el A quo a través de la consulta efectuada mediante el sistema de Gestión Lex1000, utilizando como criterio de búsqueda las causas en las que interviene la Dra. Eliana Inés Gauchi.- Asimismo, efectuada igual consulta ante esta Alzada, la misma ha arrojado a la fecha de la vista, un total de 560 expedientes en trámite frente a esta instancia. Advierto también, que la amparista argumenta que tiene a su cargo más de 5.000 causas en las que interviene como letrada frente a la ANSeS, tanto en la Jurisdicción de Mar del Plata, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (causas judiciales y administrativas). - En este contexto, es que interpreto que limitar el acceso al aplicativo "Consulta de Expedientes" solo al beneficiario del derecho -mediante usuario y clave de la seguridad social- supone un límite a la Garantía al Debido Proceso Administrativo para el administrado. --- El hecho de que en el proceso Administrativo prime el principio del informalismo a favor del administrado, no supone desconocer la necesidad de contar con Asesoramiento Letrado cuando se hallan en conflicto derechos de carácter alimentario.- No debemos olvidar que aún en instancia administrativa debe velarse por el respeto a la garantía del debido proceso, lo que supone también que las decisiones se logren dentro de un "plazo razonable", para que ello suceda el Estado debe procurar dentro de sus facultades poner en marcha el dispositivo www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA necesario a fin de facilitar a los beneficiarios del sistema, por sí o a través de sus representantes legales, el acceso a la información y estado de sus trámites administrativos .- Debe ser aquí enfatizado que el abordaje global del procedimiento, impone la necesaria constatación a la observancia de los estándares constitucionales y convencionales a lo largo de todas las instancias [judiciales y/o administrativas] que hubiese tenido que recorrer el ciudadano para obtener un pronunciamiento (Cfr. CIDH en Autos Sequeira Mangas vs. Nicaragua) lo que según se lo ha expuesto "(?) encuentra su fundamento primario en la imposibilidad de seccionar la aplicación del ordenamiento y modificar ? de esa forma ?la intensidad en la protección". ?-- Claramente, ya no resulta novedoso afirmar que el ordenamiento jurídico "(?) no resulta separable dependiendo de la instancia, etapa o clase de proceso o procedimiento que se transite, resultando, por el contrario, evidente que es necesaria su observancia en cualquier momento del procedimiento " (Cfr.CSJN, 26/06/2012 "Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA. Res.169/05 [Exp. 05666/B6 SUM FIN 708], el resaltado me pertenece). --- Bien ha señalado la mejor doctrina a este respecto, que "(?) las garantías relativas al debido proceso legal componen un todo cuya observancia irrestricta no admite segmentaciones. (?) ello impone necesariamente la apreciación del procedimiento administrativo como una instancia más dentro del obrar estatal a la cual necesariamente se le deben aplicar las mismas reglas" (Cfr.www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Egea, Federico "Proyecciones del fallo "Losicer en el Procedimiento Administrativo" en Suplemento La Ley de Derecho Administrativo, agosto de 2013, N °5, pág. 20). - Recordaré aquí también, luego de lo antes señalado, la doctrina judicial del Máximo Tribunal que sostiene: "En materia de previsión o seguridad social es esencial cubrir riesgos de subsistencia y ancianidad, por lo que no debe llegarse al desconocimiento de derechos sino con suma cautela" (Fallos 324:4511), por lo que: "Es deber de los jueces actuar con extrema prudencia cuando se trata de juzgar la eventual denegación de peticiones vinculadas con la materia previsional" (Fallos 324:3868). --- El obrar de la requerida, al disponer la baja del sistema que se hallaba en pleno funcionamiento -ver Resolución 94/2020 ANEXO I ? Punto II - inc. 12 (B.O. 22/04/2020)-, de "consultas de expedientes", o en su defecto limitar su ingreso solo al administrado -en su mayoría ancianos- argumentando que es facultad de la Administración disponer su propia organización, en función de la naturaleza jurídica que reviste el organismo, supone una regresión en la implementación de medidas positivas que conducen a la realización del derecho perseguido dentro de un plazo razonable. --? En este sentido he de recordar también, que el Art. 