Lalanne Roberto Manuel c/Sleep Calm S.A. s/Sumarisimo

Expediente

COM 1484/2025

Tribunal

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Fecha del fallo

23/10/2026

Juez firmante

Alejandra Noemi Tevez - Ernesto Lucchelli

Poder Judicial de la Nación CAMARA COMERCIAL - SALA F En Buenos Aires a los veintirés días del mes de octubre de dos mil veintiséis reunidos los Señores Jueces de Cámara fueron traídos para conocer los autos "LALANNE, ROBERTO MANUEL c/ SLEEP CALM S.A.s/ SUMARÍSIMO" , Expte. COM N° 1484/2025 en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Vocalías N° 17, N° 16, N° 18. Dado que la vocalía N° 18 se halla actualmente vacante, intervendrán los Doctores Ernesto Lucchelli y Alejandra N. Tevez (art. 109 RJN).Se deja constancia que las referencias de las fechas de las actuaciones y las fojas de cada una de ellas son las que surgen de los registros digitales del expediente.¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fecha de 4 de marzo de 2026? El Sr. Juez de Cámara Dr. Ernesto Lucchelli dice: I. Antecedentes de la causa 1. ROBERTO MANUEL LALANNE inició demanda contra SLEEP CLAM SA y/o quien resulte proveedor de los productos "Un (1) Colchón Original – Queen 160200, Original: 22 cm de alto; dos (2) Alta Almohada – 65x45 cm; un (1) Protector Impermeable de Colchón – Queen 160200", por la suma de $2.102.317, o lo que en más o en menos resulte de las pruebas de autos, debidamente reajustada a la fecha de la sentencia, con más indexación, intereses y costas (v. págs. 2/29).Inicialmente, solicitó la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y, en particular, de su art. 53, relativo al beneficio de gratuidad.Relató que el 9/12/2023 compró a la demandada, a través de su página web, los productos antes mencionados, que fueron asignados al pedido N° 2154514. Indicó que abonó un total de $446.650 y que pactó su entrega en su departamento, ubicado en Bonpland 1883, Depto. 303, de CABA, a más tardar el 26/12/2023. Destacó que, al momento de interponer la demanda, todavía no había recibido ninguno de ellos.Explicó que había previsto la entrega con suficiente antelación, pues comenzaría a alquilar la unidad mediante la plataforma Airbnb y #39696478#524401632#20261022094106748resultaba necesario que el dormitorio estuviera equipado. Señaló que el departamento había sido alquilado el 8/11/2023 al Sr. Marc Haeringer, quien se hospedaría entre el 9 y el 31/1/2024, por lo que había realizado la compra con anticipación.Manifestó que, ante la falta de entrega, efectuó numerosos reclamos a través del WhatsApp de la empresa, desde donde, según afirmó, se le brindaban respuestas evasivas y se postergaba la entrega con distintas excusas: inicialmente, la falta de stock y, luego, la indisponibilidad de las almohadas y del protector de colchón, así como problemas en el sistema de distribución. Agregó que debió realizar reiterados intentos para coordinar una nueva fecha de entrega, lo que le ocasionó inconvenientes laborales, pues tuvo que contratar personal de limpieza temporal para que aguardara los productos o solicitar permisos para ausentarse de su trabajo, sin obtener resultado alguno.Afirmó que, ante la inminente llegada de los huéspedes, el 9/1/2024 debió solicitar un nuevo permiso laboral para comprar, de urgencia, otro colchón y almohadas —aunque sin protector, por no haber conseguido uno— de características similares en un local de Sommier Center. Indicó que abonó por ellos un total de $776.197, es decir, casi el doble de lo que había pagado inicialmente, aunque por una cantidad menor de productos.Añadió que no contaba con un vehículo adecuado para trasladar el colchón, pues tenía un automóvil de tres puertas. Por tal motivo, debió transportarlo desde la sucursal de Sommier Center hasta su departamento, atado al techo del vehículo, y subirlo solo por las escaleras, lo que le ocasionó una nueva pérdida de tiempo laboral.Seguidamente, indicó que el 16/1/2024 remitió una carta documento —Andreani E N° 3981614-3— al domicilio consignado en la factura, que no pudo ser entregada. Luego de averiguar que la demandada había trasladado su sede social o fiscal a Godoy Cruz 1737, de CABA, envió una nueva misiva —Andreani N° 3988490-6—, que fue recibida, conforme surgía del acuse de recibo, aunque no obtuvo respuesta.Mencionó que el 16/2/2024 se celebró una audiencia de conciliación ante el COPREC, en el marco del Expte. N° EX2024-04944648 #39696478#524401632#20261022094106748Poder Judicial de la Nación