Pensiones truchas por invalidez: se confirmó el procesamiento de nueve involucrados
06/09/2023 · Especificas
El juez federal Eduardo Puigdéngolas firmó, en las últimas horas, el procesamiento de nueve personas en el marco de la causa en que se investiga la comisión de ilícitos contra el Estado Nacional con el otorgamiento apócrifo de pensiones por invalidez.
Así, el magistrado dispuso dicho estado procesal para quien sería la cabecilla de la banda, “mamá” Norma Bravo, para Claudia Bustos, Sonia del Carmen Rodríguez, Ernesto Dionisio Ochoa, Francisco Navarro, Carla Micaela Ochoa, Eva Antonia Bravo, y los médicos Damián Fernández Bianchi y Sergio Luis Pascuttini. En tanto, no procesó –por ahora- al traumatólogo Javier Hernández, aunque esa situación puede variar con el correr de la investigación. En cuanto a Norma Bravo y a Claudia Bustos, se le mantuvo el estado de prisión preventiva. Los mencionados están acusados de integrar una asociación ilícita para cometer delitos y defraudar a la Administración Pública Nacional.
Según estiman a priori el fiscal Ignacio Sabas y el juez Puigdéngolas, existía una organización muy aceitada para realizar los trámites: Bravo captaba, en las inmediaciones de las oficinas de A.N.S.E.S., clientes para iniciar los trámites de pensión. Esta mujer era asesorada por dos abogados, su esposo y su hija, quienes le señalaban cómo debía entrevistarse con las personas para evitar levantar sospechas del delito de defraudación que cometía.
La “empresa” contaba con dos empleadas infieles del Hospital Schestakow, que aprovechándose de su puesto de trabajo en el área de Salud Laboral, se encargaban de realizar Certificados Médicos Obligatorios y hacerlos firmar por los médicos procesados quienes, sin siquiera evaluar a los pacientes, los firmaban, todo a cambio de un porcentaje de los cobros que la principal investigada realizaba.
También, “mamá Norma”, como muchos de sus clientes la conocían por mostrarse una mujer amable y carismática, contaba con un grupo de personas que se encargaban de buscar a gente que no tuvieran un trabajo o no estén registrados como empleados, para presentárselos a Norma para que les tramite una pensión, todo esto, a cambio de un porcentaje del dinero que Norma les cobraba.
Todo esto habría ocurrido durante más de una década hasta que, este año, la investigación comenzó a dar sus frutos.
Según estiman a priori el fiscal Ignacio Sabas y el juez Puigdéngolas, existía una organización muy aceitada para realizar los trámites: Bravo captaba, en las inmediaciones de las oficinas de A.N.S.E.S., clientes para iniciar los trámites de pensión. Esta mujer era asesorada por dos abogados, su esposo y su hija, quienes le señalaban cómo debía entrevistarse con las personas para evitar levantar sospechas del delito de defraudación que cometía.
La “empresa” contaba con dos empleadas infieles del Hospital Schestakow, que aprovechándose de su puesto de trabajo en el área de Salud Laboral, se encargaban de realizar Certificados Médicos Obligatorios y hacerlos firmar por los médicos procesados quienes, sin siquiera evaluar a los pacientes, los firmaban, todo a cambio de un porcentaje de los cobros que la principal investigada realizaba.
También, “mamá Norma”, como muchos de sus clientes la conocían por mostrarse una mujer amable y carismática, contaba con un grupo de personas que se encargaban de buscar a gente que no tuvieran un trabajo o no estén registrados como empleados, para presentárselos a Norma para que les tramite una pensión, todo esto, a cambio de un porcentaje del dinero que Norma les cobraba.
Todo esto habría ocurrido durante más de una década hasta que, este año, la investigación comenzó a dar sus frutos.