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) al referirse a las Garantías Judiciales establece que: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." Se ha debatido frente a la Corte IDH, en el caso "Claude Reyes y otros vs. Chile" (19-9-06, Serie C, Nº 151) si el Procedimiento Administrativo para la obtención de información pública estaba alcanzado por las garantías del art. 8.1.Frente a ello, creo importante para este supuesto, citar en particular Voto Razonado del Sr. JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ, al expresar que: "adquiere vigencia el concepto sustentado por la Corte Interamericana, informada en este extremo por la jurisprudencia europea, cuando afirma que "los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el (?) artículo 29 (de la Convención Americana), así como las establecidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados". --- Tal como lo indica el Juez García Ramirez "El Pacto de San José no invoca, literalmente, el "debido proceso". Con otras palabras, sin embargo, organiza el sistema de audiencia, defensa y decisión entrañado en aquel concepto. Cumple esta misión --esencial para la tutela de los derechos humanos-- con diversas expresiones y en distintos preceptos, entre ellos el artículo 8º, que figura bajo el rubro de "Garantías judiciales". Lo que se pretende con ello es asegurar al individuo que los órganos del Estado llamados a determinar sus derechos y deberes --en múltiples vertientes-- lo harán a través de un procedimiento que provea a la persona con los medios necesarios para defender sus intereses legítimos y obtener www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar pronunciamientos debidamente motivados y fundados, de manera que se halle bajo el amparo de la ley y al abrigo del arbitrio." --- Y ello se hace extensivo a otros ámbitos del proceso más allá del estrictamente judicial, toda vez que "si el destinatario de la tutela que ofrece la Convención y el aplicador de ésta se detienen en la letra de las expresiones, conforme fueron escritas hace varias décadas, limitará la expectativa de protección --aquél-- y la posibilidad de otorgarla --éste-- a los supuestos de juicio formal seguido ante los órganos judiciales. En efecto, el artículo 8º alude a garantías "judiciales", y enseguida se refiere a un "juez o tribunal". Sin embargo, este alcance limitado sería notoriamente insuficiente, hoy día, para alcanzar los objetivos que se ha propuesto el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Si las garantías provistas por el artículo 8º, que gobierna los más relevantes asuntos de la tutela procesal, se contrajeran al desempeño de los órganos judiciales, quedaría en desamparo la definición de derechos y libertades que se realiza por otras vías, formalmente distintas de la judicial, pero materialmente cercanas a ésta en cuanto sirven al mismo fin: definir derechos y fijar deberes.".--- Es así que con claridad advierte el Magistrado en su voto razonado, que la necesidad de atender las exigencias del artículo 8º no deriva, a su entender, "del carácter de la autoridad dentro de la estructura del Estado, sino de la naturaleza de la función que ésta ejerce en el caso concreto y de la trascendencia que dicho ejercicio puede tener en relación con los derechos y los deberes del www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA ciudadano que comparece ante ella, esgrimiendo el derecho que considera tener y aguardando la decisión fundada que debe recaer a la pretensión que manifiesta.".--- En este orden de ideas, entiendo que la garantía del debido proceso administrativo se ve lesionada si se cercena, o aún si se limita el derecho de acceso a la información pública de los administrados o de sus representantes legales. Noto con claridad que en el caso de Autos -donde se persigue el acceso a la información de datos, de personas que en su mayoría transitan la ancianidad - se han vulnerando los principios del DAIP antes reseñados, en particular los relativos a la "Transparencia y Máxima Divulgación", "Informalismo" "Máximo Acceso" "Apertura" y "Máxima Premura", pues ellos deben ser examinados dentro del contexto que de respuesta a la garantía del debido proceso antes mencionada, conforme la interpretación por parte de la CorteIDH antes señalada y sólo serán logrados ambos derechos si se garantiza el mismo alcance de información, tanto para el administrado como para su representante legal, figura que debe ser respetada tanto en sede judicial como administrativa. --- Con ello he de proponer al Acuerdo, ordenar a la ANSeS a que rehabilite el aplicativo "Consultas de Expedientes", que ha sido deshabilitado por la demandada en el mes de marzo del 2024. No obstante, he de aclarar que al poner en funcionamiento la herramienta digital antes mencionada, u otras que la Administración considere adecuado implementar en favor de los afiliados al ANSeS, se deben poner a resguardo los datos personales de los administrados, a los cuales solo ellos, y sus representantes legales debidamente acreditados , puedan www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar tener acceso, estando a cargo de la Administración la implementación del diseño informático que más se adecúe a cumplir con la manda aquí dispuesta, respetando los derechos y las garantías antes enunciadas, cumpliendo con la manda de razonabilidad constitucionalmente impuesta para estos casos (Arts. 14, 28, 75 Inc. 22 y 23, 99 Inc. 1 y Cctes CN.). --- Ahora bien, en