CAMARA COMERCIAL - SALA F -APN-DSCPRC-MEC, que concluyó sin acuerdo debido a la incomparecencia de la demandada. En ese contexto, invocó el principio in dubio pro consumidor, previsto en el art. 3 de la LDC, así como los arts. 1, 4 y 37 de dicha norma y el deber de buena fe.Reclamó $776.197 en concepto de daño directo y $400.000 por el daño moral invocado, además de una multa por daño punitivo, que cuantificó en $500.000. Asimismo, invocó la existencia de pérdida de chance y lucro cesante, por los que reclamó conjuntamente $250.000.Finalmente, solicitó la aplicación de la multa prevista en el art. 47, inc. b, de la LDC, así como de cualquier otra sanción que correspondiera, en su máxima graduación.Ofreció prueba, solicitó la inhibición general de bienes de la demandada, fundó en derecho e hizo reserva del caso federal.2.En págs.161 se declaró rebelde a Sleep Calm SA conforme lo peticionado en pág. 160. Tras ello, la accionada se presentó y solicitó el cese de la rebeldía en pág. 165, el cual se dispuso en pág. 174.II. La sentencia de primera instancia La sentencia del 4 de marzo de 2026 admitió la demanda interpuesta por Roberto Manuel Lalanne contra SLEEP CALM SA, a quien condenó a pagar la suma de $2.102.317, más intereses. Le impuso las costas en su calidad de vencida y difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.Para decidir de tal manera, el magistrado de grado delimitó el objeto de la demanda y consideró aplicable la Ley de Defensa del Consumidor. En ese contexto, señaló que el actor había reclamado $952.317 en concepto de daño directo, con fundamento en el art. 40 bis de la LDC, comprensivo de lo abonado para adquirir productos sustitutos, el importe del protector de colchón, los gastos de limpieza y combustible y el envío de las cartas documento.Al respecto, explicó que la indemnización por daño directo prevista en dicha norma únicamente puede ser reconocida por los organismos administrativos de aplicación, mediante actos administrativos, por lo que no correspondía admitirla en sede judicial. Sin perjuicio de ello, entendió que los conceptos reclamados podían subsumirse en una hipótesis #39696478#524401632#20261022094106748de daño emergente, pues comprendían los gastos que el actor debió afrontar como consecuencia de la falta de entrega de los productos adquiridos. Consideró acreditados esos desembolsos mediante la documentación acompañada con la demanda, que no había sido impugnada por la accionada, y admitió el rubro por la suma de $951.317.En cuanto al daño moral, que había sido cuantificado en $400.000, tuvo en consideración la presunción favorable derivada de la falta de negativa de los hechos en los términos del art. 356, inc. 1, del CPCCN.Asimismo, valoró las facturas de compra, las conversaciones mantenidas por WhatsApp —de las que surgían las reiteradas demoras y modificaciones de las fechas y horarios de entrega— y las constancias de la reserva del inmueble mediante Airbnb. A partir de esos elementos, tuvo por acreditado que el actor debió adquirir los productos sustitutos el mismo día en que llegaba su huésped, lo que le ocasionó los contratiempos, el estrés y el malestar descriptos en la demanda. En consecuencia, admitió el rubro por $400.000.Por otro lado, consideró procedente la aplicación de daño punitivo. Para ello, ponderó que la principal justificación brindada por la demandada para demorar la entrega había sido la falta de stock y que, conforme surgía de la información remitida por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, existían reiterados reclamos de consumidores por la falta de entrega de productos, con un incremento significativo durante los años 2024 y 2025. Entendió que la conducta evidenciaba una actitud displicente hacia los consumidores, tanto por comercializar productos que no tenía disponibles como por modificar reiteradamente los rangos horarios de entrega, sin considerar los perjuicios ocasionados. Por tales motivos, fijó la multa en $500.000. Aclaró, no obstante, que no correspondía aplicar ninguna otra sanción en los términos de los arts. 47, inc. b, y 49 de la LDC, por tratarse de una atribución propia de la autoridad administrativa.En relación con la pérdida de chance/lucro cesante, señaló que el actor había unificado ambos conceptos y reclamado $250.000 por las ausencias laborales que debió realizar para aguardar la entrega o adquirir los productos sustitutos, con el consecuente descuento de ese día de trabajo. Consideró que, al no haber sido negados