Mendoza - Defraudación por pensiones de invalidez: explicaron los errores que tiene el sistema
18/07/2023 · Especificas
Este jueves, la División Unidad Operativa Federal San Rafael de la Policía Federal, por orden del juez federal Eduardo Puigdéngolas, realizó varios allanamientos y detenciones en viviendas particulares, oficinas y consultorios. Esto se dio en el marco de una investigación que involucra a una red de estafadores, que incluye a médicos y abogados también, que tramitaba pensiones por invalidez y falsificaba información de los supuestos beneficiarios.
Ante la repercusión y la inquietud que genera este tipo de temas en la sociedad, Diario San Rafael y FM Vos 94.5 entrevistaron a Orlando Alossi, quien durante la gestión presidencial anterior fue delegado zonal del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Durante el reportaje explicó cuáles son los diversos procesos necesarios para poder obtener la pensión por discapacidad.
«Tomé conocimiento por las diferentes noticias de que hubo algunas irregularidades en cuanto a las pensiones. Lo que puedo explicar es cómo era el sistema cuando yo era delegado zonal. Cuando ingresé en el año 2015 al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación todo lo que era pensiones no contributivas tenía una forma de trabajarse con una diferencia sustancial. Se les pedía a los beneficiarios un certificado médico y una serie de estudios complementarios relacionados a las patologías de las personas que se presentaban para tramitar la pensión. Hoy los controles son un poco más laxos, ya que esos estudios hoy no los exigen. Eso facilita que se logren hacer este tipo de cuestiones, ya que con la firma del médico y nada más se puede avanzar sobre la acreditación de una disminución del 76% o más de la capacidad laboral. «, explicó Orlando Alossi.
«La Agencia nacional de discapacidad es la que regula esta cuestión, el trámite se inicia con un certificado médico que te otorga el hospital. La segunda instancia del mismo tiene que hacerse en esa agencia porque se hace una evaluación socioeconómica para ver si el presunto beneficiario cumple con los requisitos para acceder a la pensión. Así era al menos hasta fines del 2019. No sé si hubo algún cambio en particular durante estos últimos años», agregó.
Después, se refirió a cómo se evalúa la discapacidad. «Se hace en un hospital público, donde el profesional atiende a la persona y hace un diagnóstico con un porcentaje de la discapacidad. Cuando yo estaba a cargo los estudios complementarios constaban si ese grado de discapacidad era así. Por eso durante el gobierno anterior las pensiones demoraban en salir debido a esta cuestión. Con eso se evitaba que un amigo o un conocido te firmará una disminución de 76% o más de la capacidad laboral», remarcó Alossi.
«Cuando asumí, hacíamos los trámites desde la Agencia, allí se presentaba el titular, es decir, el interesado en cobrar la pensión. No recibíamos a ningún intermediario ni a nadie más para hacer el trámite. Después que traía el certificado médico, si ameritaba, se corroboraba la discapacidad con otros estudios. Finalmente, una asistente social le hacía una encuesta socioeconómica al beneficiario. Se visitaba su domicilio y se comprobaba su situación habitacional y económica para complementar el otorgamiento a ese derecho. De esa forma funcionó el sistema. Ahora no sé cómo es, esto es lo que puede aportar para que la gente entienda sobre el tema», argumentó Alossi.
Para terminar, continúo profundizando sobre las pensiones no contributivas y lo que contempla la ley al respecto. «Las pensiones no contributivas comprenden a las pensiones por discapacidad laboral, es decir que la discapacidad debe ser tal que no le permita trabajar. Lo que siempre me pareció significativo es la cantidad de pensiones que hay en San Rafael si se las compara porcentualmente con la cantidad de habitantes que tiene el departamento. Son muchas la cantidad de pensiones no contributivas, algo así como si hubiéramos sufrido la guerra de Ucrania. Me parece que el sistema ha sido muy laxo durante muchos años. Debe haber controles más específicos para evitar este tipo de defraudaciones», subrayó el exdelegado zonal.
«Tomé conocimiento por las diferentes noticias de que hubo algunas irregularidades en cuanto a las pensiones. Lo que puedo explicar es cómo era el sistema cuando yo era delegado zonal. Cuando ingresé en el año 2015 al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación todo lo que era pensiones no contributivas tenía una forma de trabajarse con una diferencia sustancial. Se les pedía a los beneficiarios un certificado médico y una serie de estudios complementarios relacionados a las patologías de las personas que se presentaban para tramitar la pensión. Hoy los controles son un poco más laxos, ya que esos estudios hoy no los exigen. Eso facilita que se logren hacer este tipo de cuestiones, ya que con la firma del médico y nada más se puede avanzar sobre la acreditación de una disminución del 76% o más de la capacidad laboral. «, explicó Orlando Alossi.
«La Agencia nacional de discapacidad es la que regula esta cuestión, el trámite se inicia con un certificado médico que te otorga el hospital. La segunda instancia del mismo tiene que hacerse en esa agencia porque se hace una evaluación socioeconómica para ver si el presunto beneficiario cumple con los requisitos para acceder a la pensión. Así era al menos hasta fines del 2019. No sé si hubo algún cambio en particular durante estos últimos años», agregó.
Después, se refirió a cómo se evalúa la discapacidad. «Se hace en un hospital público, donde el profesional atiende a la persona y hace un diagnóstico con un porcentaje de la discapacidad. Cuando yo estaba a cargo los estudios complementarios constaban si ese grado de discapacidad era así. Por eso durante el gobierno anterior las pensiones demoraban en salir debido a esta cuestión. Con eso se evitaba que un amigo o un conocido te firmará una disminución de 76% o más de la capacidad laboral», remarcó Alossi.
«Cuando asumí, hacíamos los trámites desde la Agencia, allí se presentaba el titular, es decir, el interesado en cobrar la pensión. No recibíamos a ningún intermediario ni a nadie más para hacer el trámite. Después que traía el certificado médico, si ameritaba, se corroboraba la discapacidad con otros estudios. Finalmente, una asistente social le hacía una encuesta socioeconómica al beneficiario. Se visitaba su domicilio y se comprobaba su situación habitacional y económica para complementar el otorgamiento a ese derecho. De esa forma funcionó el sistema. Ahora no sé cómo es, esto es lo que puede aportar para que la gente entienda sobre el tema», argumentó Alossi.
Para terminar, continúo profundizando sobre las pensiones no contributivas y lo que contempla la ley al respecto. «Las pensiones no contributivas comprenden a las pensiones por discapacidad laboral, es decir que la discapacidad debe ser tal que no le permita trabajar. Lo que siempre me pareció significativo es la cantidad de pensiones que hay en San Rafael si se las compara porcentualmente con la cantidad de habitantes que tiene el departamento. Son muchas la cantidad de pensiones no contributivas, algo así como si hubiéramos sufrido la guerra de Ucrania. Me parece que el sistema ha sido muy laxo durante muchos años. Debe haber controles más específicos para evitar este tipo de defraudaciones», subrayó el exdelegado zonal.