La reforma jubilatoria llega al Congreso: analistas proponen un mecanismo de transición para el cambio de fórmula

El Senado tratará hoy en el recinto el proyecto de reforma previsional que, entre sus principales puntos, prevé modificar la forma en que se calcula la movilidad de los haberes . Y uno de los cuestionamientos surgidos entre especialistas está en la manera en que se iniciaría la aplicación de la nueva fórmula, es decir, en cómo se daría la transición entre el mecanismo de ajustes actual y el que regiría desde 2018.

Según el proyecto, los ajustes pasarían de ser semestrales a trimestrales y se darían en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. La fórmula de cálculo propuesta implica sumar el 70% de la inflación acumulada en el trimestre tomado como referencia para cada caso y el 30% de la variación que hayan tenido los salarios, según el Índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) que publica el Ministerio de Trabajo.

El texto describe que, en el caso del primer aumento -que sería en marzo próximo- se tomaría como período de referencia, para calcular el porcentaje de suba, el trimestre de julio a septiembre de 2017. Por eso, ya es posible estimar que la recomposición sería de 5,7%. Y para la suba de junio se consideraría lo ocurrido en el cuarto trimestre de este año (y podría resultar un porcentaje similar). A su vez, cada uno de los dos primeros trimestres de 2018 serían la referencia para los ajustes de septiembre y de diciembre.

La objeción que hacen varios especialistas es que, de esta manera, se estaría dejando pasar un semestre completo sin aumentos, en el inicio de un sistema que prevé ajustes trimestrales. Desde el Gobierno argumentan que no se deja de considerar ningún trimestre, porque el último incremento dado, el de septiembre pasado, respondió a lo que había ocurrido con las variables incluidas en la fórmula actual hasta junio de este año. Y entonces, sostienen en la cartera laboral, lo lógico sería comenzar la nueva modalidad a partir de lo sucedido en julio.

Para abogados previsionalistas consultados por LA NACION, debería preverse un mecanismo para evitar ese rezago previsto en el proyecto. Según Adrián Tróccoli, una solución sería arrancar en marzo acumulando el resultado que dé la fórmula para los dos últimos trimestres de este año y luego, para el mes de junio, tomar como período de referencia el trimestre de enero a marzo. Así, también se adelantaría la referencia (respecto del proyecto) para las subas siguientes: se consideraría el segundo trimestre para ajustar los haberes en el mes de septiembre, y el tercer trimestre para la corrección de diciembre.

"Creo que sería interesante aplicar un mecanismo de transición entre ambos sistemas, que garantice la proporcionalidad entre los haberes y la variación del índice de precios y los salarios", apunta por su parte el consultor Jorge García Rapp. En ese sentido, sostiene que para el primer aumento debería tomarse el período transcurrido por la norma vigente hasta ahora, más aún si así se beneficia al jubilado. Sin embargo, advierte que por la necesidad de la efectividad de la medida para las cuentas públicas "seguramente se aplicará lo que genere más ahorro". Y esto último se lograría demorando la aplicación de una parte del incremento, que es lo que está previsto en el texto que hoy se debatirá.

Una de las cuestiones que tiene la fórmula actualmente vigente es que nunca, ni con el gobierno anterior ni con el actual, se hizo pública la información referida a la evolución de todas las variables que intervienen en la cuenta.

Además, hay un hecho que interviene para dificultar la posible comparación que podría hacerse, a futuro, entre lo que daría la fórmula actual y la propuesta: la reforma tributaria modificará, a instancias de lo acordado entre la Nación y las provincias, el mix de recursos que recibe la Anses para financiar el pago de jubilaciones y pensiones.

Por eso, insisten en el Gobierno, la fórmula ya no podría aplicarse desde 2018 tal como funciona ahora, porque la recaudación de impuestos con destino al sistema previsional es uno de los elementos que forma parte del cálculo. Así y todo -y cuando aún está en curso el período de tiempo de referencia para hacer las cuentas- hay quienes estiman que la suba de marzo siguiendo la fórmula actual (considerando lo ocurrido en este semestre, para el cual todavía no hubo cambios impositivos) daría alrededor de 12%. Y los funcionarios señalan, sin avalar ese dato, que la suba acumulada entre marzo y junio no dará un aumento lejano a ese porcentaje. Pero sí habría un efecto de rezago.

En la opinión del abogado Federico Despoulis Netri, no sólo son discutibles los tiempos en que se darán los aumentos, sobre todo el primero, ya que se dejará pasar un semestre entero. "El problema en sí es el corto tiempo de trabajo para esta modificación previsional y la falta de especialistas en el armado del proyecto", afirma. Y agrega: "Si bien la frecuencia para dar la movilidad sería trimestral y no semestral como hasta ahora, todavía está en discusión si el cálculo es beneficioso y si cumple con lo establecido por la Constitución Nacional, o si solamente es un parche para arreglar las cuentas del sistema".

Una observación que hace Tróccoli es que, antes de dar inicio a un nuevo sistema, debería compensarse a los jubilados por la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron en 2016, cuando la inflación fue de más de 40% y los ajustes por movilidad acumularon un alza del 31,7%. Este año, con un incremento de los precios que se estima entre 22 y 23%, la mejora de los haberes es de 28%, por lo cual la recuperación sólo resulta parcial.