tales hechos por la #39696478#524401632#20261022094106748Poder Judicial de la Nación CAMARA COMERCIAL - SALA F demandada ni producido prueba que desvirtuara la presunción derivada del art. 356, inc. 1, del CPCCN, correspondía admitir el rubro por el monto reclamado.Ordenó que el capital de condena de $2.102.317 devengue intereses desde la mora, fijada el 9/1/2024, hasta el efectivo pago, conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días, sin capitalizar. Finalmente, desestimó la indexación solicitada, de conformidad con lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 23.928 y el art. 4 de la Ley 25.561, impuso las costas a la demandada vencida y difirió la regulación de honorarios hasta que quedara firme la base patrimonial.III. El recurso 1.La parte actora apeló en pág.203 y su recurso fue concedido en relación en pág. 229. El incontestado memorial de agravios fue presentado en pág. 230/233.2.Se corrió vista a la Fiscal ante esta Cámara, quien —mediante el dictamen de pág. 252— expresó que las cuestiones sometidas a conocimiento de este Tribunal no ameritan un pronunciamiento de su dependencia.3.En pág.253 se llamaron autos para dictar sentencia y en pág.254 se practicó el sorteo previsto en el art. 268 CPR.IV. Los agravios La parte actora se quejó el rechazo de la actualización solicitada ya que encuadró el daño emergente como una deuda de valor. Asimismo, sostuvo que las restantes indemnizaciones debían de fijarse a valores actuales. Además, calificó de irrisoria la tasa de interés y consideró se encontraba vulnerado su derecho a la propiedad.V. La solución 1.El análisis de los agravios esbozados por el apelante no seguirá el método expositivo adoptado por ellos, y no atenderé todos los planteos recursivos, sino aquellos que estime esenciales y decisivos para dictar el veredicto de la causa (Cfr. CSJN: "Altamirano Ramón c/ Comisión Nacional de Energía Atómica", del 11.11.1986; íd: "Soñes, Raúl c/ #39696478#524401632#20261022094106748Administración Nacional de Aduanas", del 12.2.1987; Fallos: 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).2. El recurso de la parte actora 2.a. A modo de introducción y como cuestión preliminar, recuerdo que, para habilitar la instancia revisora de la Alzada resulta imprescindible que el apelante exponga con claridad las razones por las cuales considera injusta la solución adoptada por el magistrado de la instancia anterior. Ello la exige formulación de razonamientos consistentes y concretos, contrapuestos a los desarrollados en la sentencia, que permitan demostrar —desde el plano argumental— el error de juzgamiento que se le atribuye.La expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, ya que ésta no está facultada constitucionalmente para suplir los déficits argumentales o las quejas que no dedujo (CNCiv., Sala A, "Celi, Walter Benjamín y otro c. Salvador M. Pestelli Sociedad Anónima s/ daños y perjuicios" del 15.7.10). En tal sentido, constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe contener una exposición jurídica que contenga una "crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas" (art. 265 CPCCN).Lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el agravio. Deben precisar así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (conf. Morello, Augusto "Códigos Procesal en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentado y Anotado", t. III, p. 351, Abeledo Perrot, 1988 y conf.esta sala, "Gesualid Molinuevo, Julio Marcelo c/ Gesualdi, Federico Juan s/ ordinario", Expte. COM N° 13891/2020, del 23/6/2025).No basta la expresión de opiniones divergentes y la protesta dogmática para asumir la carga prevista en la citada norma legal. Ello, constituye una modalidad propia del debate dialéctico mas no de la impugnación judicial, por no constituir discurso sistemático que transite desde una premisa hasta su conclusión #39696478#524401632#20261022094106748Poder Judicial de la Nación CAMARA COMERCIAL - SALA F mediante el examen orgánico de los elementos probatorios traídos a juicio (conforme CNCom., Sala B, del voto del Dr. Butty in re: "Fila Hnos. Soc. de Hecho c. Cervecería y Maltería Quilmes SAIC y G. s. ordinario", del 14.03.2000 y esta sala, "Winograd, Leonardo Amadeo c/ Sartor SA y otro s/ ordinario", Expte. COM N° 89151/2004, del 18/4/2024).En el caso, advierto que el recurso articulado por la parte actora se limita, en lo sustancial, a manifestar su disconformidad con lo resuelto en el grado. En concreto, cuestiona de