relación al segundo planteo efectuado por la amparista, esto es la "adopción de las medidas necesarias para diseñar, desarrollar, aprobar, ejecutar e implementar una herramienta informática que permita asociar el CUIL de una persona fallecida con el CUIL de sus derechohabientes o herederos, a los fines de consultar el estado de expedientes, tomar vista de los mismos u obtener cualquier otro dato relacionado con el causante; adoptar las medidas necesarias para diseñar, desarrollar, aprobar, ejecutar e implementar una herramienta informática que permita asociar el CUIL de una persona viva o fallecida con el CUIL de la letrada suscripta en virtud de su carácter de abogada apoderada, respecto de los titulares vivos o, si estuvieren fallecidos, respecto de sus derechohabientes o herederos, en la medida que exista relación de apoderamiento, a los fines de consultar el estado de expedientes, tomar vista de los mismos u obtener cualquier otro dato relacionado con el representado o su causante; la Administración Pública posee en este punto facultades discrecionales para adecuar las normas de procedimiento a fin de que su representación letrada invocada y acreditada en las causas judiciales, previa comprobación a través del Sistema de Gestión Judicial del Poder Judicial de la Nación -Consulta Web de Expedientes-, resulte suficiente para ser www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA invocada para toda la actuación administrativa ante la ANSeS ; y es de su competencia, adoptar las medidas necesarias para diseñar, desarrollar, aprobar, ejecutar e implementar una herramienta informática que permita registrar la relación de poder de la letrada suscripta respecto de sus representados que permita el acceso a la plataforma "MiANSeS" como si fuera el titular o su causante ". ? Cabe destacar que resulta ajeno a la jurisdicción de este sentenciante imponer una forma determinada para la implementación de de estas modalidades, toda vez que estamos aquí dentro de la esfera del derecho administrativo, que como tal, consta de regulación propia, con matices que lo hacen especialmente particular. - Ya en el precedente de trámite por ante esta Alzada: "GAUCHI, ELIANA INES c/ ANSES s /AMPARO LEY 16.986" Protocolizada en tomo: 'PROTOCOLO Aco. 6/14 Materias Civiles' Clave: FMP 018828/2023/CA001 Fecha: 09/08/2024 he mencionado, conforme lo explica el Dr. Balbin, el ANSeS es un caso atípico dentro de la Administración pública, la organización del régimen de la Seguridad Social es un caso históricamente singular. La ANSeS es como tal un organismo descentralizado que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en reemplazo del anterior Instituto Nacional de Previsión Social. (Cfr. Carlos f. BALBIN, Tratado de derecho Administrativo T. II, 1ª Ed. ? Buenos Aires, La Ley 2011, p. 134/135). --- Este organismo descentralizado nace a partir del Decreto 2741/91, cuyo art. 1º lo crea como "organismo www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar descentralizado, en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL" teniendo a su cargo "la administración del SISTEMA ÚNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SUSS) creado por el artículo 85 del decreto N° 2284/91, que sucederá jurídicamente a los entes regulados por la ley 23.769; decreto-ley 7913/57 modificado por el decreto-ley 16.811/57 y decreto-ley 7914/57; decreto 3256/65 ratificado y modificado por la ley 16.887 y decretos Nros. 8590/65, 8591/65 y 1462/90 y normas complementarias en materia de subsidios y asignaciones familiares e institutos legales de previsión." (Textual de la norma citada).- Asimismo el mencionado decreto estableció que "la Administración tendrá facultades propias para su conducción administrativa y financiera independiente del Tesoro Nacional." (art.3º), por otra parte "deberá implementar sistemas administrativos y contables que permitan un adecuado control de la gestión económico -financiera y prestacional (?)" (art. 7º). ? Es por lo expuesto que la ANSeS posee facultades para dictar su propia reglamentación interna. En este sentido, cabe mencionar que se puede definir al reglamento administrativo como toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales en forma directa. Se trata del ejercicio de la actividad de Ordenación de la Administración a través de instrumentos regulatorios o imperativos, que en general es restrictiva de derechos debiendo respetar la reserva de la ley. (Cfr. Derecho Administrativo, Dir. Gral.Laura San Martino de Dromi, 10ª Ed. Actualizada, Bs. As. ? Madrid: Ed. Ciudad Argentina, 2004, P. 437).