Bolivia - Bolivia marchará en rechazo a la “ley mordaza” y a la administración estatal de pensiones
18/04/2023 · Especificas
Las organizaciones también pedirán que “Gestora” sea administrada por profesionales que no tengan relación con el partido oficialista MAS ante el temor de un uso discrecional de los fondos jubilatorios
Al menos 10 organizaciones de Bolivia marcharán este martes en las ciudades más importantes del país para protestar contra el plan del gobierno de Luis Arce para la administración estatal de pensiones y contra unos polémicos proyectos que amenazan la libertad de prensa y expresión.
La marcha se anunció después de las organizaciones, que agrupan a gremialistas, cívicos, transportistas, docentes universitarios, médicos, plataformas y jubilados, firmaran hace una semana un acuerdo de unidad.
“Hemos hecho una alianza denominada ‘unidad en la diversidad’ y hemos sacado una resolución que establece el rechazo total al paquetazo de leyes que quiere aprobar el MAS. Estas leyes apuntan a sostener un régimen totalitario, siguiendo el libreto del socialismo del Siglo XXI”, dijo la activista Pamela Flores de la plataforma Hijos de la Patria, que es parte del acuerdo nacional, según consigna el medio boliviano El Deber.
Las organizaciones también pedirán que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, o Gestora, como la conocen todos en el país, sea administrada por profesionales que no tengan relación con el partido oficialista MAS.
La entidad estatal administrará, a partir de mayo, los recursos que miles de bolivianos aportaron a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que eran privadas.
“Hay que dar un ejemplo de unidad, incluso a los opositores que no han podido dar respuesta a estos temas coyunturales. El martes vamos a hacer una gran marcha en cada uno de los departamentos. Desde el MAS y el Gobierno quieren anular a nuevos liderazgos que están saliendo a defender la patria”, afirmó Flores.
Las organizaciones también protestaran contra el paquete de proyectos de ley -- 305, 304 y 280--, impulsados por el oficialismo y rebautizados “mordaza” por las asociaciones de periodistas bolivianos. Esto proyectos plantean sanciones que contemplan penas de tres a siete años de cárcel por “delitos discriminatorios o raciales” y penalizan también el “uso indebido” de las redes sociales.
El proyecto 280 tiene dos artículos que endurecen los castigos con hasta 25 años de prisión para delitos de “terrorismo”, un tipo penal calificado de “ambiguo” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y entidades especializadas de la ONU.
Por este delito de terrorismo también está detenido el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en un proceso relacionado a la crisis política de 2019.
El segundo proyecto de ley establece sanciones contra periodistas por “delitos discriminatorio o racial”.
A medida que crece la oposición a los proyectos oficialistas, en las últimas semanas se multiplicaron las marchas ciudadanas contra el gobierno. La última fue ayer en Santa Cruz.
El proyecto de la Gestora
La estatal Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo tiene previsto el inicio de su labor al 100 % a partir de mayo, después de un proceso de transición que se anunció en 2015, para gestionar los aportes a la jubilación que hasta ahora estuvieron a cargo de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
Es una bolsa de 24 mil millones de dólares que ya comenzó -años atrás- a sufrir un goteo permanente ordenado por la administración de Evo Morales para obras faraónicas y pago de gastos corrientes del estado.
En 2015, el Gobierno del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) aprobó el decreto de constitución de la Gestora Pública y en septiembre de 2017 emitió otra norma que pospuso el inicio de sus operaciones hasta marzo de 2019, pero luego esto se aplazó para 2021 debido a que el software no estaba concluido.
En julio del año pasado, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó un laudo que obliga a Bolivia indemnizar a BBVA con 105 millones de dólares por el “retraso injustificado” en el proceso de la nacionalización del sistema de pensiones.
Finalmente, en septiembre de 2022, el presidente Luis Arce anunció la transición al nuevo sistema estatal de pensiones.
El temor de opositores y analistas es que se trate e una maniobra de Arce para mantener la ilusión del “milagro económico” de Bolivia a través de un uso discrecional de los fondos de los jubilados bolivianos.
Este traspaso multimillonario que planifica el presidente boliviano se da en un momento de vacas flacas en el país.
El Banco Central se desangra: en 2015 las reservas eran de más de 15 mil millones; hoy se desvanecieron a 3 mil millones. Los dólares escasean y hay colas cada vez más largas para sacar los pocos dólares que existen en los bancos nacionales por temor a una corrida. Incluso el gobierno pretende establecer restricciones para su compra. Ve fantasmas en cada esquina. A todo esto, el déficit fiscal está disparado: Bolivia lleva una década con índices superiores al 7 por ciento.