manera escueta el monto de condena, pues considera que las sumas reconocidas debieron ser cuantificadas a valores actuales, por tratarse —a su entender— de una deuda de valor.En tales condiciones, ni aún con un amplio criterio que, en aras de salvaguardar el derecho de defensa en juicio, ha guiado tradicionalmente a este tribunal en lo que refiere a la apreciación de la técnica recursiva, puede sostenerse que la queja referida contenga, siquiera mínimamente, una crítica idónea susceptible de lograr la revocación de un pronunciamiento fundado (esta Sala, 14/09/2010, "Kenia S.A. s/quiebra c/Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/amparo". En igual sentido, Sala C in re "Palópoli S.A. c/G.P. González y Policeno S.R.L." del 5/8/2005).2.b. No obstante, considero que debe modificarse parcialmente el decisorio en punto a la tasa de interés por los argumentos que a continuación expondré.En primer lugar, corresponde recordar que el resarcimiento por el perjuicio reclamado debe comprender el devengamiento de intereses desde el momento en que el daño efectivamente se produjo. No obstante, la determinación de la tasa puede variar según el momento en que el a quo fija la indemnización destinada a repararlo (conf. esta Sala, "Taboada Gaspar Wenceslao c/ Triunfo Cooperativa de Seguros LTDA s/ ordinario", Expte.COM N° 4045/2023, del 15/4/2025, "Crespin, Gastón Ezequiel c/ Triunfo Cooperativa de Seguros LTDA s/ ordinario", Expte. COM N° 23958/2022, del 12/11/2025, "Mirabeau Pereyra, Jorga Daniel c/ Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA s/ sumarísimo", Expte. COM N° 8266/2024, del 9/6/2026; entre otros).Por ello, al determinarse las indemnizaciones a la fecha de cristalización del hecho dañoso, cupo fijar —tal como lo hizo el primer #39696478#524401632#20261022094106748sentenciante y decisión que propongo confirmar en esta oportunidad— una tasa de interés que contiene un componente destinado a compensar la desvalorización monetaria y otro cuya finalidad sea remediar la indisponibilidad del dinero como consecuencia del retardo en el cumplimiento de las obligaciones (conf. esta Sala, "Clavijo, María José c/ Volkswagen SA de Ahorro P/F Determinados s/ sumarísimo", Expte. COM N° 15428/2020, del 6/12/2024, "Banco Central de la República Argentina c/ Asociación Israelita Sefardi Argentina de Beneficencia y otros s/ Ordinario", Expte. COM N° 15818/2019, del 20/3/2025, "Olmos, Virginia c/ FCA Automobile Argentina SA y otros s/ ordinario", Expte. COM N° 23862/2019, del 17/9/2025; "Mirabeau Pereyra...", op. cít., del 9/6/2026; entre otros).En ese marco, la aplicación de la tasa activa fijada luce adecuada y se encuentra en consonancia con el criterio sostenido por esta Sala en casos análogos (conf. esta Sala, "Charrúa, Gabriela Paola c/ Cencosud S.A.s/ ordinario", Expte. COM N° 2980/2020, del 21/08/2025; "Salinas, Alberto Ramón c/ Libra Compañía Argentina de Seguros SA s/ sumarísimo", Expte COM N° 13860/2024, del 12/3/2026; "Silvera, Emanuel c/ Libra Compañía Argentina de Seguros SA s/ ordinario", Expte. COM N° 18144/2023, del 28/4/2026; "Dacal Caserta, Valeria c/ Libra Compañía Argentina de Seguros SA s/ ordinario"; Expte. COM N° 11433/2024, del 5/8/2026; entre otros).Así las cosas, corresponde confirmar la aplicación de la tasa activa del Banco Nación, tal como fue establecida en el pronunciamiento de grado. Sin embargo, a raíz de una reciente revisión del criterio tradicional de esta Sala, resulta necesario efectuar una adecuación respecto del período posterior al 17/1/2026.Cabe recordar que el art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que, a partir de la mora, el deudor debe los intereses correspondientes, los que se determinan: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; y c) en subsidio, por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina.Durante un prolongado período —y ante la ausencia de una reglamentación específica por parte del Banco Central— este Tribunal acudió, en ejercicio del deber de resolver (art. 3 CCCN), a la aplicación de la #39696478#524401632#20261022094106748Poder Judicial de la Nación CAMARA COMERCIAL - SALA F tasa activa del Banco de la Nación Argentina, conforme la doctrina del plenario "S.A. La Razón…".Sin embargo, dicho contexto ha variado.En efecto, el Directorio del Banco Central de la República Argentina dictó la Resolución 1/2026 (B.O. 9/1/2026), mediante la cual se estableció la Tasa de Interés Moratorio (TIM), junto con la metodología para su determinación.Tal