America Latina - El Gobierno chileno busca quitar las pensiones a víctimas del estallido social que tienen condenas por diversos delitos

(Desde Santiago, Chile) El gobierno de Gabriel Boric se comprometió a presentar durante la jornada de este lunes dos indicaciones que buscan dejar sin efecto las pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social que hayan sido condenados por algún delito, luego de que se conocieran al menos seis casos de beneficiados en los últimos meses.

El último hecho se destapó este fin de semana: se trata de José Jesús Véjar, quien a pesar de haber sido sentenciado a cinco años de presidio por el homicidio de un recolector de basura en 2014, recibe desde 2022 una pensión vitalicia equivalente a dos sueldos mínimos, es decir, alrededor de $600 mil mensuales (unos USD 670), según consigna una nota de radio Cooperativa.

Anteriormente, se dio a conocer el caso de Jonathan Alfonso Parra Rebolledo (28), que recibe desde octubre de 2022 una pensión pese a haber sido condenado por quemar una caseta de Carabineros. Otros casos polémicos son los de Andrés Fuica, quien fue condenado por robar un supermercado durante el estallido social; Gabriel Allende, procesado por lanzar un artefacto incendiario a Carabineros en 2019; Adán Castro, sentenciado por dos delitos de maltrato de obra a Carabineros durante el estallido social, pateando en el cráneo a uno de los funcionarios cuando estaba en el piso, y finalmente Eliseo Carrera, condenado por lanzar piedras contra un carro de Carabineros en en 2019.

Consultado al respecto, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Andrés Longton (RN), señaló que esperan que “las señales sean claras contra la delincuencia y a favor de las víctimas y las familias que quieren vivir tranquilos”.

“Esto que le cuesta al Estado de Chile, más de $1.400 millones de pesos al año (unos USD 1,5 millones), requiere ser revertido lo antes posible, por lo tanto, nosotros no queremos esperar a la ley, que puede demorar un tiempo, porque mientras se apruebe, estas pensiones se siguen pagando. Creo que es el camino correcto, presentar indicaciones y que se puedan revertir estas pensiones. Yo creo que está bien. Y eso tiene que quedar de manera permanente en la ley, pero también tiene que haber una autocrítica respecto a cómo se entregaron estas pensiones”, aseguró.

Según un informe de agosto de 2023, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022), hubo 17 personas con antecedentes policiales a las que se le otorgó este beneficio. Actualmente, en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se han otorgado 23 pensiones que corresponden a condenados por la Justicia por distintos delitos.

El diputado Raúl Leiva (PS), integrante de la Comisión de Seguridad, destacó por su parte que el Gobierno se ha comprometido a invalidar este beneficio, que es de por vida.

“Han existido varias solicitudes. El Gobierno ha planteado que va a presentar un proyecto de ley a fin de poder modificar la ley 18.056 sobre pensiones de gracia para que estos elementos puedan ser debidamente considerados y eventualmente poder revocar algunas pensiones de gracia que no cumplen el objetivo para el cual fueron entregadas”, sostuvo Leiva.

El diputado Andrés Jouannet (Amarillos), señaló que “esto parece un trabajo bien hecho de un grupo de personas que se encargó de entregar pensiones de desgracia a los delincuentes. Aquí ya el Gobierno tiene que responder y el Instituto de Derechos Humanos también”.

Para el viernes pasado estaba programada la visita de la contralora subrogante Dorothy Pérez a la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, a fin de entregar una opinión jurídica sobre la posibilidad de invalidar las pensiones de gracia con la legislación vigente. Sin embargo, fue postergada para este lunes.