En las últimas horas el Gobierno Nacional tomó una importante decisión en relación a las pensiones por discapacidad, ya que tras una auditoría se confirmó que existen muchas pensiones por discapacidad falsas.
Desde el gobierno aseguran que en los últimos 20 años se incrementó un 1.500% el número de las pensiones por discapacidad, pasando de 77.000 beneficiarios en 2003 a más de 1.200.000 personas en la actualidad. "Se usó la pensión como plan social", dijeron desde Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino).
¿Cómo se realizará la auditoría?
Ante el notable incremento del crecimiento de la entrega de Pensiones por Invalidez, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) llevará a cabo una auditoría. Desde ANDIS no descartan acudir a la justicia para que se investigue a funcionarios nacionales y provinciales, médicos y hasta gremialistas que hayan estado involucrado en su otorgamiento.
Desde el año 2003 hubo un aumento del 1.500% de las pensiones, cuyo valor equivale al 70% de una jubilación mínima. El economista de Idesa, Patricio Canalis, asegura que en la actualidad hay un total de 1.200.000 beneficiarios de la pensión por invalidez, cuando en 2003, apenas eran unos 77.000.
"Este crecimiento no se explica ni por el crecimiento poblacional, ni por otra cosa y al año le cuesta al Estado 2.200 millones de pesos, que serían más o menos medio punto del PBI", explicó el economista.
"Eso es lo que gasta el Estado en una Tarjeta Alimentar o un AUH, que serían los planes más cuantiosos que administra el Estado Nacional. Con lo cual es una cifra importante como para presentar estos desmanejos", advirtió el economista de Idesa.
Canalis incluso dijo en muchos casos, el circuito de la "estafa" inició con la persona yendo al hospital público, la mayoría provinciales, luego se solicitaban un Certificado Médico Oficial, que es donde se constata la discapacidad o una disminución mayor al 76%, un médico firmaba y un funcionario provincial hacía poco por controlar.
Sin embargo, la mayoría de estos certificados fueron entregados por ANDIS, pero aparentemente a nadie del Estado le llamó la atención (en los últimos años) del crecimiento desorbitante de entrega de pensiones por discapacidad, y tampoco se controló como debía.
En este marco, para Canalis, el certificado falso por discapacidad perpetúa la pobreza, porque esa persona va a depender eternamente de un puntero político y no va a poder acceder a un empleo formal. "Se necesita el aporte de dos trabajadores activos por cada pensión falsa de discapacidad", afirmó Canalis. “La salida es el empleo y te están llevando por otro camino”, concluyó el economista.
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