La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha sancionado una nueva ley que establece la gratuidad del servicio de subterráneos para todos los jubilados y pensionados. Esta medida tiene como principal objetivo aliviar la carga económica que representa el transporte público para el sector pasivo. El beneficio entrará en vigencia una vez que sea reglamentado por el Poder Ejecutivo porteño, representando un avance en materia de derechos sociales para los adultos mayores de la capital.
Un intendente de la provincia de Entre Ríos generó una fuerte polémica al realizar controvertidas declaraciones sobre el sistema previsional. El funcionario planteó que para lograr un aumento significativo en los haberes, sería necesario "que se mueran muchos jubilados", vinculando la sostenibilidad del sistema con la reducción de beneficiarios. Sus dichos provocaron un amplio y enérgico repudio desde diversos sectores políticos y organizaciones de jubilados, quienes calificaron las palabras de insensibles y peligrosas.
De acuerdo con la nueva fórmula de movilidad, las jubilaciones y pensiones del sistema nacional recibirán un aumento en agosto. Este ajuste se calculará en base al último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, que determinará el porcentaje exacto de la suba. Con este mecanismo de actualización mensual, el Gobierno busca que las prestaciones no pierdan poder adquisitivo frente al avance de la inflación, garantizando una correlación directa con el costo de vida.
El Senado de la Nación otorgó media sanción a un proyecto de ley clave para el sector pasivo, calificado como "la ley más esperada". La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, establecería una nueva fórmula de movilidad jubilatoria con el objetivo de recomponer los haberes. El proyecto generó una gran expectativa entre las asociaciones de jubilados, quienes reclaman desde hace tiempo un mecanismo de actualización que garantice la recuperación del poder de compra.
ANSES confirmó que un grupo de jubilados y pensionados dejará de recibir el bono de refuerzo económico a partir de agosto. La discontinuación de este pago extraordinario afectará a aquellos beneficiarios cuyos haberes, como resultado del aumento por movilidad, superen el tope máximo establecido para ser elegible para el bono. Esta medida es una consecuencia directa de la actualización de las prestaciones, que ubica a algunos jubilados por encima del umbral de ingresos para percibir la ayuda.
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