decisión importa el ejercicio de competencias propias del ente rector del sistema monetario y financiero, cuya Carta Orgánica le atribuye —entre otras— la facultad de regular las tasas de interés y las condiciones generales del crédito, en orden a los objetivos de estabilidad monetaria y financiera.En este marco, la TIM constituye precisamente la tasa a la que remite el art. 768 inc. c) del CCCN, en tanto se trata de una tasa fijada "según las reglamentaciones del Banco Central".Por ello, corresponde adoptar un criterio diferenciado. Así, los intereses devengados hasta el 17/1/2026 se calcularán conforme la tasa activa tradicionalmente aplicada por este Fuero; mientras que aquellos que se generen con posterioridad a esa fecha deberán liquidarse aplicando la Tasa de Interés Moratorio (TIM) establecida por la Resolución 1/2026.Finalmente, corresponde aclarar que el presupuesto fáctico del caso no se ajusta al supuesto contemplado en el antecedente citado por la propia apelante en su memorial, al mencionar la decisión de nuestro Máximo Tribunal en "Barrientos, Gabriela Alexandra y otros c/ Ocorso, Damián y otros s/ daños y perjuicios" (Expte. CIV N° 28577/2008/1/RH1, Fallos: 347:1446, del 15/10/2024). Ello es así porque, mientras que en aquel precedente la indemnización fue fijada a valores actuales —esto es, a la fecha del pronunciamiento—, en el presente caso la sentencia la estableció a valores histórico, el cual se propone confirmar en virtud de lo expuesto en el punto "2.b". Por tal motivo, resulta razonable aplicar intereses desde la fecha de mora hasta su efectivo pago (conf. esta Sala, "Mirabeau Pereyra...", op. cít., del 9/6/2026).En consecuencia, corresponde disponer que los intereses se liquiden conforme la tasa activa del Banco Nación desde la fecha de mora #39696478#524401632#20261022094106748fijada en la sentencia de grado hasta el 17/1/2026, y conforme la Tasa de Interés Moratorio (TIM) para el período posterior.Por lo expuesto, corresponde receptar el agravio con el alcance aquí fijado.3. Costas de Alzada Atento a que ha sido parcialmente admitido su recurso, las costas de esta instancia serán soportadas por la parte demandada vencida.Es que, la condena en costas al vencido constituye un resarcimiento que la ley, conforme la prescripción contenida en el CPCCN: art. 68, reconoce al vencedor para sanear su patrimonio de los perjuicios que le ocasione el pleito. La misma debe ser entendida como reparación de los gastos razonables y justos, generados durante el devenir del proceso para accionar o para defenderse.En virtud de ello, Sleep Calm SA resultó sustancialmente vencida, razón por la cual no existen motivos para apartarse de la directiva contenida en el art. 68 CPCCN.VI. Conclusión Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mi distinguida colega, propongo al Acuerdo admitir parcialmente las quejas de la parte actora y, en consecuencia: a) modificar la tasa de interés establecida en el grado con el alcance establecido en " 2.c " y declarar desierta la restante queja que fue materia de agravio y confirmar la sentencia de grado y b) imponer las costas de alzada a la demandada sustancialmente vencida (art. 68 CPCCN).Así voto. Por análogas razones la doctora Alejandra N. Tevez adhiere al voto que antecede.Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Ernesto Lucchelli Alejandra N. Tevez #39696478#524401632#20261022094106748 Poder Judicial de la Nación CAMARA COMERCIAL - SALA F María Florencia Estevarena Secretaria de Cámara Buenos Aires, 23 de octubre de 2026. FR.Y VISTOS: I.Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve admitir parcialmente las quejas de la parte actora y, en consecuencia: a) modificar la tasa de interés establecida en el grado con el alcance establecido en "2.c" y declarar desierta la restante queja que fue materia de agravio y confirmar la sentencia de grado y b) imponer las costas de alzada a la demandada sustancialmente vencida (art. 68 CPCCN).II.Notifíquese a las partes (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015), cúmplase con la protocolización y publicación de la presente decisión (cfr. Ley N° 26.856, art. 1; Ac. CSJN N° 15/13, N° 24/13, N° 6/14 y N° 10/25) y devuélvase a la instancia de grado.Firman los suscriptos por hallarse vacante la vocalía N° 18 (art.109 RJN).Ernesto Lucchelli Alejandra N. Tevez María Florencia Estevarena Secretaria de Cámara #39696478#524401632#20261022094106748

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