--- www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA Es así que la implementación del sistema que garantice el Derecho de Acceso a la Información Pública, así como la garantía del Debido Proceso (art. 8 CADH ? Pacto San José y 18 de la CN) deben ser dispuestas por la Administración Nacional de la Seguridad Social en uso de las facultades reglamentarias y regulatorias o imperativas, que sirven a la ejecución de los fines estatales, dictadas en el marco del criterio de razonabilidad, no siendo función del Poder Judicial delimitar y establecer el procedimiento de verificación de datos que se ha de implementar a fin de cumplir con la los derechos y garantías que se ponen a resguardo en este decisorio. Por lo expuesto es que, si bien corresponde rechazar lo solicitado por la Dra. Gauchi en cuanto a la modalidad que ha de adoptar la Administración a fin de tener por acreditada la representación, así como la vinculación de la amparista con los administrados que representa, y la de estos con sus causahabientes, no es menos cierto que deberá instarse a la demandada , para arbitrar lo conducente de modo que sus actos reglamentarios en el ámbito del debido proceso previsional de las personas ancianas que allí reclamen por sus derechos, no obste a su realización a partir de consideraciones formales o de hecho que tornen inviables o ilusorios sus reclamos, o aún su derecho a contar con asistencia letrada que obtenga un regular acceso a la información pública, referida a sus clientes, cuya condición fuese debidamente acreditada ante la ANSeS.--- VII) Por último, respecto a la imposición de costas de ambas instancias, atento a los vencimientos parciales y mutuos aquí habidos, ameritan su carga en el orden causado, pues www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar como bien se lo ha señalado por parte de la jurisprudencia "(?) las costas se distribuyen en proporción al éxito obtenido en el pleito o incidente y corren en el "orden causado" si las pretensiones de ambas partes se acogen parcial e igualmente, cuando una y otra posición de los litigantes no han prosperado de la manera que pretendieron" (Cfr.CNCiv. Sala "K", 20/12/1990 "Consorcio Uriburu 1517 c/Llomek de Stempen"). --- VIII) Por lo antes señalado, jurisprudencia y doctrina citada, es que propongo al acuerdo: 1) REVOCAR PARCIALMENTE LA SENTENCIA dictada en Autos, y en consecuencia, ordenar a la ANSeS que rehabilite el aplicativo "Consultas de Expedientes", poniendo a resguardo los datos personales de los administrados, a los cuales solo ellos, y sus representantes legales debidamente acreditados , pueden tener acceso, estando a cargo de la Administración la implementación del diseño informático que más se adecúe a cumplir con la manda aquí dispuesta, garantizando el Derecho de Acceso a la Información Pública, así como la garantía del Debido Proceso (art. 8 CADH ? Pacto San José y 18 de la CN); 2) RECHAZAR los restantes agravios interpuestos por la AMPARISTA; 3) con COSTAS de ambas instancias por su orden (art. 71 del CPCCN por remisión del art. 17 de la Ley 16.986) . --- Tal, el sentido de mi voto.--- Fdo. Eduardo P. Jiménez www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA Juez de Cámara El Dr. Bibel dijo: Que he de adherir a la solución propuesta por el Dr.Jiménez por compartir los fundamentos expuestos en su voto.- Fdo. Bernardo Bibel Juez de Cámara Subrogante /// del Plata, VISTOS: Estos autos caratulados: "GAUCHI, ELIANA INES c/ ANSES s/AMPARO LEY 16.986, Expediente Nº 6304/2024, procedentes del Juzgado Federal Nº 2, Secretaria Nº 1 de la ciudad de Mar del Plata y lo que surge del Acuerdo que antecede SE RESUELVE: I.- REVOCAR PARCIALMENTE LA SENTENCIA dictada en Autos, y en consecuencia, ordenar a la ANSeS que rehabilite el aplicativo "Consultas de Expedientes", poniendo a resguardo los datos personales de los administrados, a los cuales solo ellos, y sus representantes legales debidamente acreditados , pueden tener acceso, estando a cargo de la Administración la implementación del diseño informático que www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar más se adecúe a cumplir con la manda aquí dispuesta, garantizando el Derecho de Acceso a la Información Pública, así como la garantía del Debido Proceso (art. 8 CADH ? Pacto San José y 18 de la CN); la AMPARISTA; II.- RECHAZAR los restantes agravios interpuestos por III.- Con COSTAS de ambas instancias por su orden (art. 71 del CPCCN por remisión del art. 17 de la Ley 16.986) . - REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.- Fdo. Eduardo P. Jiménez Fdo. Bernardo Bibel Juez de Cámara Juez de Cámara Subrogante Se deja constancia que ambos jueces han suscripto la presente resolución en forma electrónica, que el Dr. Alejandro Tazza se encuentra en uso de licencia y que se encuentra vacante el cargo del tercer integrante de este Tribunal. (art. 109 del RJN).- En el día de la fecha se notificó electrónicamente a las partes, conforme lo ordenado en la sentencia que antecede. Conste.- Fdo. Soraya Chaar Secretaria de Cámara www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"www.diarioprevisional.com.ar Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA www.diarioprevisional.com.ar #39069965#460023072#20250613092812673"

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