El Congreso de la Nación ha sancionado una nueva fórmula de movilidad jubilatoria con el objetivo de recomponer los haberes frente a la inflación. Sin embargo, el Poder Ejecutivo anunció su decisión de vetar la ley, argumentando que su aplicación generaría un desequilibrio fiscal insostenible. Esta situación abre un escenario de incertidumbre para los jubilados y pensionados, a la espera de si el Congreso logrará reunir la mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para insistir con la sanción de la norma.
El Gobierno Nacional trabaja en un proyecto de ley para una reforma previsional estructural que busca reemplazar el actual sistema de reparto público. La propuesta se orienta hacia un modelo de capitalización individual, donde los aportes de los futuros trabajadores se destinarían a cuentas personales. El objetivo declarado es garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Esta modificación no afectaría a los actuales jubilados, sino a las nuevas generaciones de trabajadores que ingresen al mercado laboral.
Tras el veto presidencial a la prórroga de la moratoria previsional, miles de personas sin los 30 años de aportes requeridos ya no podrán acceder a la jubilación a través de este mecanismo. Dicha moratoria fue un instrumento clave para ampliar la cobertura, especialmente en mujeres, pero también controvertido por su alto costo fiscal. La principal alternativa vigente es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que garantiza un 80% del haber mínimo y es accesible a partir de los 65 años, sin distinción de sexo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para agosto de 2025. Los beneficiarios percibirán un monto bruto del cual se abona mensualmente el 80%, mientras que el 20% restante se acumula y se liquida anualmente contra la presentación de los certificados de escolaridad y salud. Pueden acceder a esta prestación las personas desempleadas, trabajadores de la economía informal o personal de servicio doméstico con hijos menores de 18 años.
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